Opinión

Las redes sociales tienen una gran implantación en España. Según el estudio de redes sociales de 2021 de IAB SPAIN, publicado en mayo de 2021, dentro de la población entre 16 y 70 años el 93% son internautas (31,4 millones), de los que el 85% son usuarios de las RRSS (26,6 millones). Las redes sociales más utilizadas en España, son: WhatsApp (85%), Facebook (75%), Youtube (70%), Instagram (64%) y Twitter (51%).

El pasado 5 de noviembre el Colegio de Registradores fue invitado a inaugurar las XII Jornadas de Cemín que se celebraron los días 4 y 5, bajo el título, En torno a los Juzgados de Menores.

Cuando llegó la primera ola el coronavirus nos pilló a todos a contrapié. A los juristas y legisladores también. Con los mimbres que había tuvo que hacer frente a una situación excepcional. Pero casi dos años después con una pandemia que no se va, el legislador estatal no pone remedios y los esperpentos jurídicos no cesan.

Decía el profesor Benito Arruñada no hace muchas fechas atrás que el problema de los “no vacunados” en una sociedad libre (como las nuestras) es la capacidad individual de discernir cuando la libertad individual nos resulta más cara en todos los términos que el bien social de perderla en favor de un objetivo común.

La Resolución de 29 de junio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a propósito de un recurso relativo a una ampliación de obra declarada por antigüedad, realiza un repaso de los requisitos para su acceso al Registro.

Uno de los principios básicos de nuestro derecho hipotecario es el de determinación o especialidad, cuyas aplicaciones son muy diversas.

Los problemas que plantea la articulación del carácter temporal de la anotación preventiva de embargo con el carácter definitivo de la venta o adjudicación de los bienes embargados en que desemboca la ejecución lleva mucho tiempo preocupando a quienes, por unas u otras razones, tienen participación en los procedimientos judiciales.

Si hablamos de nuevas tecnologías, es posible que alcancemos un rápido consenso sobre su definición. Pero si hablamos de humanismo, es más que probable que las versiones varíen notablemente.

El Defensor del Pueblo y sus homónimos en las comunidades autónomas tienen un retrato, de fondo gris, cuando no en negro, de las insalvables dificultades de muchos ciudadanos para acceder a servicios que le son exigidos, por el único procedimiento tecnológico.

Definir derechos es sencillo. Protegerlos de forma efectiva ya es otra cuestión. La Carta de Derechos Digitales está cargada de buenas intenciones. Sólo eso. Es una declaración.