“Siempre he creído en una política económica seria, reformista y orientada a resultados, no en una política económica de titulares”
El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha desarrollado una dilatada trayectoria profesional en diferentes organismos. Ha desempeñado, entre otros cargos, los de secretario de Estado de Energía, secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, asesor económico del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, director general del Instituto de Crédito Oficial, secretario general de Comercio Exterior o consejero económico y comercial de la Embajada de España en Estados Unidos. En esta entrevista aborda los principales retos a los que se enfrenta la economía española, y destaca que “cuando uno ha trabajado dentro de la Administración entiende que las políticas solo son útiles si son ejecutables, si tienen solidez jurídica y si producen resultados medibles”.
Usted pertenece al prestigioso Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. ¿Cómo ha influido esa formación técnica en su manera de entender la política económica?
Ha influido de manera decisiva. Esa formación te enseña, en primer lugar, a mirar la realidad con respeto por los datos, por los incentivos y por las consecuencias de las decisiones públicas. La política económica no consiste en formular buenos deseos, sino en entender cómo reaccionan las familias, las empresas y las instituciones ante un determinado marco fiscal, regulatorio o presupuestario.
Además, esa tradición técnica tiene una gran virtud: obliga a integrar perspectivas distintas. Uno aprende a ver la economía como un todo en el que están conectados el sector exterior, la empresa, las finanzas públicas, la energía, la regulación, la competencia o el marco institucional. Una decisión tributaria afecta a la inversión; una mala regulación afecta a la productividad; una mala arquitectura institucional termina afectando al crecimiento y al bienestar.
Y hay un tercer elemento que para mí ha sido muy importante, la vocación de servicio público. Cuando uno ha trabajado dentro de la Administración entiende que las políticas solo son útiles si son ejecutables, si tienen solidez jurídica y si producen resultados medibles. Por eso siempre he creído en una política económica seria, reformista y orientada a resultados, no en una política económica de titulares.
Usted, que siempre ha sido un servidor público en el ámbito nacional e internacional, ¿cuáles diría que son hoy los principales retos estructurales de la economía española en la próxima década?
Yo diría que hay cinco grandes retos que se engloban en uno, retomar la senda de la prosperidad de los españoles para alcanzar a medio plazo los niveles salariales europeos porque España ha perdido la convergencia. Un objetivo común, un objetivo de país.
El primer reto es la productividad, que es el reto central. Sin crecimiento de la productividad no hay mejora sostenida de salarios, no hay aumento real del poder adquisitivo y no hay manera de sostener a medio plazo el Estado del bienestar. España ha crecido en los últimos años, pero buena parte de ese crecimiento ha sido extensivo, apoyado en más empleo y más población, no en producir más valor por hora trabajada. Ese es el núcleo del problema.
El segundo es recuperar el poder adquisitivo de las clases medias. Muchas familias perciben que, aunque algunas magnitudes macroeconómicas sean razonables, su vida cotidiana no mejora al mismo ritmo. Inflación, vivienda y una presión fiscal creciente sobre el trabajo han erosionado esa sensación de progreso. Si trabajar, formarse y asumir responsabilidades no mejora claramente la vida de la gente, el contrato social que nos hemos dado se debilita.
El tercero es la sostenibilidad fiscal. España necesita volver a una senda en la que el gasto público se gestione con eficiencia y en la que el margen fiscal se utilice para reforzar la competitividad, no para alimentar inercias de gasto corriente. La estabilidad presupuestaria es una condición necesaria para que el país pueda invertir, atraer capital y protegerse mejor frente a futuras crisis.
El cuarto es la vivienda, especialmente para los jóvenes. No solo por su dimensión social, sino porque se ha convertido en un cuello de botella económico de primer orden. Un país en el que los jóvenes no pueden emanciparse con normalidad es un país que retrasa la creación de hogares, natalidad, movilidad y acumulación patrimonial.
Y el quinto es la calidad institucional. Una burocracia más ágil, menos exceso normativo, justicia más rápida, reguladores independientes y mayor seguridad jurídica. La productividad también son instituciones. Eso lo he defendido de forma recurrente porque es una verdad económica de fondo.
Desde el punto de vista de un entorno geopolítico y geoestratégico, ¿cuáles son los principales retos que afronta una economía como la española en la era de competitividad pos-Draghi?
El primer reto es entender que el marco internacional ha cambiado de manera profunda. Durante muchos años Europa vivió en un entorno relativamente cómodo: reglas, apertura comercial amplia, energía más asequible, seguridad exterior muy apoyada en la relación transatlántica y una globalización que premiaba las cadenas de valor largas. Ese mundo hoy es más incierto.
La agenda que ha planteado Draghi parte de una idea correcta. Europa necesita más economías de escala, más productividad, más integración, menos ingenuidad estratégica y menos burocracia. Reglas simples y claras. Para una economía como la española esto tiene varias implicaciones.
La primera es que debemos estar plenamente en el núcleo europeo de competitividad. España no puede quedarse al margen de la profundización del mercado interior, de la unión de capitales, de la agenda tecnológica o de la política industrial europea. Nuestra prosperidad depende en gran medida de que Europa funcione mejor, porque nuestra inserción exterior está profundamente vinculada al mercado europeo.
La segunda es que necesitamos una política energética sensata. La competitividad del siglo XXI se jugará en buena parte en energía, redes, almacenamiento, interconexiones y capacidad tecnológica. Un país que encarece o vuelve inestable su energía se autoexpulsa de muchas inversiones industriales y tecnológicas. Debemos revertir, por tanto, el cierre nuclear.
La tercera es que debemos reforzar nuestra posición en el nuevo tablero de seguridad económica. Eso significa más capacidad para atraer inversión, más autonomía tecnológica relativa, más infraestructuras críticas robustas y más fiabilidad institucional. En un mundo de bloques, la previsibilidad cuenta mucho.
Y la cuarta es que España debe actuar como un socio leal y activo tanto en la coalición europea como en la relación transatlántica. En momentos de reordenación global, quedarse fuera de las mesas de decisión por razones partidistas sería un error estratégico.
“Sin crecimiento de la productividad no hay mejora sostenida de salarios, no hay aumento real del poder adquisitivo y no hay manera de sostener a medio plazo el Estado del bienestar”
En una sociedad del dato, donde estos cada vez van a ser más importantes en la economía, el Colegio de Registradores dispone y protege en el ejercicio de sus funciones una enorme cantidad de información económica relacionada con empresas, propiedad inmobiliaria y actividad empresarial. ¿Cree que esta información institucional puede ayudar a anticipar tendencias económicas o a mejorar la calidad de las decisiones públicas?
Sí, sin ninguna duda. De hecho, creo que una de las grandes fortalezas de instituciones como los Registros es que no solo generan información abundante, sino información fiable, estructurada y jurídicamente segura. Y eso, en una economía moderna, tiene un valor extraordinario.
Hoy se habla mucho del dato, pero no todos los datos son iguales. La información que nace de los registros tiene una cualidad diferencial: está vinculada a actos con relevancia jurídica y económica real. Eso significa que no solo sirve para describir la realidad, sino también para darle certidumbre. En el ámbito de la propiedad, por ejemplo, el Registro no solo informa, protege derechos, reduce incertidumbre y hace posible que los mercados funcionen con más confianza.
Eso tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de las decisiones públicas y privadas. Una información registral más integrada permitiría anticipar mejor las tendencias en el mercado inmobiliario, detectar tensiones territoriales, seguir con más precisión la evolución de la actividad empresarial o conocer mejor los cambios en el uso económico de los activos.
Por eso creo que uno de los grandes avances pendientes en España es profundizar en la interconexión inteligente entre Registros, Catastro y notarías, de manera que avancemos hacia una información más homogénea, coherente y útil. La mejor coordinación y, allí donde sea posible, una mayor unificación de datos sobre fincas, titularidades, cargas, usos y transacciones reduciría costes de transacciones, mejoraría la transparencia y facilitaría tanto la actuación administrativa como la toma de decisiones de empresas y ciudadanos.
Además, hay margen para seguir enriqueciendo ese ecosistema informativo con nuevos elementos de valor económico. Pienso, por ejemplo, en una mejor sistematización de información sobre contratos de alquiler, sobre ofertas vinculantes asociadas a una finca o sobre otras circunstancias relevantes que, con las debidas garantías jurídicas y de protección de datos, puedan mejorar el conocimiento del mercado. Cuanta más información fiable, ordenada y accesible exista sobre un activo, menor será la incertidumbre y mejor funcionará el mercado.
En definitiva, una economía moderna no necesita solo más datos; necesita datos institucionales de calidad, integrados y capaces de generar seguridad jurídica. Y en ese terreno, el papel de los Registros es absolutamente central.
Una economía moderna necesita muchas cosas: inversión, innovación, empresas dinámicas… pero hay un elemento que a veces pasa desapercibido y que sin embargo resulta fundamental, que es la seguridad jurídica. Desde su experiencia en la administración económica, ¿hasta qué punto cree que la estabilidad institucional y la confianza en las reglas del juego influyen en la capacidad de crecimiento de un país?
Influyen de manera decisiva. Ningún país prospera sin una arquitectura institucional de calidad, independiente y robusta. Las instituciones independientes son la principal clave de bóveda de los países avanzados, la garantía de la seguridad jurídica y la principal defensa contra los populismos y las autocracias. Por eso los dirigentes populistas tratan de socavarlas, neutralizarlas y colonizarlas.
La seguridad jurídica es una infraestructura económica básica. Sin ella, la inversión se retrasa, el ahorro se desplaza, el crédito se encarece y el crecimiento pierde calidad.
Toda inversión es, en el fondo, una apuesta sobre el futuro. Cuando un empresario invierte, cuando una familia compra una vivienda o cuando una compañía internacional decide instalarse en un país, lo que necesita saber es que las reglas del juego no van a cambiar arbitrariamente, que los contratos se van a cumplir y que, si hay conflicto, existirá una resolución rápida y previsible a través de un mecanismo o institución previamente conocido.
Esto afecta especialmente a la inversión de largo plazo. Si la regulación cambia constantemente, si se legisla con precipitación o si se envían señales de discrecionalidad política, el país se vuelve menos atractivo. A veces no se percibe de forma inmediata, pero en el largo plazo se traduce en menor inversión, menor productividad y peores salarios.
Por eso he insistido muchas veces en que la productividad también son instituciones: una justicia ágil, reguladores independientes, menos exceso normativo y una administración que no trate al inversor, al propietario o al emprendedor como sospechoso por definición.
“España debe actuar como un socio leal y activo tanto en la coalición europea como en la relación transatlántica. En momentos de reordenación global, quedarse fuera de las mesas de decisión por razones partidistas sería un error estratégico”
Uno de los temas que más preocupa actualmente a los ciudadanos es el acceso a la vivienda. Desde una perspectiva económica, ¿cuáles cree que son las claves para mejorar el funcionamiento del mercado de la vivienda y facilitar el acceso especialmente a los jóvenes?
La clave principal es entender que el problema de la vivienda en España es, sobre todo, un problema de oferta insuficiente y la demostración de un fracaso regulatorio. Durante demasiado tiempo hemos hablado de vivienda como si fuera solo una cuestión de precios o de ayudas, cuando el problema de fondo es que no estamos poniendo suficientes viviendas en el mercado, ni en compra ni en alquiler.
Por tanto, la primera tarea es liberar suelo y agilizar la gestión urbanística. Suelo hay; lo que falta muchas veces es suelo urbanizable y rapidez administrativa. El tiempo que transcurre entre identificar una necesidad y poder construir sigue siendo excesivo.
La segunda es reducir trabas burocráticas y jurídicas en todo el proceso: planeamiento urbanístico, licencias, cambios de uso, promoción y puesta en mercado. Una economía que tarda demasiado en transformar suelo o inmuebles en vivienda útil está generando escasez artificial.
La tercera es movilizar vivienda existente. Para eso hace falta seguridad jurídica y un marco equilibrado en alquiler: protección razonable del inquilino, sí, pero también garantías efectivas para el propietario frente al impago, la ocupación y el deterioro del inmueble. Sin confianza no habrá oferta estable en alquiler.
Además es urgente facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, con instrumentos bien diseñados, pero sin olvidar que ninguna política de demanda funcionará de verdad si no aumenta la oferta.
Y por último, recuperar una visión positiva de la propiedad, un país de pequeños propietarios. Una sociedad con acceso real a la propiedad para quien quiera alcanzarla es una sociedad más estable, con mayor capacidad de ahorro, más autonomía y una clase media más fuerte.
“Una economía moderna no necesita solo más datos; necesita datos institucionales de calidad, integrados y capaces de generar seguridad jurídica. Y en ese terreno, el papel de los Registros es absolutamente central”
Le hemos oído en muchas de sus intervenciones hablar de simplificación, desregulación y reducción de trabas burocráticas. ¿Cómo cree que la seguridad jurídica que representa la función registral puede contribuir a estos objetivos?
Puede contribuir muchísimo, precisamente porque simplificar no significa desproteger. Al contrario, los países más eficientes son aquellos que consiguen combinar agilidad administrativa con seguridad jurídica.
La función registral permite hacer esa combinación. Permite que la simplificación descanse sobre una base sólida de confianza. Cuando existe publicidad registral, trazabilidad, claridad en la titularidad y fiabilidad en la información jurídica de los bienes y de las sociedades, disminuyen los costes de transacción, se reducen litigios y se acelera la toma de decisiones económicas.
Eso tiene un efecto directo sobre la economía real. Facilita la compraventa y la financiación inmobiliaria, mejora la circulación del crédito, aporta certidumbre a las operaciones empresariales y ayuda a que ciudadanos, empresas e inversores operen con menos riesgo. En otras palabras, la buena seguridad jurídica no ralentiza la actividad; la hace posible y la abarata.
Además, si queremos una economía más moderna, la función registral puede ser una gran palanca de simplificación inteligente. Cuanto más interoperables sean los sistemas, cuanto más coordinada esté la información entre registros, notarías, Catastro y administraciones, y cuanto más se reduzcan duplicidades documentales o cargas innecesarias, más fácil será para el ciudadano y para la empresa relacionarse con el sector público sin perder garantías.
Por eso creo que la agenda correcta no es elegir entre simplificación y seguridad jurídica. La agenda correcta es utilizar instituciones como los Registros para conseguir ambas cosas a la vez. Y eso en el fondo, también es más competitividad.
María Rosario Jiménez Rubio
