Se presenta un curso político agitado. No solo por la crisis energética, la guerra de Ucrania, el descontrol de la inflación y la subida de los tipos de interés, fenómenos todos relacionados entre sí, sino también porque las fechas son ya el preámbulo de una batalla electoral que se extenderá a lo largo del próximo año, primero con los comicios municipales y autonómicos y, más tarde (podría ser incluso en enero de 2024), con las elecciones generales. Eso ha supuesto que los grupos políticos, habitualmente guiados por el cortoplacismo, han empezado a afilar las lanzas, sobre todo el PP, que ha aprovechado la hegemonía que tiene en algunas comunidades (Andalucía, Madrid, Castilla y León, Murcia y Galicia) para iniciar el fuego con propuestas de rebajas fiscales. La iniciativa la han seguido sin dudarlo la mayor parte de las restantes, gobernadas por el PSOE o en coalición.
Con ese tinte electoral han llegado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), presentados con algo de retraso sobre el plazo oficial, que acaba el 30 de septiembre, y que deben pasar por el Parlamento para su aprobación antes de final de año. Se trata de un presupuesto expansivo que centra el tiro en el incremento del gasto social (se lleva seis de cada 10 euros del capítulo de gastos), las inversiones productivas y la partida militar.
El gasto social, en el que ha sido determinante el impacto de la inflación, no deja de tener un sesgo populista. El Ejecutivo ha echado el resto en el aumento del 8,5% de las pensiones y del 3,5% de los salarios públicos, y de partidas como la prestación por desempleo, el ingreso mínimo vital o la ampliación del periodo de la gratuidad de los trenes de cercanías, entre otros.
El Banco de España insiste en reclamar consensos que vayan mucho más allá de una legislatura con el respaldo de la mayoría parlamentaria y los empresarios exigen a los políticos que, además de que se les escuche, se alejen de los populismos y las ocurrencias y apuesten por el rigor
El gasto militar se eleva nada menos que un 26%, lo que supone 15.000 millones de euros, el 1,2% del PIB y con el objetivo de seguir aumentando la partida hasta el 2% en 2029. Este fuerte aumento está justificado por los compromisos con la OTAN y condicionado a contratar con la industria sectorial española, lo que palía en parte las reticencias del socio del PSOE en el Gobierno.
Las inversiones, por su parte, crecerán un 10%, sostenidas principalmente por los fondos europeos de recuperación. En total, entre inversiones reales y transferencias de capital, alcanzará los 43.000 millones. Los cálculos apuntan que las ayudas europeas contribuirán con 2,8 puntos porcentuales en el crecimiento del año que viene, aunque la Autoridad Fiscal (Airef) rebaja ese dato a dos puntos. Por otra parte, no parecen tener el efecto esperado en la creación de empleo, que según las previsiones pasa de crecer un 3% este año al 0,6% en 2023.
En el lado de los ingresos, el Ejecutivo lo basa todo en el aumento de la recaudación, con previsión de 3.100 millones para el año próximo. Este capítulo resulta clave para cumplir el objetivo de equilibrar las cuentas. En ese sentido, confía en reducir el déficit hasta el 3,9% del PIB, lo que permitiría cumplir con las obligaciones impuestas por el Pacto de Estabilidad.
Las cuentas públicas, en cualquier caso, estarán sujetas a muchas variables por los altos precios del gas; el frenazo de las economías europeas y las subidas de los tipos de interés anunciadas por el Banco Central Europeo (BCE). Parten del hecho irrefutable de que el panorama se encuentra atormentado por la crisis energética y la guerra de Ucrania. Solo hay que ver los cambios continuos que se producen en las previsiones de crecimiento. El Gobierno español ha elevado del 4,3% al 4,4% el incremento de la economía este año y rebaja del 2,7% al 2,1% el de 2023. Sin embargo, el Banco de España empeora ese pronóstico en nada menos que siete décimas, hasta 1,4%, lo que supone un correctivo en toda regla.
Precisamente, el Banco de España insiste en reclamar consensos que vayan mucho más allá de una legislatura con el respaldo de la mayoría parlamentaria y los empresarios exigen a los políticos que, además de que se les escuche, se alejen de los populismos y las ocurrencias y apuesten por el rigor. Todo eso podría evitar las negociaciones para aprobar los PGE; pero volverá a imperar la aritmética parlamentaria. El Gobierno buscará el apoyo de los grupos que propiciaron la investidura que serán fundamentales para sacarlos adelante. Se producirán las típicas idas y venidas a cambio de prebendas y así seguirá el curso político mirando el horizonte electoral.
Miguel Ángel Noceda
