“Es un honor poder ver cómo se hacen realidad los derechos que recoge la Constitución”


Inmaculada Montalbán Huertas es una magistrada que goza de prestigio internacional nacida en Iznalloz (Granada), y que actualmente, como sabemos, ocupa el cargo de vicepresidenta del Tribunal Constitucional desde 2023, órgano del que forma parte desde 2021.Con anterioridad, ha sido vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2008 y 2013, y presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla entre 2014 y 2021.

Jurista eminente, de carácter extrovertido y agradable, conversación amena y distendida, goza de la simpatía de sus compañeros y es valorada como una de las profesionales más relevantes del ámbito jurídico. Le agradezco sinceramente su disponibilidad y generosidad al ofrecerse a compartir con nosotros algunas reflexiones y me propongo a lo largo de esta conversación descubrir algo más de una mujer a la que siempre he admirado y he tenido como referente.


¿Cómo llegó a la vocación judicial?

Mi vocación judicial llegó muy pronto, estudiando en la Facultad de Derecho, en primer año de carrera. En ese momento, en el año 1977, se estaban ya fraguando los trabajos de articulación del texto de la Constitución de 1978, y fue algo que me impresionó, en especial desde el papel que la propia Constitución concedía a los jueces y tribunales como garantes de su efectiva aplicación. La Universidad se convirtió en aquellos momentos en un hervidero de ideas que se materializaban en estudios y análisis que los propios alumnos hacíamos. Me ilusionaba la posibilidad de formar parte de aquel Poder Judicial diseñado para que los derechos de las personas constitucionalmente reconocidos pudieran materializarse y construir aquella nueva sociedad democrática.

Por eso, cuando acabé la carrera en el año 1982 comencé a preparar oposiciones y aprobé, ingresando en la carrera judicial en el año 1985, y regresé a la Facultad para comentarlo y para intercambiar ideas con quienes habían sido mis profesores en aquella etapa. En mi trayectoria profesional, realmente ha tenido mucha importancia la Constitución, y de hecho ahora me siento privilegiada por formar parte del Tribunal Constitucional. Es un honor poder ver cómo se hacen realidad los derechos que recoge la Constitución.

¿Qué recuerdos guarda de sus primeros destinos en Torrevieja o Almería?

Mis primeros destinos fueron Juzgados de distrito, que actualmente no existen, juzgados donde se ventilaban cuestiones de muy diverso tipo, civil y penal. Recuerdo muy bien la extraordinaria responsabilidad que pesaba sobre mí en cada uno de los procesos, siendo aún muy joven. Además, el sector jurídico entonces aún no estaba muy acostumbrado a la presencia de mujeres jóvenes en el puesto de titular del juzgado, y se daban situaciones como que, en algunas ocasiones, como en algunos levantamientos de cadáveres, los guardias civiles se identificaban y saludaban al médico forense y a mí, no. Hoy día, las cosas han cambiado mucho y es bastante habitual que mujeres juezas jóvenes desempeñen sus funciones en los juzgados de toda España.

También recuerdo en esa época el afán personal por mejorar la eficacia de la Justicia, la rapidez de cada proceso, aligerar los trámites y la gestión de los juzgados. Así, por ejemplo, recuerdo que comencé a dictar sentencia “in voce” en determinados juicios de faltas, lo cual era algo novedoso, pero abreviaba mucho el proceso. Y era una época en la que, aunque estaba sola como titular del juzgado, recuerdo la cooperación de muchos profesionales que coincidieron conmigo en esa etapa.

También recuerdo, y esto es interesante, que en aquel momento se discutía la aplicación directa de las normas constitucionales por los jueces y magistrados, de lo cual fui firme defensora y expuse en mi primera conferencia en Almería, frente a quienes sostenían que la Constitución contiene normas programáticas, de carácter interpretativo pero sin aplicación directa. Yo defendí siempre que los jueces y Tribunales son el primer escalón para aplicar la Constitución, y hoy es un criterio consolidado, incluso en lo que respecta al principio de igualdad.

“Mi vocación judicial llegó muy pronto, estudiando en la Facultad de Derecho, en primer año de carrera. En ese momento, en el año 1977, se estaban ya fraguando los trabajos de articulación del texto de la Constitución de 1978, y fue algo que me impresionó”

Su trayectoria profesional impresiona. Ha sido reconocida con la Medalla de Oro de Andalucía por los importantes servicios públicos y méritos desarrollados a lo largo de su carrera, así como la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Ha sido usted pionera en el estudio de la violencia de género, y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género en el CGPJ. ¿Cómo llegó a esta necesidad y cómo valora el momento actual desde el punto de vista de la concienciación social y de la efectiva igualdad de la mujer?

Me encontré en los juzgados de distrito por los que pasé con situaciones graves en las que había mujeres que denunciaban a sus maridos, pero se encontraban amenazadas y posteriormente se daban habitualmente situaciones de retiradas de la denuncia y desistimientos. También era frecuente que las mujeres se encontraran en los procesos solas, sin abogado, y sin la presencia del fiscal, mientras que el marido denunciado asistía al mismo proceso acompañado de abogado, y se daba una grave desigualdad. En los 80 viví la experiencia de ver a muchas mujeres que fueron víctimas de un tipo delictivo muy específico pero que entonces se reconducía a las amenazas, lesiones, insultos leves, coacciones y demás. Llegué a la conclusión de que la ley no respondía adecuadamente. Incluso llegó a publicarse un informe del Defensor del Pueblo en el que reconocía que la violencia hacia la mujer no tenía interés desde el punto de vista jurídico para acabar reconduciendo a otros tipos la violencia de género.  La pena de multa para este tipo de delitos resultaba absolutamente insuficiente, y me di cuenta de que el ordenamiento jurídico no daba una respuesta adecuada a una serie de situaciones en las que las mujeres se veían comprometidas a causa de una importante dependencia emocional y económica.

Comprometida con el estudio de estas situaciones y sobre todo teniendo como referencia el Convenio para la eliminación de la violencia contra la mujer, comencé a trabajar junto a otros jueces para elaborar propuestas que tuvieran posibilidades de modificar la situación existente.

En cuanto a la realidad actual y la situación de las mujeres, es importante destacar que actualmente contamos con un marco normativo como es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que puso sobre la mesa el importante problema, que es de orden público, y arrancó la organización institucional especializada con la creación de los juzgados de violencia e insistir en la formación. Por tanto, hay que destacar a día de hoy la existencia de una ley específica, la formación especializada en el carácter de este tipo de violencia, y mantener la tensión social sobre este problema social, sobre todo entre los jóvenes, y me refiero en este momento a esas voces que sugieren que el problema está sobredimensionado y creen en el mito de la denuncia falsa, por ejemplo. Lo cierto es que siguen muriendo demasiadas mujeres sin denuncia previa, lo cual es indicativo de la existencia de una bolsa oculta de violencia.

Muchas mujeres seguimos renunciando a responsabilidades y oportunidades de promoción profesional por no poder compatibilizarlas con nuestra maternidad y con la atención de nuestra familia. Muchas mujeres jóvenes, aún a día de hoy, se encuentran esta disyuntiva y grandes dificultades para conciliar maternidad o vida familiar y trayectoria profesional. ¿Cómo ha sido su experiencia en este sentido y qué diría a esta nueva generación de mujeres que viene al mundo profesional y está planteando su vida personal?

Es cierto que las cargas familiares lastran y frenan a muchas mujeres en su progresión profesional. Hay puestos de decisión importantes que mujeres de valía deben cubrir, y ello porque interesan especialmente, desde luego personalmente por ellas, pero sobre todo porque la sociedad en general se ve beneficiada si esos puestos son cubiertos por esas personas concretamente. Es esencial que se perciba que es un beneficio para todos y tener presente que eso es bueno. Desde luego, no hay que renunciar a esos puestos de responsabilidad, y en esto las mujeres debemos tener claro que hay que dar pasos adelante y hay que seguir avanzando. Hay muchas mujeres que pueden aportar muchísimo y es importante que lo hagan, sobre todo en el ámbito jurídico donde contamos con mujeres de prestigio y trayectoria seria. Pero insisto en que es un beneficio para la sociedad.

“Yo defendí siempre que los jueces y Tribunales son el primer escalón para aplicar la Constitución, y hoy es un criterio consolidado, incluso en lo que respecta al principio de igualdad”

¿Cree que están en lo cierto aquellos que consideran especialmente complejos desde el punto de vista constitucional los tiempos en que nos está tocando vivir?

Lo cierto es que, consultando a otros compañeros veteranos y personas con cierta experiencia en esta materia, en numerosas ocasiones a lo largo de la historia del Tribunal Constitucional ha habido temas sensibles y especialmente relevantes, y es lógico que así sea, porque el Tribunal está pensado para arrojar luz en cuanto al ajuste a la Constitución de cuestiones complejas. Son momentos de trabajo intenso en los que los ciudadanos y los medios de comunicación están especialmente atentos.

¿Cree que es necesaria una reforma constitucional en determinadas materias?

La Constitución de 1978, ya con 45 años de vida, nos ha proporcionado una etapa especialmente tranquila, de convivencia pacífica entre los españoles, si bien en determinadas materias no sería descartable (y de hecho acabamos de ver cómo se ha producido una pequeña reforma en poco tiempo) que, si las circunstancias lo aconsejan y las mayorías parlamentarias lo hacen posible, se deba reformar puntualmente o en una mayor medida.

“Hay muchas mujeres que pueden aportar muchísimo y es importante que lo hagan, sobre todo en el ámbito jurídico donde contamos con mujeres de prestigio y trayectoria seria. Pero insisto en que es un beneficio para la sociedad”

Pionera como especialista en el estudio de la perspectiva de género como criterio de interpretación de las normas jurídicas, ¿cómo valora su aplicación por los jueces y tribunales y cómo cree que ha de evolucionar este criterio interpretativo para no pecar de arbitrario y excesivamente subjetivo?

El criterio de interpretación de las normas con perspectiva de género juega con el resto de los principios de interpretación que conocemos, y debemos integrarlo con ellos. Se encuentra contemplado en el art. 4 de la Ley de Igualdad Efectiva entre hombres y mujeres 3/2007, de 22 de marzo, y trata de evitar que la aplicación de la norma, por causa de los estereotipos provoquen un daño añadido a la mujer, causando un efecto no previsto y perjudicial para ella, dando lugar a una solución injusta, por ejemplo, cuando estamos aplicando la norma y existe una circunstancia como la maternidad. Es importante que, desde su aparición a día de hoy, es un criterio comprendido y aplicado en juzgados y tribunales.

Es un placer hablar con esta gran mujer a la que dedico, además, unas palabras de agradecimiento en nombre de los registradores y de nuestra revista, y por si fuera poco, con la humildad que caracteriza a las grandes figuras, nos agradece poder formar parte de nuestra sección de entrevistas y participar en este número especial dedicado a las mujeres. Realmente ha sido un honor poder hablar con Inmaculada Montalbán, como cada una de las veces que he tenido ocasión de coincidir con ella.

Rosario Jiménez