Una nueva Ley de Techo de Gasto se ha impulsado de cara al ejercicio 2024. Y el límite de gasto no financiero del Gobierno ha quedado establecido en 199.120 millones de euros, un 0,5% más que en 2023. Descontando los fondos europeos, un límite que queda en 189.215 millones, lo que supone un aumento del 9,3%. Todo ello en un momento en el que la OCDE ha revisado recientemente a la baja, hasta el 1,4%, su previsión de crecimiento económico para España en ese mismo ejercicio 2024. Y la gran pregunta que surge es si la economía española puede seguir creciendo con cargo a fuertes cifras de deuda pública en un momento en el que las exigencias de control del déficit han vuelto al panorama de la UE y de forma, como era habitual hasta la llegada del covid, imperativa.

La evolución reciente de los parámetros económicos españoles da una idea del nivel de endeudamiento acumulado en las últimas décadas por nuestra economía. Al margen del efecto de la inflación, el nivel de deuda pública promediado (hasta noviembre) del cuarto trimestre de 2023 ha quedado en 1,535 billones de deuda (un 111,20% del PIB y 31.770 euros per cápita).

En noviembre de 2023, último dato mensual, la cifra se situó en 1,575 billones. En 2018, en 1,208 billones. En 2010, en 0,649 billones. Y en el año 2000, en 0,374 billones. Una escalada difícil de prever hace dos décadas y difícil de contener en la actualidad.

Y suma y sigue en un entorno en el que vuelven los protocolos de déficit excesivo de la UE y en el que la competencia por colocar deuda soberana en los mercados es creciente.

Además, algunas de las áreas más sensibles de la Adminsitración no muestran una mejor situación. La Seguridad Social, por ejemplo, -pagadora de las pensiones- acumula ya 116.172 millones de deuda, todo un récord histórico. Y es que los datos recién publicados por el Banco de España muestran un incremento de la deuda pública de esta entidad de nada menos que un 182% en los últimos cinco años. Y todo ello, pese al aumento de las cotizaciones sociales aprobado en la reforma de pensiones que impulsó el ya exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

Por todo lo expuesto y en el contexto actual, el mantenimiento de una política netamente expansiva del gasto público y de la deuda se convierte en todo un ejercicio de riesgo. Porque el chicle ya se ha estirado más de lo admisible, tal y como marcan los propios márgenes establecidos por Europa.

La gran pregunta que surge es si la economía española puede seguir creciendo con cargo a fuertes cifras de deuda pública en un momento en el que las exigencias de control del déficit han vuelto al panorama de la UE y de forma, como era habitual hasta la llegada del covid, imperativa

Pese a lo cual, es justo en este momento en el que se lanza todo un nuevo plan de incentivo al gasto plasmado en la última Ley de Techo de Gasto. De hecho, por subsectores, el objetivo de las comunidades autónomas para 2024 se reduce sólo en una décima con respecto al Plan de Estabilidad de abril -del equilibrio presupuestario pasan al 0,1% de déficit-. “Ese mayor margen se une al incremento de los recursos procedentes del sistema de financiación, que el próximo año alcanzarán un récord: 154.467 millones de euros, un 14,9% más que este año”, ha señalado el Gobierno. Pero ese incremento de recursos tiene otro nombre que le gusta menos a los hogares y empresas: subida de la recaudación por impuestos. 

La senda de consolidación de las entidades locales también se ha flexibilizado: en 2024 los ayuntamientos pasan del objetivo de superávit del 0,2% a tener una exigencia de mero equilibrio presupuestario. “Las entidades locales contarán con los mayores recursos de la historia: 28.557 millones de euros, un 22,6% más que este año”, señala la documentación oficial del Gobierno. De nuevo, eso supone mayor gasto de los impuestos pagados por todos los españoles.

¿Y quién es gran beneficiado en capacidad de gasto público? La Administración General del Estado: su objetivo de déficit se fija en un 2,7% tras años de fuerte acumulación de déficits públicos.

Por último, la Seguridad Social se queda con un objetivo de déficit del 0,2% en 2024.

Todo ello con una economía colgando de la deuda pública.

Carlos Cuesta