«Hemos pasado de un Estado profundamente centralizado a una suerte de federalización de rostro autonómico que ha garantizado el libre desarrollo de las nacionalidades y regiones que integran nuestro país”
La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, la primera mujer que ostenta este cargo, destaca el avance que se ha producido al amparo del texto constitucional en materia de igualdad de género.
Este año se conmemora el 40 aniversario de la Constitución española. ¿Cuál es su balance en este aniversario?
El balance de estas cuatro décadas es positivo. Muy positivo. En primer lugar, en el ámbito político, hemos logrado pasar de una dictadura a una democracia avanzada y plenamente consolidada. Y lo logramos a través de una Transición en la que todos tuvimos que hacer concesiones; una Transición que sigue siendo admirada en el mundo. En segundo lugar, donde existía inseguridad jurídica y total desvinculación de los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, hemos construido un Estado de Derecho en el que se ha desarrollado un sofisticado marco de protección de los derechos fundamentales con pleno control judicial, tanto interno como externo, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En tercer lugar, hemos pasado de un Estado profundamente centralizado a una suerte de federalización de rostro autonómico que, aun planteando retos importantes en la actualidad, ha garantizado el libre desarrollo de las nacionalidades y regiones que integran nuestro país. Por último, España ha salido del profundo aislamiento en el que se encontraba inmersa para insertarse plenamente en el proceso de integración europea. Creo, pues, que existen motivos más que suficientes para hacer un balance positivo, aunque obviamente todo balance haya de ser crítico y también existan, por tanto, elementos a mejorar.
El artículo 107 de la Constitución define al Consejo de Estado como el supremo órgano consultivo del Gobierno. ¿Cómo valora el desempeño de su función durante estos cuarenta años? ¿Qué mejoras introduciría para seguir cumpliendo su cometido constitucional?
El Consejo de Estado es una institución que goza de reconocido prestigio como máximo órgano asesor del Estado. Es un foro de debate plural y discusión sosegada que contribuye a la mejora de nuestro ordenamiento jurídico. Su principal activo es, en mi opinión, la calidad y el rigor de sus dictámenes e informes.
Por lo que se refiere a sus posibles mejoras, cabe recordar que en el año 2004 se reformó la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado para adaptar la labor del Consejo a los nuevos tiempos y favorecer el desarrollo de una función consultiva más ambiciosa. Considero que las mejoras pasan por aprovechar las posibilidades que ya ofrece la Ley Orgánica 3/1980. Como ejemplo, en las últimas semanas se ha reactivado la Comisión de Estudios, que no se había reunido en los últimos siete años.
¿Cree que los ciudadanos conocen la trascendencia de la Institución que preside?
Como he señalado, creo que el Consejo de Estado goza de una magnífica reputación, fundamentalmente por la excelencia de sus trabajos. Esto es ampliamente reconocido entre los operadores jurídicos. Ahora bien, hay un amplio margen de mejora a la hora de trasladar esa percepción a la ciudadanía. Deberíamos ser capaces de aunar las legítimas demandas de conocimiento y mayor transparencia con la necesaria preservación de los métodos de trabajo del Consejo, que favorecen la calidad de sus resultados.
El Consejo de Estado vela no sólo por el contenido de las normas sino también por su estructura y armonía. ¿Hemos avanzado en técnica legislativa? ¿Qué recomendaciones de futuro haría para los próximos 40 años?
Efectivamente, no es infrecuente que los dictámenes e informes del Consejo de Estado contengan referencias a la estructura y la coherencia de las normas. La amplitud de las materias sobre las que informa el Consejo, además de la recurrencia de algunos asuntos, hace que esta Institución tenga una visión de conjunto del ordenamiento jurídico muy completa. Por tanto, está en una buena posición para hacer observaciones en materia de técnica legislativa. Lamentablemente, aún queda mucho por mejorar en materia de coherencia en el ordenamiento jurídico y de técnica legislativa.
“El Pleno del Consejo de Estado aprobó el proyecto de reforma constitucional a propósito del aforamiento de los diputados y los senadores y del presidente y los miembros del Gobierno”
¿Cree que es necesaria una reforma de la CE? ¿Qué requisitos considera imprescindibles para abordarla? ¿Mantiene vigencia el informe del Consejo de Estado bajo la presidencia del fallecido Francisco Rubio Llorente?
El mundo, y también España, ha cambiado mucho desde 1978. Es lógico, por tanto, que la norma básica que regula la convivencia democrática de todos los españoles pueda requerir también una cierta adaptación a estos nuevos tiempos. No es, pues, de extrañar que cada vez más actores, públicos y privados, reclamen una reflexión seria sobre la necesidad u oportunidad de reformar la Constitución. Creo que esa reflexión es debida.
Los requisitos para abordar la reforma deberían ser sobre todo la generosidad y lealtad en la negociación, la voluntad sincera de alcanzar acuerdos que reúnan el mayor consenso posible y también sentido de Estado. El consenso es, en todo caso, una cuestión de resultado no de partida. El consenso se logra tras la negociación leal, no antes de empezar a hablar.
En este marco, sin duda alguna, el papel del Consejo de Estado puede ser relevante. De hecho, por poner un ejemplo bien reciente que ilustra sobre el posible papel del Consejo de Estado en eventuales reformas constitucionales, el pasado jueves 15 de noviembre el Pleno del Consejo de Estado aprobó el proyecto de reforma constitucional y el correspondiente informe de trámites que el Gobierno nos había solicitado a propósito del aforamiento de los diputados y los senadores y del presidente y los miembros del Gobierno.
El Informe sobre modificaciones de la Constitución Española, de febrero de 2006, fue el resultado de profundas reflexiones de fondo y de complejísimos debates en el seno de este Consejo durante un año. Finalmente el texto fue adoptado con un amplio consenso; solo hubo un voto en contra. Todo ello hace que muchos de los elementos allí contenidos mantengan su plena vigencia más de 10 años después.
La Constitución consagra la igualdad del hombre y de la mujer. Usted como primera mujer presidenta del Consejo de Estado, ¿considera que la Constitución ha velado adecuadamente por este principio?
Efectivamente, la Constitución, en su artículo 14, establece formalmente la igualdad de todos los españoles y prohíbe toda discriminación por razón del sexo. Es innegable que, al amparo de ese mandato constitucional, en los últimos 40 años se ha avanzado mucho en el ámbito de la igualdad entre el hombre y la mujer. Yo misma, durante mi etapa como vicepresidenta del Gobierno impulsé la aprobación de leyes y normas que contribuyeran a ello. Pero aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad en este ámbito la letra de la Constitución y superar la enorme brecha de género que sigue existiendo en todos los ámbitos del poder. Según el último informe hecho público por el Foro Económico Mundial, al ritmo actual, esta brecha no se cerrará hasta dentro de 100 años.
Ciertamente, el papel que la Constitución y el ordenamiento jurídico pueden jugar en este ámbito tiene sus límites. En este sentido, hay que actuar en la vida real. Ha sido capital el papel desempeñado por los movimientos feministas y va a seguir siéndolo. Necesitamos, además, provocar cambios profundos en la mente de las chicas y los chicos y, en este campo, la educación juega un papel fundamental. Pero probablemente resultaría adecuado pensar en introducir en el catálogo de derechos recogidos en la Constitución una referencia explícita a la igualdad de género, en aras de lograr visualizar más claramente la prioridad del objetivo y lograr una más eficiente aplicación práctica, incluida la inaplazable lucha contra la violencia de género.
