Fondo de recuperación europeo para alumbrar una nueva economía española

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La crisis que empezó en 2008 redujo a la mitad el peso de la construcción en la economía e incrementó en 12 puntos el de las exportaciones en el PIB de España –hasta alcanzar un 35%- un porcentaje superior al de Francia e Italia. Fue un parto doloroso, pero a principios de este año, cuando llegó la pandemia, la economía española se asentaba sobre bases más sólidas que una década antes.

Ahora se trata de alumbrar otra vez una nueva economía, pero en este caso respaldados por el conjunto de la Unión Europea. Aunque la crisis es mayor que la que estalló hace diez años, la recuperación debería de ser más rápida porque el detonante es sanitario –con enormes repercusiones sobre la economía- y la ayuda exterior va a ser cuantiosa.

Aquello que los pesos pesados de la UE, empezando por Alemania, rechazaron hace tan solo doce años, endeudarse conjunta y masivamente, lo han aceptado ahora. Algunos de buen grado y otros, como los Países Bajos y los demás países llamados “frugales”, un poco arrastras. Quizás la sensación de que el proyecto europeo peligraba si esta vez no se adoptaba un mecanismo de solidaridad con sus socios mediterráneos, incitó a los Estados más prósperos a arrimar el hombro. 

El fondo de recuperación aprobado en la cumbre europea de finales de julio es un hito en la historia de la construcción europea. Prevé movilizar 750.000 millones de euros, de los que 360.000 millones serán créditos y otros 390.000 millones subvenciones no reembolsables. España, segundo país más beneficiado después de Italia, debería recibir unos 140.000 millones que en un 52% serán subvenciones y el resto créditos. Arrancará el 1 de enero y seguirá activo hasta finales de 2026, pero los pagos de la deuda contraída por los Estados podrán efectuarse hasta 2058. Si se introducen nuevos impuestos europeos podrían servir para reembolsar la deuda atenuando el esfuerzo de los Estados.

El fondo no es un rescate como el otorgado a cuatro países de la UE entre 2010 y 2013. No habrá “hombres de negro” que vigilen las finanzas de sus beneficiarios, pero las entregas de dinero sí estarán supeditadas a una tenue condicionalidad. La Comisión Europea ha establecido criterios a los que deben ajustarse las peticiones de financiación de los Estados miembros. Impulsar la transición verde y la digital es el denominador común al que se añaden para España algunas recomendaciones específicas: fomentar la Formación Profesional, reformar la educación para reducir el abandono escolar, incrementar las prestaciones sociales a las familias en situación de precariedad, sentar las bases de un mayor crecimiento económico que a su vez genere empleo, etcétera.

El Gobierno español deberá enviar en breve a Bruselas, junto con su proyecto de presupuestos, su Plan Nacional de Reformas. Sus propuestas serán analizadas por la Comisión y sometidas a la aprobación del Consejo de Ministros de la UE donde deberán contar, para salir adelante, con una mayoría cualificada. Las reacciones de la sociedad civil española ponen ya de relieve el dilema en el que está sumido el Ejecutivo a la hora de formular sus planes.

Por un lado está, por ejemplo, Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, que insiste en que estamos ante una “oportunidad para acometer las reformas estructurales que más necesita la economía” y aboga por alcanzar cuanto antes la “sostenibilidad presupuestaria”. En el otro lado se sitúa, entre otros, Unai Sordo, secretario general de CC OO, que apuesta por “deshacer las anteriores reformas” con la vista puesta en la laboral de 2012.

En el fondo se trata de promover el nacimiento de una nueva economía, impregnada de digitalización y ecología, pero sin destrozar a la vieja economía, para que la transición no sea socialmente muy dolorosa en un país con tan grandes desigualdades como España. Es una tarea harto difícil porque las Administraciones españolas no son ágiles y se coordinan mal entre ellas. Lo es también porque en este primer Gobierno de coalición hay dos sensibilidades distintas que discreparán sobre el buen uso de los fondos europeos.

Alemania insistió en la cumbre en que el mecanismo aprobado estaría vigente una vez y no más. En la historia de la UE todo aquello que funciona acaba, sin embargo, quedándose. Si los gobiernos de los dos grandes beneficiarios del fondo, Italia y España, gestionan las ayudas con eficacia, la mutualización de la deuda persistirá. Desaparecería así definitivamente el riesgo de una crisis de deuda soberana.

Ignacio Cembrero