Existen actos honoríficos, solemnes y de trascendencia institucional que he tenido, en estos cinco meses que han pasado desde mi toma de posesión como decana del Colegio de Registradores, ocasión de presidir. El acto de entrega del Premio Gumersindo de Azcárate, por su creciente prestigio, su significado y el mensaje que traslada a la sociedad, trasciende lo honorífico y se transforma en un foro catalizador de los principios, valores e instituciones que sustentan nuestro Estado de Derecho, y que, unidos en torno a ellos, mostramos nuestro reconocimiento a los pilares de nuestra democracia.
En esta edición reconocemos al Consejo Rector de Universidades Españolas (CRUE), y con él, a la labor de transmitir y divulgar el conocimiento. Porque si algo nos enseñó Gumersindo de Azcárate es que no hay instituciones sólidas sin ideas sólidas, y que el progreso de una sociedad depende, en última instancia, de la calidad de su pensamiento y de la integridad de quienes lo proyectan sobre la realidad. Destaco, sobre el carácter esencial de la educación en el progreso, una de sus más conocidas frases que comparto y es que “el progreso de los pueblos se mide por el grado de libertad que disfrutan sus ciudadanos”, ya que, como también proponía Gumersindo de Azcárate, “solo mediante la educación puede el hombre alcanzar su verdadera dignidad”.
Gumersindo de Azcárate fue figura clave de la reforma educativa basada en el conocimiento libre, laico y basado en la razón, la tolerancia religiosa y el reformismo social, y en la idea fundamental de la dignidad humana que el Estado y la sociedad deben respetar.
Este premio no es solo un homenaje a una figura histórica; es, sobre todo, una reafirmación de una tradición intelectual y ética que sigue siendo la de la función social del Derecho como instrumento de equilibrio y de justicia. El krausismo, corriente filosófica a la que perteneció Azcárate, implicó entre otras cosas, la defensa del laicismo, el liberalismo progresista, y la modernización de la Universidad. La Universidad, así entendida, es la fuente del conocimiento libre, y los juristas nacemos al Derecho en la Universidad. La Universidad es una de las experiencias vitales más determinantes para un jurista en formación, y le marca indeleblemente imprimiendo el uso de la razón, la libertad, la tolerancia, la vocación de servicio, y el juicio crítico en su pensamiento. El jurista nace en la Universidad porque la Universidad le enseña que el Derecho no es una abstracción, sino una herramienta al servicio de la sociedad. Y sobre esa premisa se construye la democracia y el Estado de Derecho, así como la reforma pacífica de las instituciones.
“Si algo nos enseñó Gumersindo de Azcárate es que no hay instituciones sólidas sin ideas sólidas, y que el progreso de una sociedad depende, en última instancia, de la calidad de su pensamiento y de la integridad de quienes lo proyectan sobre la realidad”
Más allá de ello, la Universidad ha sabido conectar a los jóvenes con la realidad que estaban llamados a transformar. Cito en este punto a Pío Baroja, que en el Árbol de la ciencia, por ejemplo, criticaba con crudeza y lucidez la crisis de la Universidad española de su época diciendo que “España era un pueblo que no pensaba, que no quería pensar, y que se irritaba con los que pensaban”. La Universidad es instrumento de superación y transformación, fuente de conocimiento, escultora del pensamiento social, motor de reformas, generadora de progreso. Y así debe seguir siendo.
Por este motivo, y desde el profundo agradecimiento de la comunidad jurídica aquí reunida, y en nombre del Colegio de Registradores, ofrecemos el Premio Gumersindo de Azcárate al Consejo Rector de Universidades que, más que una instancia de coordinación académica, representa el compromiso colectivo con el conocimiento, con la formación de generaciones enteras de profesionales y, en última instancia, con la construcción de una sociedad más libre, más crítica y mejor preparada.
Permítanme, en este punto, introducir una reflexión que conecta de manera directa la dimensión histórica y supranacional de la Universidad y del Derecho que hoy celebramos, y el compromiso del Colegio de Registradores con su importancia vital.
Cuando se entregó el Premio Gumersindo de Azcárate en su décima edición a Rebeca Grynspan, hoy candidata a presidir la ONU, se dijo que la Comunidad Iberoamericana era una comunidad de lengua, de cultura, de intereses y también de Derecho. Este último elemento, a veces injustamente relegado, resulta, sin embargo, esencial.
Los registradores lo sabemos bien y lo sentimos de manera particularmente intensa, como lo demuestra la vitalidad de la Red Registral Iberoamericana o el Curso Anual de Derecho Registral Iberoamericano que desde hace veinticinco años se desarrolla en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, nacido de una convicción clara: que el Derecho puede y debe ser un puente entre los pueblos de Iberoamérica.
Compartimos, en efecto, una forma de entender la ley como garantía de convivencia, de seguridad y de confianza. Esa tradición constituye hoy una realidad viva, una de las expresiones más sólidas y fecundas de nuestra Comunidad Iberoamericana.
Y si esa comunidad existe hoy como una realidad profunda, dinámica y resistente a los vaivenes de la política, se debe en gran medida a la Universidad, institución esencial en cuya construcción España fue pionera.
No es exagerado afirmar que existe una auténtica comunidad universitaria iberoamericana —o, si se quiere, hispánica— cuyas raíces se hunden en el siglo XVI. Fue entonces cuando, por impulso de la Corona, se fundaron en Santo Domingo en 1538 y en México y en Lima en 1551, universidades concebidas como “estudios generales de todas las ciencias” “donde los naturales y los hijos de españoles fuesen instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica, y en las demás facultades”, otorgándoles los mismos privilegios, franquezas y libertades de que gozaba la Universidad de Salamanca.
Ese temprano despliegue resulta aún más elocuente si se recuerda que, antes de la fundación de Harvard en 1636, ya funcionaban en la América hispana una decena de universidades, a las que se sumaron otras muchas a lo largo de los siglos siguientes, también en Filipinas. Entre 1538 y 1824 llegaron a existir treinta y seis universidades en el conjunto del mundo hispánico —treinta y cuatro en América y dos en Filipinas—, configurando una red académica que fue decisiva para la transmisión del saber, la formación de élites y, en última instancia, la construcción de un espacio común de cultura y de Derecho que ha llegado, con notable vigor, hasta nuestros días.
“Existe una profunda conexión entre la Universidad y la función registral. Ambas instituciones, desde ámbitos distintos, comparten una misma vocación: la del rigor, la de la fiabilidad, la de la construcción de certezas en un entorno cada vez más complejo”
Y es ahí donde encontramos una profunda conexión entre la Universidad y la función registral. Ambas instituciones, desde ámbitos distintos, comparten una misma vocación: la del rigor, la de la fiabilidad, la de la construcción de certezas en un entorno cada vez más complejo. La Universidad genera conocimiento y arroja luz; el Registro también, y además, garantiza su proyección segura en la realidad jurídica y económica, y ambas son infraestructuras esenciales del Estado de Derecho.
Porque vivimos tiempos en los que el conocimiento corre el riesgo de diluirse en la inmediatez, y en los que la verdad puede verse erosionada por la rapidez con la que circula la información. La certeza tiene enfrente al relato. Y la lucha contra el relato es dura, porque el relato se alimenta de medias verdades, y mentiras revestidas de apariencia de verosimilitud, y aprovecha un contexto marcado por la sobreabundancia de la información. Frente a ello, instituciones como la Universidad y los registros representan algo profundamente valioso: el compromiso con el método, la certeza, la verificación, con la responsabilidad.
Por eso la relación entre el Colegio de Registradores y la Universidad en general no es casual, sino que es y ha sido una constante necesaria y buscada a propósito como el mecanismo más adecuado para dar cumplimiento a una de nuestras funciones más relevantes como es la recogida en el apartado 6º del artículo 4.2 de los Estatutos del Colegio: la de “Fomentar las actividades culturales de su competencia y llevar a cabo el desarrollo de los estudios registrales pertinentes”.
En las universidades se forman los futuros juristas y, por ello, de la calidad de su actual formación dependerá, en gran medida, el futuro de la calidad de todas las instituciones del Estado. Es responsabilidad de todos aquellos que podamos hacerlo el colaborar en esa formación y son muchos los registradores que imparten clases en las universidades españolas.
Pero es que, además, las universidades siempre han sido y siguen siendo los grandes centros en donde se estudian, se debaten y se elaboran los ensayos, las tesis, los manuales que han de servir, no solo como una guía para el conocimiento del derecho, para su interpretación y elaboración, sino también para el progreso de las instituciones y de la sociedad. También estamos comprometidos en esa tarea divulgando el Derecho a través de artículos, colaboraciones, webs jurídicas, manuales y tratados.
La formación integral que la institución universitaria ofrece a los alumnos nos ha llevado, a veces por iniciativa propia, a veces por la necesidad de corresponder a la generosidad con que la institución universitaria ha puesto en nosotros las mimbres de lo que somos en el presente, a la creación de Cátedras de Derecho Inmobiliario, o Registral , esto es, a crear espacios de estudio y análisis del Derecho registral inmobiliario y societario a través de convenios con las distintas facultades de Derecho. A día de hoy esta red de cátedras es especialmente importante porque, no solamente incluye a casi todas las universidades españolas, sino que de ella se nutren posteriormente nuestras academias de oposiciones.
Los alumnos entran a través de ellas en contacto con un estudio especializado que los registradores impartimos en las facultades de Derecho en justa correspondencia con lo que nosotros mismos hemos recibido de ellas. Ese es el primer acercamiento al Derecho registral que permite a los alumnos desarrollar cierta curiosidad por una rama del Derecho muy poco integrada en los planes de estudio antiguos, les familiariza con una salida profesional que a veces contemplan desde la óptica de la lejanía o el desconocimiento, y a nosotros, como profesionales, nos obliga a realizar una muy necesaria labor divulgativa de la importancia del sistema registral español, de sus robustos efectos, de la dimensión macro económica de su funcionamiento y explicar con claridad meridiana cuestiones muy básicas que muchas veces damos por sentadas y que no debemos dejar pasar. Alumnos que acceden a esos seminarios, que reciben clases en esas cátedras, empiezan a conocer el Derecho registral, y a interesarse por su estudio en profundidad y por la función registral. Muchos de ellos cumplen su sueño y se forman como registradores, a través del estudio de las oposiciones y de un proceso selectivo objetivo que prioriza el mérito y capacidad de los aspirantes y en el que acceden a la carrera registral los más preparados, ofreciéndoles para ello decenas de becas concedidas por la Fundación Registral, y en sintonía con los programas Seré que asimismo ofrece el Ministerio de Justicia.
Hoy más que nunca, la seguridad jurídica, como he tenido ocasión de trasladar en medios de comunicación, es un valor en alza. Porque la sociedad es cada vez más compleja, porque las normas se multiplican, como las fuentes normativas, porque buscamos la verdad en la sobreabundancia de información, porque los datos son oro pero solamente si son fiables y si la fuente es la correcta, si es completa, si está contrastada… y las bases de datos privadas no pueden ser comparadas ni ser comparables con un Registro jurídico público. En este contexto, el servicio público registral está funcionando desde hace 160 años como herramienta de control de serios e importantes problemas jurídicos, sociales y de seguridad jurídica. Las funciones registrales abarcan una calificación cada vez más completa, se modernizan y se adaptan a las necesidades sociales y resultan cada vez más necesarias.
Este año, especialmente hemos de hacer referencia precisamente hoy al segundo aniversario de la Ley 11/23, que creó el Registro electrónico, y supuso la más revolucionaria transformación del sistema registral desde su creación, la supresión del papel, la creación de la sede electrónica registradores, y en definitiva, la posibilidad para el ciudadano de realizar sus gestiones registrales de forma telemática, y mantener al mismo tiempo la asistencia personal y las oficinas registrales físicas para optimizar la atención al ciudadano. Transformaciones realizadas gracias al impulso y colaboración con el Colegio y la Junta de Gobierno precedente, dirigida por Maria Emilia Adán, del Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública entonces capitaneada por Sofía Puente y en la actualidad dirigida por Ester Pérez Jerez, a quienes agradecemos su compromiso con la modernización y mejora del servicio público registral, y su intenso trabajo en torno a un proyecto revolucionario que, en su momento obtuvo el beneplácito de todos los partidos políticos, y que se ha consolidado como un rotundo éxito de desarrollo y funcionamiento, colocando al Registro español en posición de vanguardia mundial y prestigiando la marca España.
También quiero referirme a la celebración aún reciente, junto a los representantes de la Dirección General del Catastro (desde aquí saludo especialmente a su director, don Jesús Puebla) del décimo aniversario de la Ley de Coordinación entre Registro y Catastro, Ley 13/2015, que ha permitido, no solamente identificar gráficamente las fincas, geolocalizarlas, sino extender todos los efectos de la inscripción en el Registro a la descripción física de la finca. Nos podemos sentir especialmente orgullosos además del desarrollo del proyecto Talavera que ha logrado identificar y geolocalizar con precisión casi 30 millones de fincas registrales. La geolocalización, la implementación del Registro electrónico y la incorporación de las nuevas tecnologías nos ha permitido ofrecer un servicio público más completo y eficaz.
De hecho, la extraordinaria precisión de la geolocalización ha sido especialmente útil cuando hemos colaborado con las autoridades y ciudadanos identificando las fincas afectadas por la dana de Valencia, o el volcán de La Palma (precisamente nuestro ministro de Justicia recibió en esa catástrofe el encargo de coordinar las actuaciones del Gobierno para la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, que duró 85 días y cuya superficie afectada alcanzó las 1.219 hectáreas) y presidió la Comisión Interministerial, en la que participaron doce ministerios.
España también ha sido pionera, y nosotros podemos sentirnos orgullosos como registradores de haber contribuido a ello colaborando con el Ministerio de Vivienda, representado por su actual subsecretario de Estado, Pablo Torres, en la puesta en funcionamiento de la Ventanilla Única Digital que, en ejecución del Reglamento europeo 1028/2024, del PE y el Consejo, ha permitido que, gracias al esfuerzo de los registradores y sus equipos de trabajo y a la coordinación e impulso de los ministerios de Vivienda y Justicia, pueda aflorar, cuantificarse, y equilibrarse un mercado como es el de los alojamientos turísticos muy necesitado de control hace apenas un año y medio.
Hasta hace apenas unos meses se publicitaban en plataformas digitales alojamientos a pesar de no corresponderse con la descripción ofertada, no cumplir con la normativa autonómica preceptiva, comprometer viviendas de protección pública o en comunidades en las que no estaban permitidos tales usos turísticos… A día de hoy, después de haber calificado registralmente estas ofertas presentadas en los registros a través de documentos electrónicos con firma cualificada (aproximadamente 400.000 alojamientos), existe la garantía de que cualquier alojamiento turístico que se publicite en cualquier plataforma digital tiene calificación registral favorable por su íntegro cumplimiento de la normativa en vigor, existe como tal física y jurídicamente, y está permitido por la comunidad a la que pertenece. Hemos contribuido, y debemos enorgullecernos de ello, a que este importante mercado tenga las garantías que merecen sus usuarios nacionales y extranjeros, las propias plataformas, las Administraciones (que ahora disponen de datos fiables), y los ciudadanos.
Siendo la vivienda y el acceso a ella la principal preocupación de los europeos y un problema global que nos afecta a todos, los registradores estamos comprometidos con las medidas que puedan contribuir a paliarlo y si es posible, resolverlo, y así me gustaría expresarlo públicamente, ya que es el Registro de la Propiedad una herramienta esencial en la que se inscriben después de haber sido calificados registralmente los derechos sobre las fincas, la vivienda, se refleja el planeamiento urbanístico, las titularidades, las hipotecas, los embargos, sus ejecuciones, los procedimientos judiciales que les afectan, y cualquier creación, modificación o extinción de derechos que les afecten. Y esta es la función de los registradores, y este es el sentido de nuestro discreto, pero esencial trabajo.
La seguridad jurídica es un valor en alza también fuera de nuestras fronteras, siendo el sistema registral español referencia por su robustez y por los efectos que la inscripción registral garantiza. Así hemos tenido la oportunidad de comprobarlo nuestra directora general, Ester Pérez y yo misma cuando recibimos en España hace poco no solamente a quienes ejercen la función de registradores en los países de Iberoreg, sino a delegaciones de Cuba, al director general de Registros de Puerto Rico y otros países de Iberoamérica que se forman en España gracias a los cursos que desarrollamos cada año en el CADRI.
No solamente Iberoamérica demanda seguridad jurídica. Las recomendaciones del organismo internacional GAFI al respecto de la prevención del blanqueo de capitales y elusión fiscal son contundentes en ese sentido, y se señala a los registros mercantiles como llave de la transparencia societaria. Europa sigue insistiendo en ello, a través de las directivas que abordan el blanqueo de capitales, y en España tenemos la obligación de estar a la altura adaptando nuestra legislación al nivel de garantías que en esta materia ya ofrecen los países de nuestro entorno, y a las expectativas que como Estado pionero en seguridad jurídica, no debemos defraudar.
Tenemos ocasión de avanzar exponencialmente en este aspecto a través de las medidas contempladas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, con la inscripción constitutiva de las participaciones sociales en los registros mercantiles. Tenemos un sistema opaco de transmisión y averiguación de las titularidades societarias, que se basa de hecho en su formalización en escritura pública y en su constancia en el libro interno de socios, y tenemos el deber de cambiar de modelo adoptando el más seguro, ágil y eficiente, que permita a las grandes y pequeñas sociedades trasmitir sus participaciones fácilmente y que les ofrezca la revalorización derivada de su posible uso como garantía, y a las Administraciones, la posibilidad de hacer efectivas las deudas trabándolas en su caso.
Las medidas contempladas en este importante proyecto impulsado por los ministerios de Hacienda y Justicia obedecen a la necesidad de hacer frente al blanqueo de capitales y en este sentido el Colegio de Registradores, ya hace 15 años puso en funcionamiento el CRAB, Centro Registral Antiblanqueo, que canaliza y centraliza las alertas que recibe (unas 40.000 solamente el pasado año) de los registradores de la propiedad y mercantiles, y las remite, para su análisis al SEPBLAC del Banco de España. Su actuación ha sido decisiva a lo largo de estos años para ofrecer información, en el momento adecuado de la operación (esto es, cuando ya se ha formalizado en el correspondiente título y llega al Registro), y sin alertar a los sujetos implicados en las operaciones. A estas alertas se añaden las casi 60 millones de consultas que también el año pasado se realizaron por parte de autoridades y organismos como la AEAT, la UCO y UDEF, al Registro de Titularidades Reales, que a su vez nutre de información al Registro Central de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia, dependiente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, a quien de nuevo agradezco su implicación en este esencial proyecto, que ha suscitado agresivas, interesadas e inaceptables críticas muy apartadas del sano debate crítico jurídico.
“Superar la actual opacidad del mercado societario, sobre todo en las sociedades de responsabilidad limitada, exige combinar medidas eficaces, seguras, asequibles, y útiles. El interés público determina que haya que invertir la lógica del modelo actualmente existente desde la reforma de la Ley de sociedades de 1989”
Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, aún queda un largo camino por recorrer en este ámbito. Superar la actual opacidad del mercado societario, sobre todo en las sociedades de responsabilidad limitada, exige combinar medidas eficaces, seguras, asequibles, y útiles. El interés público determina que haya que invertir la lógica del modelo actualmente existente desde la reforma de la Ley de sociedades de 1989. En lugar de confiar en la mera manifestación del transmitente —aunque se formalice ante notario—, es necesario construir un sistema en el que la regularidad de la titularidad quede condicionada a su publicidad y verificación registral. La inscripción registral no debe ser un trámite meramente declarativo, sino el elemento que legitime el ejercicio de los derechos societarios. Quien no figure regularmente inscrito, quien actúe a través de estructuras opacas o no verificables, testaferros o sociedades pantalla, por mucho que consten anotados en libros privados de la sociedad o en bases de datos privadas, no debería poder votar ni percibir dividendos. No es una medida caprichosa ni obedece a intereses corporativos, sino que la reforma prevista en la Ley orgánica de integridad pública es necesaria y de interés público. Porque a diferencia de las bases de datos privadas, el Registro Mercantil es público, transparente y sujeto a principios hipotecarios de calificación registral, prioridad, tracto sucesivo y legitimación.
La publicidad registral permite, además, introducir mecanismos de contraste que van más allá de la simple declaración: cruces de información con los registros de la propiedad, indicadores de riesgo, detección de incongruencias en cadenas de control, identificación de participaciones recíprocas o de autocartera, y reconstrucción de estructuras indirectas. Es en ese plano —el de la trazabilidad y la verificabilidad— donde se juega la eficacia real del sistema más allá del debate, absolutamente secundario, acerca de la titulación de la transmisión.
Retomando la idea inicial, España, que ha sido modelo y referente universal por su compromiso con la formación universitaria, que ha sido cuna de las más importantes referencias culturales, literarias y artísticas, que es referencia en la investigación científica y médica, que ha sido pionera en reafirmar su competencia en la persecución de crímenes contra la humanidad, que es referencia jurídica en la reafirmación de derechos humanos y ha sido el primer país del mundo en reconocer legislativamente importantes derechos, ha de seguir en esta búsqueda de la ejemplaridad que históricamente nos ha caracterizado, y avanzar en las reformas que a todos los niveles nos permitan mantener el prestigio de la marca España.
“La seguridad jurídica es un valor en alza también fuera de nuestras fronteras, siendo el sistema registral español referencia por su robustez y por los efectos que la inscripción registral garantiza”
Porque no hay progreso sin verdad, ni verdad sin instituciones que la sostengan. Las sociedades avanzan cuando el conocimiento se convierte en responsabilidad. Y George Orwell en 1984 indicaba que “en tiempos de engaño universal, la verdad es un acto revolucionario”.
Por eso, al otorgar hoy este premio al Consejo Rector de Universidades, no solo estamos reconociendo una trayectoria o una labor institucional. Estamos afirmando un modelo de sociedad en la que todos los que estamos aquí tenemos implicación, compromisos y responsabilidad: una sociedad que cree en el conocimiento, que confía en sus instituciones y que entiende que el futuro del Estado de Derecho no se improvisa, sino que se construye con inteligencia, con rigor y con vocación de servicio público.
Y hoy, al reconocer a la Universidad, estamos precisamente celebrando eso: la responsabilidad de pensar, de formar y de construir. Porque quien cree saberlo todo ha dejado de pensar, porque la reflexión crítica es condición de la verdad, porque como en la República de Platón, a veces confundimos las sombras proyectadas en la pared con la realidad y los relatos son solamente sombras. Porque tenemos la obligación y el compromiso como juristas de ser rigurosos, analizar, buscar hasta encontrar la lógica, y la verdad. Cuando, para justificar un relato todo vale, como indicaba Nietzsche, “no hay hechos, sino interpretaciones”, y en esa perspectiva construida tenemos la responsabilidad de estudiar, no solamente en la Universidad, y finalmente llegar a conclusiones porque como decía Antonio Machado en boca de Juan de Mairena “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”.
