“El nuevo sistema está llamado a hacer realidad el pleno respeto a la dignidad de la persona”


Juan Manuel Fernández manifiesta en esta entrevista que ser presidente del Foro Justicia y discapacidad es lo mejor que le ha pasado en sus siete años en el Consejo General del Poder Judicial, y destaca que los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad han cogido ya velocidad de crucero.


Permítame que le traslade en primer lugar el reconocimiento del Colegio de Registradores a su importante labor como presidente del Foro Justicia y Discapacidad ¿Qué balance hace de las actividades y del funcionamiento del Foro durante estos últimos años?

Muchas gracias. No es fácil juzgar la labor del equipo al que perteneces, pero tengo que empezar por señalar que me siento muy orgulloso de haber presidido un grupo humano excepcional. El haber sido presidente del Foro Justicia y Discapacidad es lo mejor que me ha pasado en estos siete años en el Consejo General del Poder Judicial. Como digo, no es fácil hacer una valoración que intente ser objetiva, ya que la ilusión y las ganas que se ponen en el empeño pueden desvirtuar ese análisis. El Foro Justicia y Discapacidad nació en el año 2003 y desde entonces no ha parado de crecer. La suma de esfuerzos de las instituciones que lo componen, entre ellas el Colegio de Registradores, y de las personas que representan a éstas y los expertos, impulsa su labor permanentemente. 

En los últimos años es muy perceptible la asimilación de los postulados de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en diciembre de 2006, pudiendo decirse que ha cogido ya velocidad de crucero. Esto, por lo que concierne al ámbito judicial y de la Administración de Justicia, está originando dinámicas muy positivas, que se concretan en una mayor referencia a dicho Instrumento internacional en las resoluciones judiciales y en el aumento de las buenas prácticas, como es el sistema de lectura de fácil, que empieza a abrirse paso en nuestros tribunales.

¿De qué modo ha afectado la pandemia de coronavirus a los derechos de las personas con discapacidad y cuáles han sido las principales medidas adoptadas singularmente en favor de este colectivo dentro del “plan de choque” elaborado por el CGPJ?

Agradezco esta pregunta porque efectivamente al comienzo de la crisis sanitaria que estamos padeciendo, en el CGPJ elaboramos un documento estratégico formado por cinco líneas de actuación, siendo una de ellas la concerniente a las medidas que debían adoptarse para prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, siendo uno de ellos obviamente el de las personas con alguna discapacidad. Si estas personas se encuentran normalmente en una situación de desigualdad, ésta se incrementa en los momentos de crisis. Para ello se formó un grupo de trabajo con magistradas/os y una fiscal, que prestan sus servicios en órganos de modificación judicial de la capacidad de las personas, que nos dio a los vocales que nos ocupamos de esta parcela un apoyo fundamental. Además tuvimos, y tenemos, porque este problema desgraciadamente nos acompañará tiempo, una excelente red, como es la constituida por las delegadas y delegados de Discapacidad (una magistrada/o en cada Tribunal Superior de Justicia).

Las medidas adoptadas no solo han mirado al presente sino también al futuro, ante el más que previsible aumento de la carga de trabajo de nuestros órganos judiciales. El objetivo fundamental es garantizar en todo caso tanto el acceso a la Justicia como todos los aspectos que conforman el derecho a la tutela judicial efectiva. Piénsese, por ejemplo, en las dificultades, derivadas de razones sanitarias, que ha habido, que hay y que habrá, para el examen judicial de las personas sometidas a un proceso de modificación de su capacidad o de quienes han sido internadas en centros médicos de forma no voluntaria. Y por supuesto estamos prestando una especial atención a lo que ocurre en las residencias de personas mayores, principales víctimas sin duda de esta devastadora pandemia.

Juan Manuel Fernández Martínez y Alberto Muñoz Calvo. Foto: Javier de Agustín.

En sede parlamentaria se está tramitando la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Nos gustaría conocer su opinión sobre el papel que el juez tiene como garante en la configuración de los apoyos necesarios que posibilitan ejercer adecuadamente esa capacidad.

El juez debe seguir teniendo un papel fundamental a la hora de configurar esos apoyos. Desterrado el sistema de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad, el nuevo sistema está llamado a hacer realidad el pleno respeto a la dignidad de la persona, cualesquiera que sean las circunstancias en las que se encuentre, y a que se tenga en cuenta su voluntad para tomar las medidas adecuadas en esos momentos difíciles de la vida; voluntad que ha podido manifestarse en un momento anterior, a través de alguno de los instrumentos legales que ahora se potencian en la nueva legislación. Se trata, en suma, de hacer un traje a la medida para cada persona, según la feliz terminología acuñada por la Sala 1ª de nuestro Tribunal Supremo. Ello es compatible con el absoluto respeto a la voluntad de la persona, no solo es compatible sino que ha de partirse de ella. La actuación del juez no puede orillarse ni puede considerarse una invasión “proteccionista” en el ámbito de la libertad individual, antes al contrario es, sin ninguna duda, la mejor protección para evitar las influencias indebidas a las que alude, para proscribirlas, la Convención.

“La actuación del juez no puede orillarse ni puede considerarse una invasión “proteccionista” en el ámbito de la libertad individual, antes al contrario es, sin ninguna duda, la mejor protección para evitar las influencias indebidas a las que alude, para proscribirlas, la Convención”

El principio de accesibilidad universal consagrado en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad es clave para hacer efectiva la plena inclusión de éstas en la sociedad. ¿Nos puede explicar en qué consiste el proyecto de adaptación de sentencias al método de lectura fácil impulsado desde el Poder Judicial?

En primer lugar me gustaría aclarar que no son solo las sentencias el objeto del método de lectura fácil, sino que lo son todas las resoluciones judiciales. Hablamos de personas con dificultades de comprensión y de procesos en los que la terminología o los trámites no son fácilmente comprensibles para nadie, sean personas con o sin discapacidad. Los trámites previos son muy importantes, es fundamental que desde el primer momento la persona sepa en qué consiste el proceso en el que está inmersa, cuáles son sus derechos, sus posibilidades de defensa, etc. Y estos trámites se hacen a través de otro tipo de resoluciones diferentes a la sentencia. 

En esencia la lectura fácil es un modo de escribir para que las personas con dificultades de comprensión puedan entender lo que leen, utilizando para lograr este objetivo de accesibilidad cognitiva, diferentes modos de expresión, como, por ejemplo, los pictogramas, además de simplificar el lenguaje procesal. Es importante añadir que este proceso de conversión de las resoluciones judiciales ha de estar en todo momento bajo la supervisión del magistrado o letrado de la Administración de Justicia que la haya dictado.

Alberto Muñoz Calvo