Destacados especialistas pusieron de manifiesto que cada vez son más necesarios los enfoques integradores que tengan en cuenta simultáneamente la protección de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la eficiencia económica y las oportunidades derivadas de la innovación.
El Colegio de Registradores acogió el Congreso internacional Persona y Patrimonio: retos actuales del sistema jurídico, un encuentro académico y profesional que congregó a jóvenes juristas, registradores de la propiedad y mercantiles, magistrados, abogados del Estado, notarios e investigadores y profesores procedentes de las más variadas universidades e instituciones españolas y extranjeras.
El congreso, dirigido por los profesores Gonzalo Muñoz y Pablo Muruaga, de la Universitat de València, junto con el registrador de la propiedad y profesor asociado Pau Cuquerella, fue concebido con el designio medular de ofrecer una reflexión transversal sobre los desafíos que arrostra actualmente el Derecho privado en sentido amplio y su conexión con la protección de la persona y del patrimonio y, sobre todo, con la seguridad jurídica, en un contexto marcado por la digitalización, la transformación económica y los cambios sociales.
Muestra de ello fue la conferencia inaugural, pronunciada por el catedrático Fernando Pantaleón, que abordó uno de los temas más espinosos del panorama jurídico: la relación entre la inteligencia artificial, la responsabilidad por daños y la personalidad jurídica de los robots. De principio a fin (siendo este último tan sorprendente como perturbador) invitó a reflexiones nada fáciles sobre la necesidad u oportunidad de adaptar las categorías tradicionales del Derecho privado a los desafíos derivados del desarrollo tecnológico.
Esta primera intervención fijó el elevado tono del congreso. Se optó por articular el programa en bloques temáticos, y no tanto por materias, de modo que se ofreciera una visión panorámica lo más completa posible de los retos actuales que enfrenta la protección de la persona en cuanto tal y como titular de un patrimonio en la vida civil y en el mercado.
Así, los bloques dedicados a los retos propios del mercado, es decir, en tema de emprendedores y sociedades, permitieron constatar la profunda transformación operada por la digitalización en las estructuras económicas y la necesidad de una normativa que genere confianza en los actores del mercado: se analizó, entre otras cuestiones, el encaje de las organizaciones autónomas descentralizadas en el derecho societario, es decir, la tensión entre regulación, mercado y desregulación; la inscripción de participaciones sociales en el Registro Mercantil; o la propuesta de una Sociedad Europea Unificada bajo el llamado régimen 28.º. También desde la perspectiva de los consumidores: el impacto de los algoritmos en sus hábitos de consumo, la imparable y creciente relevancia económica de sus datos personales (y los problemas anejos a su explotación) y los riesgos asociados a los mercados digitales. La protección de los consumidores debe ser tan innovadora como el mercado en el que se insertan. Breve, pero significativa, importancia cobró la responsabilidad social corporativa con una mirada crítica el fenómeno conocido como greenwashing.
La vivienda ocupó un lugar central durante el congreso, en línea con la sensibilidad del problema que la asola: desde las nuevas formas de financiación a la colisión entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en el régimen de Derecho penal. Se revisitó la función social de la propiedad y de la vivienda y su garantía constitucional
La vivienda ocupó un lugar central, en línea con la sensibilidad del problema que la asola: desde las nuevas formas de financiación a la colisión entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda en el régimen de Derecho penal. Se revisitó la función social de la propiedad y de la vivienda y su garantía constitucional. La perspectiva interdisciplinar (administrativa, civil, penal, procesal) fue extraordinariamente provechosa al abordar el tema, si bien se insistió en la necesidad de que sea prioritariamente el Derecho civil el que suministre respuestas equilibradas a la crisis habitacional y siempre enarbolando la bandera de la seguridad jurídica.
Otro de los ejes vertebradores del Congreso fue la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Las distintas ponencias abordaron cuestiones de Derecho material y conflictual relacionadas con la discapacidad, las medidas de apoyo, la protección de menores en entornos digitales, el internamiento involuntario y los mecanismos de tutela jurídica de las personas vulnerables. En este ámbito se puso de relieve la importancia creciente de las instituciones preventivas y de la publicidad jurídica como instrumentos de protección efectiva de derechos. En este sentido sólo cabe insistir en el compromiso de los registradores con estos fines: proteger ya no significa únicamente reaccionar frente al daño, sino diseñar instituciones capaces de prevenirlo.
En fin, el Congreso satisfizo con creces la necesidad de establecer un diálogo dinámico y continuo entre la academia y los operadores jurídicos para dar respuesta a los problemas emergentes de la sociedad contemporánea y, en particular, a los que surgen sin tregua de la estrecha relación entre persona, patrimonio y tecnología. El jurista no debe contentarse con señalar el problema ni regocijarse en la laguna o error de la norma: debe proponer una solución y enriquecer el debate con ánimo constructivo. Y la respuesta no puede ser ni unitaria ni suministrarse desde un compartimento estanco: son cada vez más necesarios los enfoques integradores que tengan en cuenta simultáneamente la protección de los derechos individuales, la seguridad jurídica, la eficiencia económica y las oportunidades derivadas de la innovación. En ello residió el éxito del congreso. Así lo pusieron de manifiesto repetidamente los asistentes al emplazarse, sin vacilación ni ambages, a la siguiente edición. En cualquier caso, al menos por ahora, baste adelantar que las valiosas aportaciones se recogerán en una obra colectiva que reunirá las actas del Congreso.
Pau Cuquerella
