Es un honor recibir, en nombre de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, el Premio Gumersindo de Azcárate 2026 a la Universidad española.
Permítanme expresar, en primer lugar, nuestro agradecimiento al Colegio de Registradores de España por esta distinción. La Universidad española la recibe con orgullo, pero también con plena conciencia de su alcance. Porque no solo reconoce una trayectoria, si no nuestro servicio al interés general, la responsabilidad y el compromiso con el Estado de Derecho.
El legado de Gumersindo de Azcárate nos remite a una tradición intelectual que concibió el conocimiento como un instrumento al servicio de la sociedad. Una tradición que supo vincular el pensamiento con la acción pública y la reflexión con la construcción institucional. No en vano, fue uno de los impulsores de la Institución Libre de Enseñanza, referente en la defensa de una educación basada en la libertad, el rigor y el compromiso cívico.
Recibir hoy este premio, de manos de quienes garantizan la seguridad jurídica en nuestro país, refuerza nuestra convicción de que no hay democracia sólida sin instituciones sólidas, ni instituciones sólidas sin conocimiento.
Las instituciones universitarias forman parte de esa arquitectura democrática esencial. Son espacios de libertad intelectual, de pensamiento crítico y constructivo y de formación de ciudadanía. En nuestras universidades se aprende a analizar, a contrastar, a mostrar y a respetar los distintos puntos de vista.
Y esas capacidades —discretas, pero decisivas— son las que sostienen la calidad de nuestra vida democrática.
“Recibir este premio de manos de quienes garantizan la seguridad jurídica en nuestro país, refuerza nuestra convicción de que no hay democracia sólida sin instituciones sólidas, ni instituciones sólidas sin conocimiento”
Por eso, cuando defendemos la Universidad, no defendemos únicamente un sistema educativo o científico. Defendemos un modelo de convivencia, basado en valores como la libertad académica, la igualdad de oportunidades, la inclusión, el diálogo. Ninguno de ellos es automático. Todos dependen de instituciones que los protejan, los practiquen y los proyecten hacia la sociedad.
En este sentido, la Universidad asume, por un lado, generar conocimiento riguroso, capaz de dar respuesta a los grandes desafíos de nuestro tiempo. Pero, por otro, también está comprometida en formar personas con criterio, con sentido crítico y con compromiso cívico.
Sabemos que vivimos en un momento de transformaciones profundas: la revolución tecnológica, la transición ecológica, las tensiones geopolíticas o los cambios en el mercado de trabajo. Afrontar estos retos exige conocimiento, pero también exige una orientación ética. Y es aquí donde la Universidad debe desempeñar un papel activo: anticipando, interpretando y contribuyendo a un progreso que sea sostenible y compartido.
Ese papel, sin embargo, solo puede ejercerse plenamente desde la autonomía. Por eso conviene recordar que la autonomía universitaria no es una reivindicación institucional, sino una garantía para la sociedad. Garantía de independencia en la investigación, de libertad en la docencia y de pluralidad en el debate. Sin ella, el conocimiento pierde su capacidad crítica y su función transformadora. Defender la Universidad es, por tanto, defender ese espacio de libertad que resulta imprescindible para el progreso democrático.
Permítanme detenerme brevemente en un elemento que nos vincula de manera especialmente significativa con quienes hoy conceden este premio. Me refiero a la confianza.
La confianza es el cimiento de toda convivencia ordenada. Ustedes, como registradores, la garantizan en el ámbito jurídico y económico, aportando seguridad, certeza y estabilidad. La Universidad contribuye a esa misma confianza desde otro lugar: desde el conocimiento validado, la evidencia científica y la formación rigurosa.
Ambas funciones —seguridad jurídica y conocimiento— son complementarias. Se necesitan mutuamente. Sin seguridad, no hay desarrollo estable. Sin conocimiento fiable, no hay decisiones informadas. Este reconocimiento simboliza, precisamente, esa convergencia entre instituciones que hacen posible una sociedad avanzada.
“Ambas funciones —seguridad jurídica y conocimiento— son complementarias. Se necesitan mutuamente. Sin seguridad, no hay desarrollo estable. Sin conocimiento fiable, no hay decisiones informadas. Este reconocimiento simboliza, precisamente, esa convergencia entre instituciones que hacen posible una sociedad avanzada”
Para la Universidad, recibir este premio de los Registradores de España tiene, por ello, un significado especial. Nos sentimos reconocidos, pero también interpelados. Nos compromete a seguir fortaleciendo el vínculo entre conocimiento, legalidad y servicio público.
La Universidad es, además, un puente. Un puente entre territorios, entre disciplinas y entre culturas. En un mundo donde a menudo se imponen la fragmentación y la incertidumbre, las universidades seguimos apostando por el encuentro, por el diálogo, por el respeto a la diversidad y por la cooperación nacional e internacional. Cada alianza académica es también una forma de diplomacia del conocimiento. Una manera de construir espacios comunes desde el rigor, la colaboración y la confianza.
Igualmente, la Universidad contribuye de forma decisiva a la cohesión en múltiples niveles: cohesión territorial, al estar presente en todo el país; cohesión social, al promover la igualdad de oportunidades; y cohesión internacional, al conectar realidades diversas.
Nuestro más sincero agradecimiento por este premio que reconoce la vocación de servicio y la capacidad de conexión. Y, además, lo hace en un momento en el que resulta especialmente necesario reafirmar el valor de nuestras instituciones.
Nuestras instituciones, la Universidad y el sistema registral, trabajamos —cada una desde su ámbito— para garantizar estabilidad, progreso y convivencia. Recibimos, pues, este premio con gratitud, con humildad y con un firme compromiso: seguir fortaleciendo el sistema universitario español como espacio de conocimiento, de libertad y de convivencia democrática.














