Jóvenes incapaces de emanciparse, pensionistas con casas pagadas pero sin liquidez, pequeños propietarios frenados por el miedo a la morosidad y un legislador ciego a los datos reales. El diagnóstico del mercado inmobiliario español es conocido; las soluciones, desgraciadamente, suelen atascarse en la trinchera ideológica. Pero hay una salida pragmática: usar lo que el Estado ya tiene. La seguridad jurídica preventiva y su digitalización no cuestan dinero al contribuyente y funcionan con gran precisión.

El debate de la vivienda gira en un círculo vicioso. Controlar precios asusta al propietario y hunde la oferta. Y diseñar políticas basándose en los datos de los portales inmobiliarios es legislar sobre deseos, no sobre contratos cerrados.

Para romper este bloqueo hay que abandonar el cortoplacismo. Necesitamos transparencia real y certidumbre jurídica. Y ahí es donde el sistema de los Registros de la Propiedad, hasta ahora infrautilizado en el mercado del alquiler, tiene mucho que decir.

Confianza para aflorar la oferta

El mayor incentivo para que una vivienda vacía salga al mercado no es la amenaza de una sanción, sino la tranquilidad de quien entrega sus llaves. Hoy, alquilar es un riesgo excesivo para el pequeño ahorrador. La jugada pasa por incentivar masivamente la inscripción telemática de los contratos en el Registro de la Propiedad, asumiendo un arancel mínimo.

Si la normativa vincula un contrato inscrito —purgado de cláusulas abusivas por un registrador que certifica quién es el dueño real— a un desahucio exprés auténtico en caso de impago, el tablero cambia. El juez ya no tendría que investigar la validez del documento ni la titularidad. La ejecución sería casi automática. Si eliminas el miedo, la oferta aflora de forma natural y los precios tienden a estabilizarse solos.

Movilizar el ahorro de los mayores

Nuestros mayores son, en muchas ocasiones, «pobres en liquidez, pero no en ladrillo». Necesitan complementar sus pensiones, pero desconfían de la hipoteca inversa o de la venta de la nuda propiedad por temor a la letra pequeña.

El mayor incentivo para que una vivienda vacía salga al mercado no es la amenaza de una sanción, sino la tranquilidad de quien entrega sus llaves. Hoy, alquilar es un riesgo excesivo para el pequeño ahorrador. La jugada pasa por incentivar masivamente la inscripción telemática de los contratos en el Registro de la Propiedad, asumiendo un arancel mínimo.

La solución puede pasar por crear un canal institucionalizado. Si los registradores a través de la Sede Electrónica Registral filtran estas operaciones antes de su firma, emitiendo un «Sello de Idoneidad», el sistema blinda el usufructo vitalicio del mayor frente a quiebras bancarias o reclamaciones de terceros o garantiza que la hipoteca inversa se adapta plenamente a la finalidad perseguida por el legislador. Es devolverles su autonomía financiera sin riesgo de exclusión.

Agilidad para los jóvenes y datos para el Estado

Para los jóvenes, el problema no es solo la falta de pisos, es la burocracia para acceder a los avales o ayudas públicas. Un «Pasaporte Registral» digital que acredite al instante a nivel nacional con un coste reducido que no poseen otras propiedades desbloquearía la financiación bancaria sin demoras.

Y de fondo, un gran beneficio para las Administraciones Públicas: acabar con la ceguera estadística. Si se estandariza la inscripción del alquiler, el Estado y las Comunidades Autónomas obtienen sin coste para ellos la base de datos pública más precisa, geolocalizada y actualizada de Europa. Precios reales, anonimizados y en tiempo real. Adiós a legislar de oídas. Un primer paso en este sentido lo hemos visto en la reciente regulación de los alquileres de corta duración donde han sido asignados más de 300.000 números de registros de alquiler que ya han informado de los arrendamientos celebrados durante 2025 siendo puestos a disposición de la Administración. Un sistema eficiente y barato que respeta la competencia material de las Comunidades Autónomas sobre la vivienda turística coordinándolo con la exclusiva del Estado en la ordenación de los registros jurídicos para dar seguridad jurídica a un mercado que tradicionalmente ha carecido de la misma.

Una herramienta ya amortizada

Lo más inteligente de esta vía es su eficiencia. No requiere crear nuevas infraestructuras, ni registros administrativos u observatorios redundantes ni desarrollar macroproyectos informáticos desde cero. La red de los Registradores ya gestiona millones de operaciones inmobiliarias con seguridad máxima. Solo hace falta voluntad política para adaptar de forma quirúrgica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Toca tratar la vivienda como el desafío técnico y social que es. Aprovechar las herramientas jurídicas del Estado no es hacerle un favor a ningún colectivo; es proteger al propietario, defender al inquilino y dar luz a la Administración. La infraestructura ya está construida, solo hay que usarla.

José Soriano