Opinión

La presencia en mi vida de la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario ha sido casi una constante. Cuando vivía con mis padres, cada número llegaba a casa con periodicidad infalible, y aunque durante la infancia poco interés podía despertar en mí una vez iniciado en el oficio de juez, sí se convirtió, allí donde tuviera acceso a la revista, en elemento de consulta, aprendizaje y ayuda para casos difíciles.

Empezamos un nuevo año, y parece un momento adecuado para pensar sobre el que murió y el que ahora nace. Todos lo hacemos, consciente o inconscientemente, y es una costumbre que debemos fomentar.

Nunca desde la II Guerra Mundial la relación entre EE UU y sus aliados en Europa ha sido tenue e inestable como desde el regreso en enero de Donald Trump a la Casa Blanca. Basta con recordar desde sus ambiciones territoriales sobre la Groenlandia danesa hasta la nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense que arremete contra la Unión Europea.

Mal comienzo el de este 2026. Otra vez Donald Trump. Otra vez en medio de la Navidad. Otra vez una patada a la legalidad.

Muchas son las incertidumbres económicas del año que arrancamos. Dejamos un 2025 en el que no se ha dejado de repetir que el ritmo de crecimiento ha sido alto: el PIB de España en el tercer trimestre de 2025 avanzó a ritmos de un 0,6% respecto al trimestre anterior, lo que supone una décima menos que la del segundo trimestre de 2025.

No hay mejor ejemplo de que las proyecciones económicas pueden terminar siendo un delirio que lo sucedido en diciembre de 2019. El Banco de España presentó ese mes sus nuevas previsiones para el año siguiente, como es habitual, y la apuesta era que continuaría la bonanza en 2020, aunque con una "desaceleración gradual".

Dedicamos la portada de este número de la revista a María Rosario Jiménez Rubio, que el 1 de diciembre pasado tomó posesión como decana de los registradores de la propiedad mercantiles y de bienes muebles de España, y que en su interior incluye una amplia entrevista en que la que nos detalla las principales líneas de su mandato.

El servicio público registral tiene una misión clara: garantizar la seguridad jurídica en el tráfico económico y mercantil. Cada asiento practicado en los registros de la Propiedad y Mercantiles es una pieza clave para dar certeza a las transacciones y proteger derechos.

La Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, es una reforma estructural de gran calado que celebra su décimo aniversario.

Es reiterada la doctrina tanto de la DGSJFP como de los tribunales de justicia sobre uno de los principios básicos de nuestro sistema registral, el de tracto sucesivo, como trasunto del principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (art. 24 CE) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art. 1 LH).