“El fondo de recuperación europeo tiene un doble objetivo: superar la crisis y modernizar nuestras economías”
Del “esfuerzo sin precedentes” realizado por el Gobierno para proteger el tejido productivo, las rentas de las familias y el empleo, hablamos con la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, en una entrevista en la que también se abordan cuestiones como la creación del Fondo de Recuperación Europeo, la actividad normativa desarrollada por el ministerio o la respuesta de la Institución Registral durante el estado de alarma.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea alcanzaron un histórico acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para salvar a sus economías del colapso provocado por la crisis de la COVID-19. ¿Cómo se valora desde el ministerio este acuerdo? ¿Qué repercusiones tendrá para nuestro país?
Es un gran acuerdo para España y Europa. Marca un nuevo camino y abre la puerta a nuevos instrumentos financieros, a una respuesta común a este reto que tenemos por delante.
El fondo de recuperación lo que hace básicamente es permitir que la Comisión Europea se endeude por 750.000 millones de euros para apoyar la recuperación. De este importe, 390.000 millones se realizan para hacer transferencias a los Estados miembros, 360.000 serán préstamos, y lo que es más relevante, es la primera vez que la Comisión se endeuda para este fin, no sólo para préstamos, sino para apoyar programas. Este fondo tiene un doble objetivo: por una parte sirve para que los países podamos superar la crisis lo antes posible, y por otra, y esto es muy importante, para que modernicemos nuestras economías, para que lo utilicemos en proyectos que impulsen el crecimiento potenciado que modernice nuestro país. Este es el enfoque del instrumento y por lo que creo que es tan positivo.
Ante el impacto económico y social causado por la pandemia, el Gobierno puso en marcha una serie de medidas económicas para proteger a familias, trabajadores, autónomos y empresas. ¿Qué balance se puede hacer del impacto que han tenido estas actuaciones?
Se ha hecho un esfuerzo sin precedentes por proteger el tejido productivo, las rentas de las familias y el empleo. La respuesta de política económica y social ha estado a la altura de las circunstancias. Hemos movilizado recursos por importe de un 20 por ciento del Producto Interior Bruto, lo que da idea de la magnitud de la movilización en términos de apoyo presupuestario y de liquidez.
Y si miramos también la efectividad de estas medidas comprobamos que en España los instrumentos no solo es que se hayan puesto a disposición de la sociedad, sino que se han utilizado. Las estimaciones que hacemos es que han evitado una caída del PIB que habría superado el 25 por ciento este año, con una pérdida de más de tres millones de empleos adicionales.
Una de las medidas adoptadas durante el estado de alarma fue el establecimiento de una moratoria legal de hipotecas. Entre los documentos a aportar para solicitar su concesión se incluía una nota registral del Servicio de Índices. Dada la situación de vulnerabilidad de los solicitantes, dicha nota se remitió por un procedimiento completamente telemático, y con carácter gratuito. ¿Cómo valora esta adaptación del procedimiento a la situación excepcional de esos meses?
Lo valoro muy positivamente. La pandemia ha puesto de manifiesto que teníamos que hacer un esfuerzo para proteger a los más vulnerables, por lo que hemos realizado un ejercicio muy cuidadoso para ver quiénes eran los colectivos que recibían este tipo de moratorias excepcionales, ya que también había que mantener el funcionamiento normal del sistema financiero. En consecuencia, también era importante que hubiera algún tipo de justificación de la situación y por eso, como en todo en lo que es importante tener la acreditación, el Registro tiene un papel relevante que jugar. El haber podido tener acceso gratuito y telemático a la nota del Registro de todos los miembros de la unidad familiar, ha sido un factor absolutamente relevante que ha permitido que más de 1,3 millones de personas se hayan podido beneficiar de una manera rápida, eficiente y gratuita. La valoración general es muy positiva.
“Estamos absolutamente empeñados en la digitalización de procesos en el ámbito jurídico porque es un elemento que mejora notablemente la competitividad, aumenta la eficiencia, contribuye a reducir costes y agiliza el manejo de la información. Y en esa línea me consta que está trabajando el Registro”
El Gobierno de España ha puesto a disposición de empresas y autónomos afectados por la COVID una línea de avales de financiación bancaria por un importe máximo de 100.000 millones de euros. ¿Cómo han respondido empresas y autónomos? ¿Cree que será suficiente?
La línea se puso en marcha a los tres días de la declaración del estado de alarma. La capacidad de reacción de la Administración y del Gobierno fue muy rápida. Se diseñó de manera que se pudiera movilizar lo más rápidamente posible en colaboración con las entidades financieras, de forma que el sector privado y el público pudiéramos trabajar conjuntamente. El diseño y la activación por tramos de estos fondos lo que nos ha permitido es que el programa esté a la cabeza en términos de utilización si nos comparamos con los programas similares que se han puesto en marcha en otros países. En este sentido es importante destacar que han colaborado más de cien entidades financieras en todo el territorio, puesto que se trataba de que todos los ciudadanos pudieran tener acceso y que todas las entidades financieras se involucraran y fueran conscientes de la importancia de tener estos instrumentos de liquidez. Esto es lo que ha hecho posible que el programa haya sido un éxito.
Los últimos datos que tenemos disponibles reflejan que se han avalado más de 800.000 operaciones, el 98 por ciento dirigidas a pequeñas empresas y autónomos, movilizando más de 75.000 millones de avales públicos y más de 100.000 millones de financiación total, con un volumen de 10.000 operaciones diarias en los primeros meses. Esto da una idea de la reacción del ICO y de las entidades financieras, que ha sido muy importante.
Estamos por tanto en una utilización de más de 76.000 millones de euros sobre estos 100.000, y ahora hemos puesto en marcha una segunda fase que lo que hace es no solamente permitir la financiación de circulante, sino avanzar en la solvencia y en la financiación de inversiones que estaban retenidas y que son importantes para la modernización del país en áreas como la digital o la economía verde. Creo que los fondos están siendo suficientes y la reacción muy positiva.
España ha solicitado a la Comisión Europea el acceso al programa SURE, un instrumento de mitigación de los riesgos de desempleo que permite financiar con préstamos comunitarios los programas de apoyo a trabajadores, autónomos y empresas. ¿Qué efectos tendrá para nuestro país este instrumento comunitario?
El SURE es un mecanismo que nos va a permitir financiar el apoyo público que se ha otorgado a través de los ERTE y de la prestación extraordinaria para los autónomos. Es una medida de una enorme relevancia en términos cuantitativos pero también cualitativos. En España llevábamos meses apoyando la necesidad de crear un instrumento de cobertura de desempleo europeo. El diseño se ha hecho en la línea que habíamos trabajado y está bastante adecuado a la financiación del apoyo público a los expedientes de regulación temporal de empleo. La Comisión Europea ha anunciado su propuesta de asignar a España 21.300 millones de euros, que está en línea con nuestra propuesta, y que convierte a nuestro país en el segundo mayor beneficiario de este instrumento. Creo que su adecuación a las necesidades que hemos tenido es muy relevante.
El Ministerio de Asuntos Económicos ha aprobado una Orden Ministerial que modifica la Orden de transparencia y protección de clientes de servicios bancarios. ¿Cuál es el aspecto más destacado de esta nueva norma?
En el ámbito normativo la actividad en el ministerio ha sido ingente en los últimos meses. Primero como consecuencia del COVID, de la coordinación de todos los decretos ley que hemos hecho en economía, pero luego había temas relevantes y de fondo en los que seguíamos trabajando, y la Orden Ministerial de revolving es uno de ellos.
El objetivo es reforzar la seguridad de los usuarios de estos créditos revolving que están habitualmente asociados a instrumentos de pago como las tarjetas, y que tienen una situación de pago indefinido, con lo cual al final el cliente no sabe muy bien en ocasiones cuáles son las condiciones financieras. El objetivo es mejorar la transparencia y la información que las entidades tienen que dar a los usuarios en todas las fases, de forma que conozcan las características de un producto que es necesario a veces, que puede ser útil, pero en el que hay que ser extremadamente cuidadosos para evitar situaciones en las que luego la deuda sea insostenible.
El Consejo de Ministros aprobó para su remisión a las Cortes Generales el Proyecto de Ley de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de las sociedades cotizadas, que modifica el texto refundido de la Ley de sociedades de capital. ¿Qué cambios introduce? ¿Cuáles son sus fines?
El objetivo de esta norma es mejorar el gobierno corporativo y la información en el caso de sociedades cotizadas, de forma que tengan un mayor acceso a la financiación a los mercados y crezcan de manera más sostenible, creen empleo de calidad y puedan aportar mayor valor a la economía.
El proyecto lo que hace es introducir modificaciones para mejorar la competitividad del mercado español frente a otros, de forma que se mantiene la protección de los inversores pero se adapta la publicación de la información a la que nos dice la normativa europea.
Entre las cuestiones más destacables la norma establece que las empresas puedan conocer la identidad de sus inversores para facilitar el ejercicio de sus derechos y su implicación a largo plazo en la sociedad. También obliga a las instituciones de inversión colectiva a hacer pública su estrategia de implicación con la compañía, de forma que se evite la volatilidad y el inversor sepa qué tipo de aproximación se hace a la inversión en la empresa. Además, se regula por primera vez la figura de los asesores de voto, que en España no estaba regulada; se incrementa la transparencia de las operaciones con partes vinculadas, la remuneración de los consejeros, se adapta la norma española al entorno internacional y permite las acciones de lealtad, que era también otra de las cuestiones que en otros países de nuestro entorno tenían y que en España no estaban reguladas.
“El Centro Registral Antiblanqueo y el Registro de Titularidades Reales son dos instrumentos muy relevantes en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”
Desde el Ministerio de Asuntos Económicos se está avanzando en el refuerzo de los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sacando a audiencia pública el Anteproyecto de Ley que transpone la Directiva comunitaria UE 2018/843. Los registradores estamos muy comprometidos en esta materia a través del Centro Registral Antiblanqueo y del Registro de Titularidades Reales. ¿Cómo valora nuestro trabajo en esta lucha que a todos concierne?
Los instrumentos que tenemos para luchar contra el blanqueo de capitales en España son eficientes y muy bien valorados por las instituciones internacionales. En el último examen del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) el reconocimiento del trabajo de España ha sido clarísimo. Y esta mejora es posible por la colaboración de todos los actores y porque todos estamos en la misma lucha.
En el ámbito de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, hay dos instrumentos que son muy relevantes. En primer lugar el Centro Registral Antiblanqueo, cuya labor valoramos de forma absolutamente positiva porque es un instrumento fundamental para la lucha contra el blanqueo, no solamente por la cantidad de información que aporta, sino por la calidad de esta información. Creo que se ha hecho un ejercicio de diseño preciso y que nos está siendo muy útil. En segundo lugar el Registro de Titularidades Reales, otro instrumento de información muy valiosa, ya que poner a disposición de las autoridades la información actualizada de los titulares reales de las personas jurídicas está mejorando también el seguimiento por parte del sector financiero de estas titularidades y por tanto la prevención del blanqueo. Este es un trabajo en el que la mejora de los instrumentos que tenemos ha permitido tener un sistema de prevención más eficiente, y desde luego la colaboración de los registros ha sido estupenda.
Durante el estado de alarma los registros, como servicio público esencial, permanecieron abiertos para garantizar el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica, societaria y financiera, realizando un importante esfuerzo que permitió en tiempo récord que más de 4.000 empleados de estas oficinas prestaran sus servicios en la modalidad de teletrabajo. ¿Cómo valora la respuesta de la Institución Registral ante una situación tan excepcional?
El COVID ha puesto de manifiesto cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos como país. Creo que una de estas fortalezas es, sin duda, la capacidad de nuestra sociedad de reaccionar, de adaptarse, de dar respuesta ante una situación tan extraordinaria, y de dar todos lo mejor de nosotros mismos. Si hubiéramos pensado hace unos meses que íbamos a teletrabajar todos, a hacer decretos ley o a mantener el funcionamiento de los registros teletrabajando, hubiera sido inimaginable.
Creo que la consideración del Registro como servicio esencial durante el estado de alarma ha sido muy relevante para el trabajo de los registradores. Aunque supuso un esfuerzo adicional, también ha servido para reconocer el papel esencial de los registros en el mantenimiento de la actividad.
El presidente del Gobierno presentó la nueva agenda España Digital 2025, a la que consideró como uno de los pilares estratégicos en los que debe asentarse la recuperación económica de España. Específicamente se propone la digitalización de la Administración Pública en el ámbito de la justicia y de las empresas. Los registradores estamos potenciando los procedimientos on line, sin menoscabar la seguridad jurídica. ¿Cómo podemos contribuir los registradores?
Estamos absolutamente empeñados en la digitalización de procesos en el ámbito jurídico porque es un elemento que mejora notablemente la competitividad, aumenta la eficiencia, contribuye a reducir costes y agiliza el manejo de la información. Y en esa línea me consta que está trabajando el Registro.
Creo que la digitalización de la información registral tanto en el ámbito de los inmuebles, de las garantías, como en el de la situación de personas jurídicas, es una pieza clave en este proceso. En los análisis del Doing Business uno de los aspectos que se pone de manifiesto es la necesidad de profundizar y de avanzar en estas cuestiones. Por lo tanto tenemos un reto por delante y tenemos que destinar recursos a ello. La generalización de los procesos de obtención de información de forma no presencial o telemática es absolutamente esencial. Además, es un proceso con el que mejoramos todos. Mejoran las empresas, mejoran los usuarios, facilitamos el trabajo y la eficiencia, y también en el caso de los registradores les permite dedicar esfuerzos a tareas de mayor valor añadido en las que el colectivo tiene un papel relevante que jugar.
