En tiempos convulsos de enorme enfrentamiento político emerge la robustez de la Constitución de 1978. En los ámbitos del poder ejecutivo, con plena aquiescencia de la jefatura del Estado, se decidió buscar una razón para celebrar y ensalzar su existencia. Se reparó en que la ley de leyes de 1978 es la más longeva de las habidas en la Historia de España.

El 17 de febrero pasado las Cortes Generales se reunieron para recibir al Rey, protagonista del acto, precedido en su discurso por a quien le corresponde, la presidenta del Congreso, tercera autoridad del Estado. Un hallazgo para la celebración, del todo pertinente y, organizado, con muy poco tiempo de antelación. La situación política, en nada apacible, no es ajena a la decisión de ensalzar la Constitución en las Cortes, con el rey a la cabeza y los parlamentarios constituyentes, los de las Cortes de 1977, como invitados especiales. El acto fue un mensaje en sí mismo: Los pilares de la democracia, de la convivencia, siguen firmes por la vigencia y funcionamiento de la Constitución, a pesar del inusitado enfrentamiento político.

La Constitución ha funcionado cuando debía: acto de sedición del parlamento catalán; mociones de censura; investiduras fallidas. Pero no vale de nada ocultar la conveniencia de reformas; siempre pospuestas, no tanto, o casi nunca, por el contenido, sino por la negación del otro para pactar cambios que requieren mayorías parlamentarias reforzadas.

En 47 años solo ha habido cuatro cambios. En 1992 se modificó el artículo 13.2 para permitir el sufragio pasivo, presentarse a las elecciones municipales, a ciudadanos de la UE con residencia en España. En 2011 se modificó el artículo 135 para poner límite cero al déficit presupuestario. Hasta 2024 no llegó la tercera reforma para modificar el artículo 49. Se sustituyó el término “disminuidos” por el de personas con discapacidad, acorde con mandatos internacionales. En estos días, después de aprobarse en el Congreso, a través del artículo 162, solo falta que el Senado avale la adjudicación de un senador propio a la isla de Formentera, que ahora comparte con Ibiza.

Más transparencia, más rendición de cuentas de los órganos de control constitucionales que derivan, a su vez, de las Cortes Generales, se echa también en falta por todos los constitucionalistas

Los intentos del presidente Zapatero y de quien fue vicepresidente y candidato electoral de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, por llevar a la cámara reformas constitucionales, fueron baldíos. Hubo conversaciones, y no pocas, cordiales desde la discrepancia, entre el entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, entre 2013 y 2014, y el líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, pero el jefe de gobierno no consideró dar esos pasos. Después, con el desafío independentista catalán, no hubo lugar para abrir reformas constitucionales sino para tratar de que se no se vulnerara la Constitución.

No es previsible que a medio plazo vayan a atenderse los nuevos requerimientos de reforma para garantizar dentro de la ley de leyes el derecho a las pensiones de jubilación, a la vivienda y a la interrupción voluntaria del embarazo. Quizás sí figuren en programas electorales próximos.

La práctica política ha llevado a situaciones en las que se mira a la Constitución en búsqueda de respuesta. No la hay, por ejemplo, ante el incumplimiento de presentar los presupuestos generales del Estado cada mes de septiembre. La disolución de las Cortes si no se consigue en dos ejercicios, es una propuesta que se lanza en público pero ni siquiera ha tomado cuerpo como iniciativa parlamentaria.

La conversión del Senado en una cámara autonómica es una demanda académica que los políticos no han considerado. Tampoco incluir en la Constitución los nombres de las 17 comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla. La Constitución Española no las llama por su nombre. En efecto, la Constitución es anterior a los Estatutos de Autonomía que nacieron de ella, pero no hay disculpa para no haberlas citado ya desde hace muchos años.

Otra rémora que persiste es la prevalencia del hombre sobre la mujer para acceder a la corona de España.

Si cabe perfeccionar la cooperación entre comunidades autónomas y delimitar las funciones de las administraciones central y regionales.

Más transparencia, más rendición de cuentas de los órganos de control constitucionales que derivan, a su vez, de las Cortes Generales, se echa también en falta por todos los constitucionalistas. Consolidar los órganos independientes en pro de la defensa de la democracia y, por tanto, contra el desapego del sistema de libertades, es tarea imperativa, ante las acechanzas contra el sistema. En definitiva, reformar y reforzar la Constitución, para seguir juntos.

Anabel Díez