«El compromiso del colectivo de registradores es y está siendo fundamental para que la transformación digital tenga éxito»
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, aborda en esta entrevista algunos de los hitos de su departamento, como está siendo la incorporación a la plataforma SIR (Sistema de Interconexión de Registros) de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. De este modo, se propicia la libre circulación electrónica de documentos y de comunicaciones, judiciales y administrativas, con pleno respeto al principio de prioridad registral. Este mismo sistema se aplicará al registro concursal. Se trata de un paso hacia delante en la transformación digital de la Justicia y de las Administraciones Públicas.
El Congreso está trabajando en uno de los pilares legislativos del Plan Justicia 2030: el proyecto de ley de eficiencia procesal. En él se apuesta por crear una cultura de resolución extrajudicial de los conflictos, incentivando la utilización de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MASC). ¿Cree que nuestra sociedad está preparada para este cambio de paradigma?
La Constitución Española de 1978 establece como uno de sus principios y derechos la participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos, entre los que se encuentra la Administración de Justicia. El actual marco normativo nos permite constatar que la participación ciudadana en la esfera de la Justicia es una realidad que debemos potenciar y fomentar.
Siguiendo dicho punto de partida, el Ministerio de Justicia está desarrollando, con base en la Agenda 2030, un Plan Estratégico de Actuación de lo que debe ser la Justicia en los próximos años, estableciendo los cauces principales para transformar este servicio público.
La Justicia ha de tutelar los derechos de la sociedad resolviendo los conflictos que surgen entre la ciudadanía. Los cambios que la sociedad está experimentando en estos últimos años, la consiguiente transformación tecnológica y los problemas sociales han traído como consecuencia un aumento de la litigiosidad.
La gestión de esa conflictividad debe desembocar en una mayor cohesión social, en la que la Justicia desempeñe un papel trascendental para resolver los litigios que puedan surgir en las relaciones personales, profesionales o comerciales de la ciudadanía.
Por ende, dentro del Plan Justicia 2030 se ha hecho especial hincapié en la incorporación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) a la Administración de Justicia, apostando por la introducción de mecanismos que resuelvan las disputas entre los ciudadanos sin tener que acudir a las oficinas judiciales. Una medida que incrementa el protagonismo de las profesiones jurídicas para resolver estos conflictos, especialmente gracias al papel negociador de los abogados, abogadas, procuradores, procuradoras, mediadoras, mediadores, graduados y graduadas sociales, notarios, notarias o registradores/as de la propiedad. Estos y otros profesionales van a ser protagonistas en la incorporación de los MASC.
Nuestra sociedad no solo está preparada para este cambio, sino que estamos convencidos de que lo va a interiorizar de forma rápida, haciendo que la incorporación de los MASC sea una realidad.
La conciliación ante el registrador, la mediación o el arbitraje. ¿Cómo cree que los registradores pueden colaborar en este cambio jurídico, pero también cultural?
Nuestro sistema jurídico cuenta con grandes profesionales que desempeñan una función esencial en el objetivo de conseguir una Justicia más ágil, eficiente y efectiva para la ciudadanía. Entre ellos, notarios y notarias y registradores y registradoras de la propiedad y mercantiles, quienes, como servidores públicos, disponen de una cualificación técnica y realizan una función muy relevante en nuestra sociedad, por lo que están llamados a desempeñar un importante papel en el ámbito de la resolución dialogada de los conflictos.
En el caso de los registradores y las registradoras quiero destacar su gran labor profesional, consecuencia de un conocimiento directo y especializado en el ámbito del derecho de propiedad y en el del mercantil. A estos profesionales se les ha encargado legalmente ocuparse de aquellas materias donde su grado de preparación y su experiencia técnica favorecen la efectividad de los derechos y la obtención de la respuesta más pronta para el ciudadano.
Un ejemplo claro es la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, norma en la que se encomienda a los colectivos de notarios y registradores determinados expedientes en exclusividad. El Título IX de esta ley establece el régimen jurídico del acto de conciliación de forma completa, trasladando y actualizando la normativa anterior, contemplando la intervención de otros intermediarios u operadores jurídicos.
Los registradores y registradoras llevan a cabo una importante labor de conciliación, mediación y arbitraje, fomentando con su intermediación que las partes alcancen un acuerdo mediante un procedimiento confidencial y voluntario. De esta forma, con su intervención, velan por la seguridad jurídica de todo el proceso, calificando documentos o facilitando durante su desarrollo la información necesaria.
A partir de la entrada en vigor de la ya citada Ley de la Jurisdicción Voluntaria desde los registros de la propiedad y mercantiles se ha apostado firmemente por la conciliación como medio consensuado para solucionar los conflictos de la ciudadanía. Así se puso de manifiesto en las I Jornadas de Conciliación Registral y Mediación, celebradas en 2020, que contaron con la participación de destacados profesionales del derecho.
“La futura Ley de Eficiencia Digital asegura el derecho fundamental de acceso a la Justicia en el nuevo entorno digital y pone el foco en las personas que se relacionan con la Administración de Justicia para hacer de esta una administración inclusiva, especialmente sensible con los colectivos más vulnerables”
Otro de los pilares del Plan Justicia 2030 es la eficiencia digital. La transformación digital de la Justicia abre un nuevo cauce para el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, pero puede generar, entre otras, brechas geográficas, económicas, de género, edad o discapacidad. ¿Qué medidas se están adoptando desde el ministerio para construir una Justicia accesible e integradora?
Desde el Ministerio de Justicia estamos creando, de acuerdo al Plan Justicia 2030, un marco jurídico sólido que regule de forma eficiente los servicios que se prestan desde la Administración de Justicia a la ciudadanía.
El pasado 19 de julio el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Eficiencia Digital, entre cuyos principales objetivos se encuentra situar la Administración de Justicia española a la vanguardia del empleo de las tecnologías en la Unión Europea.
La futura Ley de Eficiencia Digital asegura el derecho fundamental de acceso a la Justicia en el nuevo entorno digital, poniendo precisamente el foco en las personas que se relacionan con la Administración de Justicia, para hacer de esta una administración inclusiva y especialmente sensible con los colectivos más vulnerables. Partimos de que la tecnología ha de adaptarse a las necesidades de la ciudadanía y no al contrario. Este texto es resultado del compromiso del Ministerio de Justicia con la eliminación de las diferentes brechas detectadas: territorial; edad; educación; género; poder adquisitivo; relacionada con la discapacidad; etc. Brechas que se pueden combatir o minimizar a través del uso la tecnología.
Me gustaría destacar algunos de los proyectos que estamos desarrollando para conseguir su eliminación:
La Carpeta Justicia, que será el espacio privado que facilitará la relación de la ciudadanía (y también de los profesionales) con la Administración de Justicia, ofreciéndoles información sobre el estado de los expedientes en los que intervengan y la posibilidad de acceder a las notificaciones pendientes o de consultar los datos en poder de la Administración de Justicia.
La creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, que van a acercar al ciudadano la posibilidad de realizar trámites procesales o de carácter administrativo desde una oficina con todas las garantías y sin necesidad de desplazarse a la capital del partido judicial. Los principales objetivos de estas oficinas son la eficiencia, la cercanía y la cohesión territorial, facilitando la inmediación y presencia digital de toda la ciudadanía, independientemente de su localización, su edad, su formación, sus cargas familiares, o sus posibilidades económicas.
El Escritorio Virtual de Interacción Digital (EVID), que permite efectuar actuaciones procesales con plenas garantías de identificación y firma digitales, incluso desde un teléfono móvil, sin necesidad de que el compareciente tenga certificado electrónico ―como a través de cl@ve, donde están dados de alta quince millones de españoles―, que a día de hoy ya han ahorrado multitud de horas y costes. Esto, unido a los más de 2 500 000 procedimientos de todos los niveles de la Administración que se pueden realizar con identificación o firma digital, nos posiciona a la vanguardia mundial en esta materia.
En el marco del EVID, vamos a poner en marcha la iniciativa “Discapacidad”, que consiste en la dotación de unos dispositivos sencillos e intuitivos para que todas las personas que tengan que actuar como comparecientes en un acto procesal puedan hacerlo de manera fácil, sin importar que tengan discapacidades psíquicas o físicas o requieran de asistencia,
Nuestro apoyo a estas personas se traduce también en proyectos como la habilitación de un canal para poder solicitar a través de Acceda la revisión de medidas para la discapacidad. Este propósito nace con el objetivo de avanzar en la automatización de las actuaciones relacionadas con la nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica para lograr una mayor agilidad en los procesos de revisión de medidas de tutela en aquellos casos (aproximadamente el 80% de los casi 300.000 fruto de revisión) donde la situación clínica del tutelado no es susceptible de mejora.
“Desde la entrada en vigor de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, desde los registros de la propiedad y mercantiles se ha apostado firmemente por la conciliación como medio consensuado para solucionar los conflictos de la ciudadanía”
Se está tramitando la ley que va a generalizar el registro electrónico, ya implantado totalmente en el Registro de Bienes Muebles, muy avanzado en el Registro Mercantil y en el de la Propiedad. ¿Qué aspecto destacaría de la ley?
Este ministerio ha hecho una apuesta decidida por la digitalización de los procesos, tanto judiciales como administrativos, por lo que las actuaciones notariales y registrales no pueden disociarse de esa dirección.
Actualmente se está tramitando en las Cortes un proyecto de ley de trasposición de Directivas europeas en diferentes ámbitos referidos a productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, materia tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales. Es decir, el proyecto de ley viene motivado por el derecho europeo, no únicamente por el nacional, lo cual enfatiza la necesidad de emprender este camino. Además, no podemos dejar de lado el hecho de que la digitalización de la economía y de los procedimientos e instituciones que permiten su correcto funcionamiento, como lo son los registros jurídicos. constituye un eje esencial de la estrategia de la actual Comisión Europea.
Este proyecto supone una serie de modificaciones trascendentales en el ordenamiento jurídico, desde la Ley del Notariado a la Ley Hipotecaria o el Código de Comercio, afrontando, en suma, una reforma fundamentalmente de procedimiento, facilitando la interoperabilidad de los registros, que ha sido bien recibida por el conjunto de profesionales a quienes va dirigida. Asimismo, hay que destacar que se regula por primera vez la utilización de sistemas de videoconferencia en las relaciones con los interesados para el ejercicio de las funciones públicas registrales. Se pretende así avanzar en la comunicación e integración de los registros y, con ello, en la mejora del servicio público brindado a la ciudadanía.
Para conseguir el objetivo de transformar la Justicia en un servicio público eficiente y sostenible desde el ministerio se ha puesto el foco en el impulso de la cogobernanza. ¿Qué valoración hace de este sistema de colaboración entre administraciones?
Sin duda la clave del gran éxito de las iniciativas emprendidas y las que están por venir ha sido la cogobernanza, que ha permitido que trabajemos juntos todas las administraciones públicas con competencias en las materias de nuestro ámbito. Esta idea de colaboración entre todas las instituciones y organismos implicados hemos podido verla concretarse en el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), donde estánn representados el Ministerio de Justicia; el Consejo General del Poder Judicial; la Fiscalía General del Estado y todas aquellas comunidades autónomas con competencias en Administración de Justicia. En su seno, además, se trabaja con todos los agentes concernidos, incluidos los profesionales jurídicos (abogacía, procura y graduados sociales) y también otros ministerios o administraciones, cuando así lo requiere el asunto a tratar.
La cogobernanza ha permitido lograr avances para que todos los sistemas de gestión procesal del Estado sean interoperables entre sí, sin que esto suponga costes adicionales, reutilizando los sistemas ya existentes. El principal objetivo es abordar la itinerancia entre los distintos sistemas de gestión procesal y los órganos centrales, principalmente el Tribunal Supremo, de acuerdo con la normativa técnica definida por el CTEAJE, de expedientes judiciales electrónicos y sus documentos asociados,
Ya se ha logrado la integración entre el Sistema de Gestión Procesal, LexNET y el Sistema de Intercambio de Registros, que permite la comunicación de la Administración de Justicia con el resto de administraciones públicas.
También me gustaría destacar el proyecto sobre el Nuevo Registro Civil, que tiene en cuenta tanto las necesidades de los destinatarios de este servicio público, la ciudadanía, como las del personal de las administraciones públicas y de los colectivos que interactúan con el Registro Civil. Este nuevo Registro pasa de un modelo centrado en los hechos a uno centrado en las personas, totalmente digital en todo el territorio español.
La cogobernanza tiene además su reflejo en el ámbito internacional. En este sentido, España está liderando la implantación tecnológica del portal e-EDES, incluso dando soporte a otros países, y ha sido el primer Estado miembro en enviar y recibir una orden europea de investigación (OEI) a través de este portal. Aprovechando esta experiencia adquirida a nivel europeo estamos impulsando también la puesta en marcha del intercambio equivalente con los países iberoamericanos que quieran participar en el proyecto.
«Finalmente, me gustaría destacar que otro gran éxito de la colaboración y cogobernanza entre las administraciones y el Ministerio de Justicia fue la celebración el pasado mes de abril del “Foro de Transformación Digital de la Justicia”. Organizado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el CTEAJE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y el Ministerio de Justicia, tenía como objetivo impulsar la cocreación de valor entre las diferentes administraciones, la ciudadanía, organizaciones, asociaciones y el sector privado. En él tuvimos la suerte de poder contar con la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, quien participó muy activamente en el grupo de trabajo de seguridad jurídica digital. Por cierto, del foro han salido diferentes grupos de trabajo en los que intervienen representantes del ámbito público y del privado que están perfilando proyectos de innovación que permitirán mejorar el servicio público de Justicia.
Como se puede ver, todos los pasos que se vienen dando y que están transformando la Administración de Justicia van dirigidos a lograr, utilizando como base el principio de cogobernanza, un servicio público de Justicia sostenible y eficiente.
El Ministerio de Justicia ha impulsado el Manifiesto del Dato, un documento que recoge todos los aspectos políticos y técnicos para el uso de los datos en el servicio público de Justicia. ¿Qué trascendencia van a tener los datos en el nuevo modelo de transformación digital?
Como ya hemos comentado España es uno de los países referente en Justicia digital de nuestro entorno y se entre los cinco primeros países de la Unión Europea (UE) en servicios públicos digitales, lo que la sitúa por encima de la media de la propia UE, según recoge el Índice de la Economía y la Sociedad Digital (DESI).
En general, la Justicia y su expediente y documento digital están orientados al documento. Ahora se pretende romper con este paradigma y pasar a una orientación al dato. El dato es un valor tecnológico que va a posibilitar la obtención de información necesaria por parte de las administraciones públicas para responder a las necesidades y retos que plantea la nueva sociedad digital.
Uno de los primeros proyectos que pronto verá la luz es el Portal de datos de la Administración de Justicia, una plataforma interadministrativa de datos con acceso abierto y por perfiles, a través de la cual se integran los distintos sistemas de información cuantitativa desagregada y georreferenciada, tanto de la Administración de Justicia como de otras administraciones públicas, lo que puede facilitar la adopción de políticas públicas basadas en datos reales y objetivos.
En aras de impulsar y dar a conocer el valor de la Justicia orientada al dato el pasado mes de octubre celebramos el primer simposio “Justicia y Derecho en Datos”. En este evento, organizado por el Ministerio de Justicia en colaboración con la Universidad de Salamanca, abordamos el papel del dato como bien público fundamental para un buen funcionamiento de los servicios ofrecidos a la ciudadanía, exponiendo las diferentes perspectivas sobre innovación en el ámbito de la Justicia. Asimismo, se analizaron las experiencias y colaboraciones entre el sector público y privado. Puedo adelantarles que tenemos muy avanzados los trabajos tendentes para una nueva edición.
En conclusión, el dato es un aliado indispensable para todas las administraciones públicas y desde el Ministerio de Justicia vamos a seguir trabajando de manera especial para ponerlo al servicio de la ciudadanía y mejorar la calidad y transparencia de la adopción de políticas públicas, consiguiendo una justicia más eficaz y cercana.
Otra innovación relacionada con la modernización del servicio público de Justicia es la implantación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial. ¿Qué papel está llamada a desempeñar esta tecnología en el proceso de transformación de la justicia?
La inteligencia artificial está llamada a facilitar tareas de gestión y tramitación, pero en ningún caso a la toma de decisiones judiciales.
Utilizando técnicas de aprendizaje estadístico por ordenador basadas en aprendizaje profundo (deep learning) se están abordando proyectos que permitirán la clasificación documental automática o la anonimización de documentos.
Entre los sistemas de inteligencia artificial que hemos desarrollado y que ya están funcionando con gran aceptación en la Administración de Justicia se encuentra la textualización de grabaciones, que permite a los usuarios acceder a declaraciones o manifestaciones concretas realizadas durante la actuación judicial de la vista sin tener que hacer la visualización completa del acto, entre otras muchas funcionalidades. En los últimos doce meses se han realizado más de 400 000 en toda España, logrando la transcripción a texto en tiempo real a gran velocidad y con precisión, permitiendo además el ahorro de más de 105 000 horas de trabajo empleadas en búsquedas, que se han podido dedicar a tareas de mayor valor añadido.
Otra perspectiva interesante, es el uso de procesos de robotización. Actualmente contamos con varios ejemplos de éxito con el uso de estos sistemas. Como la concesión de nacionalidad, cuyo procedimiento tiene tramites muy tediosos como la comprobación de que la información grabada en el expediente coincide con la información que tiene la policía sobre la persona objeto del proceso de concesión de la nacionalidad.
O el proceso de robotización de cancelación de antecedentes penales, que permitió con su puesta en marcha en el año 2021 la cancelación en una sola semana de 142 000 causas, lo que equivale al trabajo de un funcionario a tiempo completo durante cinco años.
En definitiva, el impacto de la inteligencia artificial y de la Justicia orientada al dato es transversal y sin duda va a contribuir a que la Justicia sea más ágil, redundando en una mayor seguridad jurídica y mayor confianza de los inversores en nuestro país.
“La inteligencia artificial está llamada a facilitar tareas de gestión y tramitación, pero en ningún caso a la toma de decisiones judiciales”
Los registradores continuamos potenciando e implementando los procedimientos telemáticos, interconectándonos con el resto de administraciones públicas, para ofrecer un servicio público cada vez más cercano a la ciudadanía y sin merma de la seguridad jurídica. ¿Cómo valora nuestro compromiso con las tecnologías en el proceso de transformación digital que se está desarrollando en la Administración de Justicia?
El compromiso del colectivo de registradores es y está siendo fundamental para que la transformación digital tenga éxito. Los registradores y las registradoras, debido a su estructura, prestan un servicio público de proximidad a la ciudadanía y favorecen la seguridad jurídica. Están avanzando, igualmente, en la seguridad jurídica digital mediante la implantación desde hace años de cada vez más trámites electrónicos. Son depositarios de unas funciones públicas esenciales para impulsar la confianza de la ciudadanía y favorecer la economía, sobre todo en materia hipotecaria y mercantil.
Sin embargo, queremos seguir avanzando en la gestión digital de los registros, para incluir la digitalización y la orientación al dato. Precisamente para progresar en este camino el Ministerio de Justicia está impulsando la Ley de Herramientas Digitales, que de manera paralela a la Ley de Eficiencia Digital prevé determinadas modificaciones de la Ley Hipotecaria, con el fin de lograr un Registro más digital, más cercano y más accesible a la ciudadanía.
Son de resaltar en este ámbito los esfuerzos de intercambios electrónicos que se están llevando a cabo por parte de los registradores, no solo con la Administración de Justicia, sino también con el resto de administraciones públicas. Esto está favoreciendo compartir información de manera segura y actualizada, evitando la presencialidad obligatoria cuando no sea estrictamente necesaria. Esto fue de mucha utilidad, por ejemplo, ante el incremento de ejecuciones hipotecarias y procedimientos en materia concursal que hubo a raíz de la crisis económica de los últimos años.
El Ministerio de Justicia está trabajando en herramientas basadas en inteligencia artificial que pueden ser muy interesantes para los colectivos profesionales, como el anonimizador de documentos que consigue que a partir de un documento que deba estar sujeto a una especial protección, por contener identificación de sujetos especialmente protegidos, como por ejemplo menores o situaciones de vulnerabilidad, se pueda aplicar el reconocimiento de entidades nominales que identifique la información relativa a dicha persona y proceder a su anonimización de diferentes modos: sustitución por determinados caracteres, ocultarse o reemplazarse por aquéllas entidades que pertenezcan a la misma categoría.
También se ha puesto en marcha un clasificador automatizado de documentos que, mediante un procesamiento de su contenido, permite averiguar en segundos de qué tipo documental se trata, a qué familia de documentos pertenece, y a qué procedimiento judicial está asociado. Además del sistema de Dictado Jurídico.
El proyecto del Nuevo Registro Civil, del que hemos hablado antes, puede ser aprovechado e impulsado por los registradores y las registradoras, por ejemplo, con la obtención telemática de certificados del Registro Civil que beneficia tanto al personal de los registros como a la ciudadanía.
El portal web de los registradores permite a los ciudadanos que lo deseen relacionarse telemáticamente con los registros e incluso presentar documentos electrónicos directamente, especialmente en el ámbito de bienes muebles, mercantil, y publicidad. Esto fue esencial en la pandemia para no parar el tráfico jurídico. Sin embargo, seguimos ofreciendo atención personalizada en todos los registros de la geografía española de modo presencial, todos los días del año. ¿Cómo valora nuestra presencia en la llamada España vaciada?
El Gobierno de España ha diseñado una estrategia holística dirigida a afrontar los distintos componentes del reto demográfico y de la España vaciada. Dentro de ella, el Ministerio de Justicia impulsó el Proyecto de Interacción Digital, el cual tiene una importante trascendencia social, pues supone el establecimiento de nuevos modelos de relación y tramitación no presencial en la Administración de Justicia con la ciudadanía, empresas y profesionales, con plena seguridad jurídica. Esto se traduce en una mayor comodidad para la ciudadanía que, a golpe de clic, desde cualquier lugar, puede realizar los trámites para los que antes tenían que acudir presencialmente al órgano judicial y dedicar, en muchos casos, un día completo.
Pero, igualmente, para no dejar a nadie atrás en la España vaciada (donde la posible presencia de brechas sociales se agrava) resultarán fundamentales las Oficinas de Justicia en los municipios, que prestarán asistencia cuando sea necesaria la interacción presencial.
Junto a estas nuevas unidades de la Administración de Justicia que se establecerán en cada municipio de España y constituirán directamente la puerta de acceso al servicio público de Justicia en él, la presencia de los registros por toda la geografía española constituye una garantía de prestación de servicio en todo el país. Con su implantación se podrá atender a los 14 000 000 de habitantes de dichos municipios, que no tendrán así que desplazarse cada vez que tengan que realizar un trámite con la administración, con un impacto especialmente positivo en el caso de grupos vulnerables, para quienes es muy importante la eliminación de barreras tecnológicas, económicas y digitales.
Además, dicha presencia registral señalada en la pregunta, contribuye a la generación de actividad y riqueza, por lo que la valoración por parte del ministerio no puede ser más positiva.
