Hace unos días se celebró una interesante jornada en el Colegio de Registradores de España, coorganizada con el Consejo de Estado y con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, sobre la ‘gobernanza en red’, dentro del ciclo sobre ‘Una nueva gobernanza para el Siglo XXI’, en el que se abordaron los diferentes retos que plantea la gobernanza del entorno digital. En la actualidad en la que se avanza a grandes pasos en la digitalización de todos los ámbitos, siempre es necesario una reflexión pausada desde distintos ámbitos académicos que contribuyan a una adecuada y más justa aplicación de las herramientas digitales.
En este sentido, Ricard Martínez, director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital de Microsoft y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, explicó en su ponencia que la Inteligencia Artificial, como tecnología, debería ser concebida y aplicada desde la garantía de los Derechos Fundamentales, lo que obliga a aplicar una metodología de diseño que garantice el cumplimiento y garantía de estos derechos y sus consecuencias.
El Reglamento de Servicios Digitales (DSA), aprobado en 2022 y que acaba de entrar en vigor para las grandes plataformas, obliga a nombrar una Autoridad Administrativa Independiente como coordinador de Servicios Digitales y prevé la existencia de organismos sectoriales, también independientes, de resolución de conflictos
Por su parte, Eva Menéndez, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, defendió que, desde el punto de vista de la ciudadanía digital, esta nueva gobernanza en red genera oportunidades para mejorar su condición y sus relaciones, en el ámbito público y privado, pero, al mismo tiempo, la necesidad de prever instrumentos y medidas para acometer dicha transformación y sin que ello contribuya a la llamada brecha digital, inadmisible en las relaciones de la ciudadanía con la Administración.
Una parte importante de la jornada se refirió al concepto de la Cogobernanza de la red. En relación con la misma Borja Adsuara, abogado y profesor de Filosofía del Derecho y Derecho Digital, habló de la “cogobernanza del entorno digital: gobernanza EN red y gobernanza DE la red”, haciendo una reflexión sobre el concepto de gobernanza y su origen etimológico: ‘gobernar’, pilotar una nave; una metáfora muy aplicable a Internet, en la que, desde sus inicios, hay ‘inter-nautas’ que ‘navegan’ por ella.
Esta forma de gobernar, mediante un equilibrio de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil, es lo que en el mundo anglosajón se llama multi-stake-holder (múltiples partes interesadas). Es el modelo que promovió la ONU (desde 2006), a través del Foro para la Gobernanza de Internet y, más recientemente (2022), la UE y EEUU y 42 países más, con la Declaración sobre el futuro de Internet.
El Reglamento de Servicios Digitales (DSA), aprobado en 2022 y que acaba de entrar en vigor (el pasado 25 de agosto) para las grandes plataformas, obliga a nombrar una Autoridad Administrativa Independiente como coordinador de Servicios Digitales (seguramente lo será la CNMC) y prevé la existencia de organismos sectoriales, también independientes, de resolución de conflictos.
Actualmente está en tramitación el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, que no prevé un modelo de cogobernanza. En cambio, antes de su aprobación se pondrá en marcha, este mismo año, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, cuyo Estatuto (recién publicado) la configura como una Autoridad administrativa no-independiente, sino dependiente del Gobierno.
Pero el sistema de corregulación y cogobernanza debería extenderse al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y los planes digitales, para evitar así los inevitables vaivenes que se producen con los cambios de gobierno, a través de un organismo en el que estuvieran las múltiples partes interesadas: administraciones públicas y asociaciones privadas de empresas y de usuarios.
En línea con ello, Nacho Alamillo, abogado y director general de Astrea, habló por su parte de la identidad digital, uno de los problemas más relevantes en el debate sobre la gobernanza global de Internet, derivado de la carencia de una solución eficaz en el diseño inicial de los protocolos de la red. Décadas después sigue sin poder saberse a ciencia cierta quién está al otro lado de una comunicación electrónica.
Es una de las cuestiones que mayor relevancia tiene en relación con la gobernanza digital, un apriorismo. El Reglamento de 2014, de identificación electrónica y los servicios de confianza (eIDAS) creó el primer gran metasistema de gestión de identidad digital en la UE, pero era un instrumento sólo parcialmente útil para el Mercado Único Digital, pues no obligaba a los Estados a introducir medios de identificación electrónica o a autorizar los que hubieran introducido para su uso transfronterizo.
El sistema de corregulación y cogobernanza debería extenderse al diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y los planes digitales, para evitar así los inevitables vaivenes que se producen con los cambios de gobierno
Para superar estas limitaciones y satisfacer nuevas necesidades de la identidad digital, en sentido amplio, la Propuesta de Reglamento eIDAS2 ha introducido: una cartera europea de identidad digital para personas físicas y jurídicas; y la certificación digital de atributos de identidad de personas físicas y jurídicas, expedidas por prestadores de servicios de confianza o por registros públicos.
Además, la Propuesta de eIDAS2 autoriza que la cartera europea de identidad digital sea expedida por el Estado o por mandato del Estado, pero también que el Estado reconozca carteras expedidas por otras entidades, algo que en España puede tener especial sentido, en el caso de personas jurídicas, cuando dichas carteras sean expedidas por Registros jurídicos y administrativos.
Todo ello apunta a la posibilidad de establecer mecanismos de cogobernanza de la gestión de la identidad digital, que garanticen el mejor despliegue de estas soluciones. Algo a considerar en el proceso participativo que se establezca para el desarrollo de la futura legislación española de identidad digital, que debe iniciarse, como en otros Estados miembros de la UE, a la mayor brevedad.
Los Registradores de España seguiremos aportando nuestro grano de arena en esta importante materia para contribuir al mejor servicio a la sociedad.
Ignacio González Hernández
