“No sería descartable ampliar la colaboración con los registros a nuevos ámbitos de interés compartido”
Cuál es la valoración de la actividad desarrollada en la última etapa por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, y qué proyectos destacaría de cara a la próxima legislatura?
Acabamos de cerrar una etapa muy fructífera para Galicia desde el punto de vista tanto urbanístico como medioambiental. La pasada legislatura ha estado marcada por grandes hitos legislativos, una apuesta decidida por la lucha contra el cambio climático, la transición energética y la sostenibilidad ambiental, inversiones de calado que han situado a la planta de valorización de residuos de Sogama como la más eficiente e innovadora de Europa o el impulso a la llamada Galicia verde.
Entre los avances o medidas que tienen mayor incidencia sobre el trabajo de los registradores de la propiedad, creo que destacaría la aprobación de la Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, la primera normativa de este tipo que se aprueba en la Comunidad y toda una declaración de intenciones de la dirección que le queremos dar a nuestras políticas en este ámbito. Los últimos cuatro años han sido, sin duda, los del mayor impulso público a la rehabilitación de viviendas en la historia de Galicia. Y no sólo por la aprobación histórica de una ley específica sobre la materia sino también por la creación de nuevas líneas de ayudas para rehabilitar dirigidas a concellos y a particulares, la convocatoria del programa Rexurbe para la compra pública de edificios deteriorados en cascos históricos, sin olvidar las ayudas para intervenir en las 72 áreas de rehabilitación integral declaradas en Galicia (tres de ellas de carácter supramunicipal y gestionadas directamente por el IGVS). Hemos iniciado un camino en el que la recuperación y puesta en valor del patrimonio ya construido para usos residenciales, en definitiva, la cultura de la rehabilitación, tiene que calar aún más en el conjunto de la sociedad gallega.
¿Cómo ve la colaboración con los registros de la propiedad en relación a los temas vinculados con su consellería?
La colaboración entre la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y los registros de la propiedad, al igual que con el Colegio de Registradores, es fluida y ejemplar. Y estoy convencida de que la intención de ambas partes es que siga siendo así. Ese es el camino para garantizar que la información que maneja y utiliza la Xunta en su día a día sea correcta y esté actualizada con el objetivo de poder ofrecer el mejor servicio tanto a los ciudadanos como a otras administraciones públicas en materias tan sensibles e importantes como pueden ser la vivienda, el urbanismo o el medio ambiente. Por ello, no sería descartable en el futuro ampliar esa colaboración a nuevos ámbitos de interés compartido.
¿Qué destacaría de las relaciones de su consellería con el colectivo registral en materia de vivenda, a través fundamentalmente del IGVS y de la APLU, y en qué podrían mejorarse de cara al futuro?
El IGVS mantiene desde hace años una fluida colaboración con el Colegio de Registradores, tanto a través de consultas puntuales como por medio de acuerdos específicos como el recientemente firmado en relación con las ayudas al alquiler. Para el desarrollo del trabajo del IGVS en cuestiones relacionadas con la vivienda esta colaboración tiene una importancia vital, ya que facilita el trabajo del Instituto, lo que repercute también sobre los ciudadanos el recibir una mejor atención. Por otra parte, el IGVS cuenta siempre con el colegio cuando se trata de elaborar nuevas normas relacionadas con la vivienda. La colaboración entre el colegio y el IGVS es muy satisfactoria.
En relación al último convenio firmado con el Colegio de Registradores, ¿qué alcance prevé que puedan tener las medidas de la Xunta de Galicia destinadas a minimizar el impacto económico del Covid-19 en relación al alquiler de viviendas?
La colaboración del colegio en el acceso a datos necesarios para la tramitación de las ayudas al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad por el Covid-19 tiene una gran importancia porque facilita la tramitación de las mismas, lo que se traduce en un tiempo más rápido de respuesta y, al mismo tiempo, en un ahorro económico para los solicitantes que, como ya dije, son personas en situación de vulnerabilidad económica.
La convocatoria de ayudas cuenta con una dotación próxima a los ocho millones de euros, por lo que podrían atender a las necesidades de unas 3.500 familias. Pero, en caso de necesidad, los fondos son ampliables para dar una respuesta adecuada si la demanda es superior a esa cifra. En cualquier caso, el plazo de presentación de solicitudes ha estádo abierto hasta finales de septiembre, por lo que aún es pronto para hacer un balance definitivo.
Hermès Rego
