Destacados profesionales y expertos en la materia debatieron sobre los grandes retos de la vivienda en nuestro país y sobre la licuación patrimonial.
Organizada por el Colegio de Registradores en colaboración con la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), se celebró la Jornada sobre vivienda: retos del siglo XXI. Alquiler turístico: un desafío urbano y rural. Un Sector clave para una sociedad informada. La jornada se desarrolló en torno a dos mesas redondas, la primera sobre El Registro de la Propiedad: herramienta de Seguridad Jurídica en el alquiler de corta duración, y una segunda mesa titulada Redefiniendo el hogar: licuación patrimonial para una jubilación digna.
En la presentación de la jornada Teresa López, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, señaló que “el Registro de la Propiedad se consolida como una pieza clave para toda la política pública de vivienda, incorporando no solo un instrumento de publicidad jurídica, sino también una infraestructura institucional al servicio de la transparencia, la seguridad y el interés general”.
La decana-presidenta del Colegio de Registradores, María Rosario Jiménez, destacó en sus palabras de inauguración que “la fiabilidad de la información registral es esencial para la estabilidad y la transparencia del mercado”. Es un presupuesto, dijo, “imprescindible para planificar políticas de vivienda y así lo hemos trasladado al ministerio”. En este sentido, manifestó la decana, “el siglo XXI exige integrar sostenibilidad ambiental, cohesión territorial, innovación digital y equilibrio entre el derecho a una vivienda digna y la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario. Estos desafíos requieren cooperación institucional, rigor técnico y políticas públicas estables y previsibles. El acceso a la vivienda será uno de los indicadores de la calidad democrática en las próximas décadas. Nuestra responsabilidad es contribuir a un marco que combine sensibilidad social y solidez jurídica”.
“El acceso a la vivienda será uno de los indicadores de la calidad democrática en las próximas décadas. Nuestra responsabilidad es contribuir a un marco que combine sensibilidad social y solidez jurídica”. María Rosario Jiménez
SEGURIDAD JURÍDICA
La primera mesa redonda, bajo el título El Registro de la Propiedad: Herramienta de Seguridad Jurídica en el alquiler de corta duración, fue moderada por Miguel Ángel Noceda, presidente de FAPE, y contó con la participación de Pablo Torres Paniagua, secretario general técnico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en aquel momento, y actual subsecretario de Vivienda; Ángel Chacón, director del Servicio Registral de Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores; y Marta Gómez Llorens, directora de Vivienda y Responsabilidad Social Corporativa.
Durante su intervención Pablo Torres calificó de prioridad social la regulación de los alquileres de corta duración, y señaló que para más del 40% de los españoles, la vivienda es hoy su principal preocupación, y eso nos obliga a actuar. En este sentido, destacó el esfuerzo de España por aplicar el reglamento europeo, convirtiéndose en el primer país en ponerlo en marcha. “En un año se ha logrado más transparencia, más información y una mayor seguridad jurídica en la relación entre particulares, gracias a la intervención de los registradores y al registro único», resaltó.
“En un año se ha logrado más transparencia, más información y una mayor seguridad jurídica en la relación entre particulares, gracias a la intervención de los registradores y al registro único». Pablo Torres
Por su parte, Ángel Chacón, explicó en su intervención que el número de registro del alquiler no supone una carga burocrática excesiva, si no que es «es un trámite sencillo que puede resolverse en apenas siete días y que garantiza que el inmueble existe y está correctamente inscrito».
Marta Gómez Llorens, defendió el carácter complementario del Registro frente a las competencias autonómicas y locales. «No hay que confundir el control administrativo con la seguridad jurídica. Las administraciones regulan el turismo; el Registro protege el tráfico jurídico inmobiliario», manifestó la directora de Vivienda del Colegio de Registradores.
La mesa puso en valor que el refuerzo de los mecanismos de seguridad jurídica en el alquiler de corta duración es esencial para compatibilizar el desarrollo turístico, la sostenibilidad social y el derecho a una vivienda digna.
LICUACIÓN PATRIMONIAL
La segunda mesa redonda, titulada Redefiniendo el Hogar: Licuación patrimonial para una jubilación digna, estuvo moderada por Anabel Díez, presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, y reunió a Basilio Aguirre, registrador de la Propiedad; Carlos Colomer, asesor fiscal; y Juan Ángel Lafuente, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universitat Jaume I.
Basilio Aguirre abrió el debate señalando que “el derecho debe estar pendiente de la realidad social” en un contexto en el que las personas mayores de 65 años tienen un peso creciente en la estructura demográfica, y recordó que una gran parte de esta población es propietaria de su vivienda, lo que ha impulsado la recuperación y adaptación de figuras jurídicas tradicionales, junto a nuevas modalidades como la venta con arrendamiento vitalicio o fórmulas de convivencia compartida.
Desde el punto de vista fiscal, Carlos Colomer explicó que la licuación patrimonial engloba «un conjunto de operaciones que permiten obtener liquidez manteniendo la vivienda y sin necesidad de abandonarla”, pero alertó de la elevada carga impositiva que debe soportar el inmueble en estas circunstancias. En cuanto a las figuras más habituales, destacó que la hipoteca inversa es la mejor tratada fiscalmente, aunque su escaso uso contrasta con el mayor éxito de la venta con reserva de usufructo, o la cesión de vivienda a cambio de alimentos.
Finalmente, el catedrático Juan Ángel Lafuente aportó una visión macroeconómica y advirtió de que «las pensiones no van a ser capaces de soportar por sí solas el aumento de la longevidad”. A su juicio, el desarrollo de estas fórmulas requiere grandes operadores, productos diversificados y un marco de seguridad jurídica sólido que reduzca la incertidumbre.
