Durante el pasado año se recibieron en el Centro Registral Antiblanqueo 31.798 alarmas procedentes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, y se tramitaron más de 130.000 peticiones de información solicitadas por las autoridades implicadas en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.  

El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España, cuya función es analizar las operaciones sospechosas y su comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que es la Unidad de Inteligencia Financiera de España. 

Las comunicaciones que se reciben desde los distintos registros son clasificadas, analizadas e investigadas por este centro que, en caso de encontrar indicios suficientes relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, emite un informe para trasladarlo al SEPBLAC, previa notificación al registrador que envió la comunicación.

En este sentido, durante el pasado año se recibieron en el CRAB 31.798 alarmas procedentes de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España, 9.000 más que en el año anterior y el doble que en 2017. Del total de estas alarmas, 20.029 proceden de los registros mercantiles y de los registros de bienes muebles (62,99%), y 11.769 de los registros de la propiedad (37,01%). 

Entre los Decanatos Autonómicos con mayor índice de alarmas remitidas destacan los de Madrid y Cataluña, que aglutinan el 32,08% de las alarmas remitidas desde los registros de la propiedad y el 61,09% desde los registros mercantiles y de bienes muebles, seguidos de los de Valencia y Andalucía Occidental y Oriental.

Respecto al tipo de personas comunicadas en las alarmas, 27.641 corresponden a personas jurídicas, y 12.299 a personas físicas. El desglose por nacionalidades comunicadas en las alarmas, además de la española que aglutina 29.201 de la cifra total, estarían en los primeros lugares las de ciudadanos del Reino Unido (351), Luxemburgo (201), China (157), Alemania (153), Argelia (134), Irán (133) o Marruecos (120). 

“Las comunicaciones que se reciben desde los registros son investigadas por el Centro Registral Antiblanqueo que, en caso de encontrar indicios suficientes relacionados con el blanqueo de capitales, emite un informe para trasladarlo al SEPBLAC”

La consecuencia directa de la revisión y priorización de estas alarmas remitidas al CRAB fue la apertura durante 2019 de 792 expedientes de análisis especial, comunicando finalmente al SEPBLAC 199 informes de operativa sospechosa por presentar indicios de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de los que 49 se remitieron en el marco del Plan Especial Campo de Gibraltar. 

PETICIONES DE INFORMACIÓN

Pero la colaboración de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España en la lucha contra el blanqueo de capitales no solo abarca la prevención, sino también las fases de la persecución y la punición del delito, ya que los registradores colaboran de forma sistemática y directa mediante la aportación de información obrante en los registros. Prueba de ello es que durante el pasado año las peticiones de información procedentes de las autoridades implicadas en estos temas superaron las 130.000 solicitudes.

En el ámbito mercantil se tramitaron telemáticamente, en virtud de los convenios de colaboración suscritos, 43.742 peticiones de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 4.289 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), 3.670 del Ministerio de Justicia (jueces, fiscalías especiales, ORGA…), y 9.758 del SEPBLAC.

En el ámbito de propiedad hubo 34.614 peticiones de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, 2.597 del CITCO y CNI, y 33.334 por el Ministerio de Justicia. Las peticiones al Registro de Bienes Muebles por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado fueron 394, 1.185 por parte del Ministerio de Justicia, seis por el CNI y el CITCO, y una solicitud por parte del SEPBLAC.

ESTRUCTURA

Para cumplir con las funciones de órgano de control interno y de comunicación con el SEPBLAC, la estructura de prevención del blanqueo en la organización registral está compuesta, además de por la Comisión Asesora de Prevención del Blanqueo de Capitales, formada por los registradores Elena Parejo García, Paloma Lombardo Molina, Igor Prieto García, Álvaro Esteban Gómez, Santiago Molina Illescas y Carlos Mañero; por el Centro Registral Antiblanqueo, cuyo director es un registrador, Manuel Hernández–Gil Mancha, que además preside la Comisión Asesora. 

El funcionamiento del centro se configura a través de tres áreas. La primera es la Unidad de Análisis, que realiza las labores de preparación de informes y análisis de determinadas alarmas, así como la revisión activa de las alertas generadas en el cruce de las titularidades registrales y otros derechos con las listas de sancionados de UE. Además se ocupa del registro y preparación de las respuestas a los requerimientos de información al CRAB realizados por las autoridades. 

“La  estructura de prevención del blanqueo en la organización registral está compuesta, además de por la Comisión Asesora de Prevención del Blanqueo de Capitales, por el Centro Registral Antiblanqueo, cuyo director es un registrador, que además preside la Comisión Asesora”

La Unidad de Evaluación Interna lleva a cabo las acciones de supervisión respecto de los funcionarios incorporados, solucionando las dudas y consultas que se puedan plantear en el desarrollo de la misma. Por su parte la Unidad de Formación, de nueva creación, da cobertura a 1.000 registradores y aproximadamente 9.000 empleados de los registros, y es la encargada de la formación continua que posibilita el mejor conocimiento y aplicación práctica de la legislación reguladora en esta materia.

Hay que destacar que el Colegio de Registradores de España cuenta, además de con el Centro Registral Antiblanqueo, con el Registro de Titularidades Reales para cooperar en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas podrán acceder al Registro de Titularidades Reales

La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, suscribieron un acuerdo de colaboración entre ambas instituciones por el cual, a través del Punto Neutro Judicial, los juzgados y tribunales podrán acceder a la consulta sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles.

La finalidad de este acceso a la información de los registros está relacionada con la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Esta Directiva, en su artículo 30.3, establecía que la información sobre la titularidad real debe conservarse, en cada Estado miembro, en un registro central, como es el caso del Registro Mercantil. Hasta ahora, señalan desde el CGPJ, “existía una base de datos notarial de titularidades reales a la que los órganos judiciales tenían acceso, pero no respondía a las previsiones contenidas en la normativa europea”.

Las informaciones que podrán ser solicitadas a estos registros se dividirán en tres servicios distintos: titulares reales de una sociedad; sociedades de las que una persona física es titular real; y sociedades de las que una sociedad se encuentra en la cadena de control de un titular real.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Igualmente, la decana del Colegio de Registradores y la presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, firmaron un convenio de colaboración para el acceso, por parte del Tribunal, a la información contenida en la denominada Declaración de identificación del titular real, un documento mediante el cual las sociedades mercantiles deben identificar ante el Registro Mercantil la titularidad real de las mismas.

El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo fiscalizador de la actividad económico-financiera del sector público, así como de los partidos políticos y de las fundaciones y de las demás entidades vinculadas o dependientes de ellos. En el marco de sus competencias y para  su adecuada ejecución, el Tribunal necesita tener un acceso ágil y eficiente al Registro Mercantil para la consulta de las titularidades reales de las entidades inscritas. Este acceso resulta de especial interés para el Tribunal ya que, en el caso de su actividad fiscalizadora, favorece, entre otros aspectos, el control de la rendición de cuentas y de la actividad económico-financiera de las sociedades mercantiles públicas; así como el acceso a información relevante sobre terceros que contraten con el sector público, de perceptores de subvenciones públicas y de sociedades mercantiles que se hayan relacionado con entidades que conforman dicho sector.

POLICÍA NACIONAL

A estos convenios se suma el firmado en las últimas fechas con la Secretaría de Estado de Seguridad, por el cual la Policía Nacional podrá solicitar información registral, a través de Internet, para ser utilizada por sus Unidades de Investigación en el desarrollo de sus funciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Tras la firma del acuerdo, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, destacó “la importancia de poner el Registro de Titularidades Reales al servicio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de todas aquellas instituciones que garantizan en nuestro país la seguridad de los ciudadanos y luchan contra el blanqueo de capitales”.

Hay que señalar que estos acuerdos se suman a los ya firmados con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, AIReF o la Guardia Civil, entre otras entidades.