“El Consejo de Estado es una institución en la que la escucha, el diálogo y el consenso son fundamentales”

Con una larga vocación de servicio público desarrollada desde diferentes instituciones, Magdalena Valerio llega a la presidencia del Consejo de Estado con el objetivo de seguir aumentando la transparencia y la modernización de una institución en la que “el clima de acuerdo es una constante”.

Funcionaria del Insalud, concejal del Ayuntamiento, consejera en tres consejerías distintas en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ministra de Trabajo, además de presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo y ahora presidenta del Consejo de Estado. Todo un cursus honorum. ¿Qué habilidades adquiridas en este proceso cree que le serán más útiles en su nueva responsabilidad?

Primero de todo me gustaría remarcar el inmenso honor que supone para mí presidir el Consejo de Estado. El máximo órgano consultivo del Gobierno, como lo describe la ley orgánica que nos regula, siempre ha sido para mí como el ‘Olimpo’ del saber jurídico. Durante toda la carrera de servicio público que usted tan generosamente señala, han sido muchas las ocasiones en las que los dictámenes del Consejo de Estado han sido para mí una guía y una fuente constante de aprendizaje. Así que, ahora, poder vivir desde dentro y en primera persona el proceso de elaboración de los rigurosos y precisos dictámenes que emite el Consejo es todo un privilegio.

En este sentido, y respondiendo a su pregunta, el Consejo de Estado es una institución en la que la escucha, el diálogo y el consenso son fundamentales. Sobre todo, la escucha. Una capacidad que efectivamente he desarrollado a lo largo de mi carrera, especialmente en mi etapa como consejera en el Gobierno de Castilla-La Mancha, como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y como presidenta de la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos del Pacto de Toledo.

No debemos perder de vista que, al final, las instituciones tienen como objetivo preservar nuestro Estado de Derecho para mejorar día a día la vida de las personas. Y el Consejo de Estado no es una excepción, al contrario. Pero hay que saber escuchar.

¿Qué objetivos se marca al frente del más importante órgano consultivo del Gobierno?

Mis principales objetivos son seguir aumentando la transparencia del Consejo de Estado, así como su modernización. Transparencia, como camino hacia una mayor apertura a la sociedad, tanto a través de los medios de comunicación como a través de un contacto directo con la sociedad civil. Creo que el Consejo es una de las altas instituciones del Estado más desconocidas por la ciudadanía. Esta opacidad empezó a iluminarse gracias a las medidas que impulsó mi antecesora en el cargo, María Teresa Fernández de la Vega. Mi intención es profundizar en este camino.

Igualmente, por lo que respecta a la modernización. Y no me refiero solo desde un punto de vista de las nuevas tecnologías y de la ciberseguridad, sino también desde el punto de vista de la innovación. Una innovación basada en la gobernanza de instituciones inteligentes que deben funcionar interconectadas entre ellas para aprovechar al máximo su conocimiento en los entornos que conforman las democracias complejas en las que vivimos. Una complejidad que representa un riesgo, pero también una extraordinaria oportunidad.

“Todos los ámbitos de nuestro Estado de Derecho deberían gozar de un clima de acuerdo, porque ese clima es el que propicia que se avance en nuestra democracia”

Recientemente han presentado su Memoria 2021 con datos de avance de 2022. ¿Qué podría resaltar de estos últimos datos?

La Memorias del Consejo de Estado recogen toda la actividad de un ejercicio, en este caso de 2021, tanto cuantitativamente como cualitativamente a través de la doctrina que se desprende de algunos de los dictámenes más relevantes y que son los que destacamos en la Memoria. Pero si tuviera que destacar algún dato, sin duda resaltaría que en 2021 el Consejo de Estado recibió 1.303 consultas, un 35% más de las recibidas en 2020. Lo que indica la enorme actividad legislativa del Ejecutivo y la importancia, en número, de las consultas que pasan por el Consejo, tanto preceptivas como facultativas. Hay que señalar que, de estas 1.303 consultas, 122 lo fueron con carácter de urgencia.

El segundo dato que destacaría es el elevado seguimiento que tienen las consideraciones esenciales que señalamos en nuestros dictámenes: el 97,27% de los dictámenes emitidos en 2021 han sido secundados por la autoridad consultante, al menos, como digo, en sus consideraciones esenciales. Teniendo en cuenta que los dictámenes del Consejo de Estado prácticamente nunca son vinculantes, este porcentaje de seguimiento da una idea del prestigio, la autorictas, que desprenden nuestros informes.

La celeridad legislativa está provocando que en algunos supuestos se prescinda de los informes del Consejo de Estado en perjuicio de la calidad. ¿Es posible alguna actuación por parte de la institución que usted dirige para que esos casos sean los menos posibles?

En este sentido me gustaría destacar dos aspectos que últimamente parece que se están olvidando. En primer lugar, recordar que nunca un proyecto de ley, norma o actuación legislativa por parte de la administración que fuera preceptiva de ser consultada al Consejo de Estado ha evitado nuestro dictamen. Jamás. No solo con este Gobierno, sino tampoco con los gobiernos que le ha precedido. Añadir a este primer punto que el número de consultas potestativas, es decir, que no son obligatorias de pasar por el Consejo de Estado, aumenta año tras año.

En segundo lugar, no me parece justo inferir que las leyes, como las Proposiciones de Ley, que se tramitan directamente en el Congreso no tienen todas las garantías jurídicas ni la calidad jurídica adecuada. El cuerpo de letrados de las Cámaras y antes que ellos los asesores jurídicos de los ministerios y de los grupos parlamentarios aseguran también una calidad legislativa propia de un Estado de Derecho avanzado como es el nuestro.

¿Cabe trasladar el clima de acuerdo inter partidario del Pacto de Toledo a otros ámbitos? ¿En cuáles sería más urgente?

Todos los ámbitos de nuestro Estado de Derecho deberían gozar de un clima de acuerdo, porque ese clima es el que propicia que se avance en nuestra democracia, que se progrese y, por tanto, se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Todos deberíamos tener esta ecuación muy presente y priorizarla por encima de intereses particulares. Como sabe, en el Consejo de Estado están presentes distintas sensibilidades que se complementan a la hora de deliberar en la búsqueda de un consenso que permita emitir la mejor respuesta a las consultas que se nos plantea. En esta casa centenaria, el clima de acuerdo es una constante. No porque no discrepemos, sino porque el objetivo final es siempre el bien común, lo mejor para nuestro Estado social y democrático de Derecho.

 

“La aportación de los registradores en múltiples facetas de la vida diaria de la ciudadanía en particular y de la sociedad en general es enorme”

¿Cómo valora la aportación de los registradores en el mundo jurídico, económico y de las nuevas tecnologías?

La aportación de los registradores en múltiples facetas de la vida diaria de la ciudadanía en particular y de la sociedad en general es enorme. Por supuesto, en cuanto a la seguridad jurídica que se desprende de multitud de documentos que pasan por las manos de los registradores, especialmente, por lo que se refiere al registro de la propiedad. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el ámbito de la justicia, ¿cuántos documentos judiciales llegan a los registros? Notificaciones, adjudicaciones de subasta, anotaciones de embargo, procedimientos concursales… Los registradores ayudan, además, a la administración de Justicia a ir mejorando este tipo de documentación para evitar demoras. Su trabajo también repercute en el ámbito económico, ahorrándole mucho dinero tanto a la Administración como al ciudadano a la hora de dirimir conflictos o, mejor dicho, evitar esos conflictos.

Por no hablar de cómo de precisos son los registradores como fuente de la evolución de un sector tan importante en nuestra economía como el de la vivienda, por ejemplo. O cómo de imprescindibles son a la hora de analizar aspectos de nuevas legislaciones que afectan a empresas y autónomos, como la recién aprobada Ley de Creación y Crecimiento de Empresas.

La revista Registradores alcanza el número 100. Casi 25 años de presencia en la vida pública. ¿Qué acontecimientos sucedidos en ese periodo de tiempo destacaría? ¿Qué reflexiones le suscitan?

Ante todo, enhorabuena por este aniversario de la revista Registradores. Alcanzar los 100 números no es tarea fácil. Y menos en estos tiempos, en los que lo estable no es precisamente lo más habitual. Estamos hablando de un periodo de tiempo realmente convulso en nuestra Historia. De 1997 a 2022 han cambiado tantas cosas, han sucedido con tanta rapidez acontecimientos que han modificado en algunas ocasiones hasta nuestra forma de ver el mundo, que es difícil destacar unos por encima de otros. Yo lo resumiría en que se ha producido un cambio de paradigma. El avance de las nuevas tecnologías ha hecho de este siglo XXI uno de los más disruptivos, para bien o para mal. O al menos es esa la sensación que tenemos, aunque sabemos que es complicado analizar un periodo sin tener todavía perspectiva histórica. Durante estos últimos 25 años nos hemos enfrentado a peligros y riesgos, pero también a avances que han abierto nuevas oportunidades. En nuestra mano está neutralizar los primeros y aprovechar para el bien común las segundas.