«Las instituciones son más fuertes cuando son más abiertas, más transparentes y más cercanas a las personas a las que sirven»
Concepción Campos afronta su nueva responsabilidad como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el objetivo de “reforzar la cultura de la transparencia como un valor compartido”. En este sentido manifiesta que “las instituciones públicas y las corporaciones de derecho público compartimos una misma responsabilidad: fortalecer la confianza ciudadana”. Campos destaca también que los registros “facilitan el acceso a información relevante bajo reglas objetivas y garantistas, al tiempo que permiten que los ciudadanos y operadores económicos actúen con mayor seguridad”.
¿Cuáles son sus objetivos inmediatos que se ha marcado en esta nueva responsabilidad?
Lo primero que debo decir es que he asumido esta responsabilidad con una enorme ilusión, pero también con plena conciencia de la importancia estratégica que tiene hoy la transparencia para la calidad democrática de nuestras instituciones.
Mi principal objetivo es reforzar el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno como una institución útil, cercana y referente. Como Autoridad Independiente tiene ya un gran reconocimiento, y en esta etapa me gustaría ampliar la visión del organismo, que no solo supervise el cumplimiento de las obligaciones legales, sino que también acompañe, impulse y ayude a las Administraciones Públicas a mejorar sus niveles de transparencia, integridad y rendición de cuentas. Mi lema sería “ayudar a cumplir”.
Vivimos un momento de profunda transformación de lo público. La digitalización, la inteligencia artificial, la gestión de grandes volúmenes de datos o las nuevas demandas ciudadanas exigen que la transparencia evolucione y sea capaz de responder a nuevos retos. Queremos consolidar el Consejo como un espacio de referencia para abordar estos desafíos desde una perspectiva innovadora, rigurosa y garantista.
Además, me gustaría reforzar la cultura de la transparencia como un valor compartido. La transparencia no debe ser vista únicamente como una obligación jurídica; es una herramienta para generar confianza, mejorar la gestión pública y fortalecer la legitimidad de las instituciones. Un valor fundamental en un Estado social y democrático de derecho.
Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos a nivel global es la Inteligencia Artificial. Hay un riesgo evidente de manipulación de los procesos administrativos en los que interviene, si no es objeto de control. ¿Qué actuaciones se pueden llevar a cabo, en esta dirección, desde el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?
La inteligencia artificial representa una extraordinaria oportunidad para mejorar la eficacia de las Administraciones Públicas, pero también plantea importantes desafíos desde la perspectiva de los derechos de las personas y, en ese sentido, mi trayectoria como experta en la materia creo que puede ser una ventaja en este momento para el Consejo.
Cuando una decisión pública se apoya en sistemas algorítmicos o en herramientas de inteligencia artificial, la transparencia, el saber cómo se ha tomado esa decisión, deja de ser una opción para convertirse en una necesidad democrática. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuándo interviene la inteligencia artificial, con qué finalidad se utiliza, qué datos emplea y qué mecanismos de supervisión humana existen. El derecho a saber se extiende también al ámbito de la IA.
El Consejo está llamado a desempeñar un papel muy relevante impulsando criterios, recomendaciones y buenas prácticas que permitan garantizar esa transparencia algorítmica y evitar que se amplíen los espacios de opacidad en la gestión pública. También debemos contribuir a que el derecho de acceso a la información pública se adapte a esta nueva realidad tecnológica.
No se trata de conocer necesariamente el código fuente de cada sistema, sino de garantizar que las decisiones públicas sigan siendo comprensibles, explicables, auditables y sometidas a control. En definitiva, debemos evitar que la tecnología se convierta en una caja negra dentro de la Administración, un nuevo espacio de opacidad. Por eso, debemos trabajar en el criterio de la transparencia algorítmica.
La Institución Registral es sinónimo de transparencia, centraliza la información, evita la opacidad y es accesible a quien acredite un interés legítimo. Es manifestación del principio de igualdad, al evitar asimetrías de la información. Todo ciudadano, que acredite dicho interés, puede acceder al mismo grado de información en el Registro. ¿Qué valoración le merece, en este aspecto, la Institución Registral?
Los registros aportan certeza, confianza y estabilidad a las relaciones jurídicas y económicas. Facilitan el acceso a información relevante bajo reglas objetivas y garantistas, al tiempo que permiten que los ciudadanos y operadores económicos actúen con mayor seguridad.
Además, desempeñan una función esencial para reducir asimetrías informativas y favorecer la igualdad de oportunidades. Allí donde existe información fiable, accesible y jurídicamente protegida, existe también una mayor capacidad para tomar decisiones libres y responsables. Por eso considero que la función registral constituye una pieza fundamental dentro del ecosistema institucional que sustenta la confianza en el Estado de Derecho.
“La transparencia no debe ser vista únicamente como una obligación jurídica; es una herramienta para generar confianza, mejorar la gestión pública y fortalecer la legitimidad de las instituciones. Un valor fundamental en un Estado social y democrático de derecho”
El Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España es objeto de evaluación periódicamente por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, alcanzando un alto nivel de transparencia. En su programa habla de colaboración institucional en transparencia, ¿cómo podría materializarse?
La transparencia es una tarea colectiva. Ninguna institución puede avanzar sola, por eso es fundamental la colaboración institucional que puede materializarse en múltiples ámbitos: intercambio de buenas prácticas, formación especializada, difusión de la cultura de la transparencia, desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a la información o participación conjunta en foros de reflexión sobre los retos que plantean la digitalización y la inteligencia artificial.
Las instituciones públicas y las corporaciones de derecho público compartimos una misma responsabilidad: fortalecer la confianza ciudadana. Y la confianza se construye, fundamentalmente, a través de la transparencia; al contrario, donde hay opacidad surge, inevitablemente, la desconfianza. Y eso es algo que no nos podemos permitir como sociedad.
En estos días es objeto de debate el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que busca dar transparencia a la composición de las sociedades mercantiles, para evitar casos como Servinabar o Forestalia, recobrando la inscripción de las participaciones sociales en el Registro Mercantil, en sintonía con Europa, como ya se hacía en España hasta los años 90. ¿Puede decirnos algo al respecto?
Como presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno debo ser especialmente prudente respecto de iniciativas legislativas que se encuentran todavía en fase de tramitación.
Lo que sí puedo afirmar es que mejorar los niveles de transparencia siempre es positivo, y, este caso en particular, sobre quién está detrás de las estructuras societarias, constituye una cuestión de creciente relevancia a nivel internacional. Organismos europeos e internacionales vienen insistiendo desde hace años en la necesidad de reforzar los mecanismos que permitan identificar adecuadamente la titularidad real de las personas jurídicas.
La transparencia económica y societaria desempeña un papel fundamental en la prevención de la corrupción, los conflictos de interés, el fraude y el blanqueo de capitales, vinculado a la contratación pública, una de las áreas de mayor riesgo de corrupción, por el elevado volumen de recursos públicos que compromete. En ese contexto, todas las medidas orientadas a reforzar la trazabilidad y el conocimiento de las estructuras de propiedad debe ser objeto de un análisis riguroso, ponderando adecuadamente los distintos derechos e intereses en juego.
“Cuando una decisión pública se apoya en sistemas algorítmicos o en herramientas de inteligencia artificial, la transparencia, el saber cómo se ha tomado esa decisión, deja de ser una opción para convertirse en una necesidad democrática”
Además de la presidencia del Consejo, ha sido usted presidenta de la Asociación de Mujeres en el Sector Público, desde el que se visibiliza a las mujeres mediante una agenda de expertas, actividades y congresos. ¿Qué puede decirnos de esta iniciativa a una profesión paritaria, en la que nuestra decana es una mujer, y donde la igualdad es un estilo inherente a los registradores?
Mujeres en el Sector Público ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi trayectoria profesional. Nació con un objetivo muy sencillo pero profundamente transformador: hacer visibles referentes femeninos que ya existían y que, sin embargo, muchas veces no ocupaban el espacio público que merecían. Por eso es importante visibilizar la paridad en profesiones como la de registradores, donde el puesto de decana ha sido ocupado sucesivamente por dos mujeres, como ejemplo de igualdad.
La igualdad no consiste únicamente en abrir puertas, sino también en garantizar que el talento pueda desarrollarse y ser reconocido en condiciones de equidad. Por eso es tan importante contar con referentes, generar redes profesionales y compartir experiencias.
He tenido la fortuna de compartir estos años con mujeres extraordinarias y también con muchos hombres comprometidos con la igualdad. Esa alianza es, probablemente, la mejor garantía para seguir avanzando.
Las instituciones basadas en valores son las instituciones por las que debemos trabajar, porque la transparencia no es únicamente una cuestión de normas o procedimientos. Es, sobre todo, una forma de entender el servicio público. Una manera de ejercer la responsabilidad desde la confianza, la integridad y el respeto a la ciudadanía.
Y si algo he aprendido a lo largo de estos años es que las instituciones son más fuertes cuando son más abiertas, más transparentes y más cercanas a las personas a las que sirven.
María Emilia Adán
