Apesar de que las mujeres no habíamos tenido nunca una presencia tan importante al frente de empresas, partidos políticos, instituciones públicas o financieras, nuestra sociedad aún padece tentaciones excluyentes que se materializan en situaciones tan lamentables como la que, hace pocos días, denunciaba la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, asistiendo, una vez más, a un foro en el que era la única mujer.
Son muchos los problemas, es cierto, pero también son muchas las conquistas. Hoy, en la Comunidad de Madrid una mujer preside el gobierno autonómico, una mujer es delegada del Gobierno, una mujer lidera la oposición en la Asamblea de Madrid, otra es vicealcaldesa de la capital y hay tres mujeres al frente de tres de los ayuntamientos con mayor población en nuestra región: Móstoles, Getafe y Alcorcón. Además, en este Ilustre Colegio de Registradores, la decana es una mujer, y en las juntas autonómicas la mayoría son mujeres.
Negar la evidencia del progreso de la mujer sería negar la evidencia. Venimos de una situación política, anterior a la aprobación de la Constitución, en la que la mujer tenía un papel de minoría de edad frente al hombre, carecía de capacidad para obrar por sí misma y pasaba de la dependencia familiar y paterna a la sumisión a la autoridad familiar del marido. Ese mundo ha sido liquidado, década a década, por varias generaciones de feministas, logrando que las mujeres, mayoría de la sociedad, sean hoy incapaces de renunciar a sus derechos, su dignidad y su protagonismo en una sociedad, de la que son parte activa y decisiva.
Cierto es que los derechos de la mujer están asumidos por la inmensa mayoría de la sociedad, pero la mejor garantía para asegurar la igualdad de derechos es asegurar la igualdad de oportunidades
Frente a esos avances, en los años más recientes, nuestra sociedad ha vivido un grave retroceso: el surgimiento de un movimiento político con representación institucional en todos los niveles de la Administración, que se sustenta en la idea, entre otras muchas, de abolir las conquistas del feminismo o cuestionar la violencia que sufrimos, por el simple hecho de ser mujeres.
Cierto es que los derechos de la mujer están asumidos por la inmensa mayoría de la sociedad, pero la mejor garantía para asegurar la igualdad de derechos es asegurar la igualdad de oportunidades. Certificar que no hay discriminación negativa, que no hay rechazo intencionado y que no hay un límite invisible, el famoso techo de cristal, que pone fin a las posibilidades de crecimiento individual de las mujeres en sus carreras personales.
Tampoco conviene olvidar el impacto negativo que la Covid-19 está provocando en los derechos de las mujeres y la necesidad de visibilizar su contribución en la recuperación. Los cuidados no remunerados durante esta crisis sanitaria, económica y social siguen recayendo en las mujeres, que se han convertido en un pilar fundamental de respuesta a la pandemia, acción que debe ser valorada y reconocida.
De momento, habrá que seguir incidiendo en algunas cuestiones que todavía no figuran en la agenda de asuntos relevantes como los obstáculos para que las mujeres accedan a puestos de responsabilidad o la feminización de la pobreza. Circunstancias a las que hay que añadir, la migración, discapacidad, etnia, orientación sexual, identidad de género, que pueden llegar a aumentar la discriminación de forma exponencial.
Soy madre de una pequeña que va a crecer, ya lo está haciendo, en un mundo en el que perviven contradicciones como estas: de un lado, el evidente progreso social, político y económico que señalaba y de otro, el intento político del retroceso en las capacidades y oportunidades de la mujer.
Por eso, es extraordinariamente importante el peso de la educación en valores y el compromiso de igualdad –que recoge con total claridad nuestra Constitución– para que el futuro de nuestra sociedad siga construyéndose por la senda cada vez más amplia de la ciudadanía, entendida ésta sin limitaciones de derechos ni oportunidades por discriminaciones de género.
Para mí, que tengo el privilegio de ostentar el cargo de delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la importancia política del 8 de marzo se resume en el sueño posible de una sociedad en la que, algún día, esta jornada reivindicativa sea un día de fiesta, de conmemoración, para celebrar una sociedad igualitaria sin discriminaciones de ningún tipo.
Mercedes González
