España necesita unos presupuestos de país en el que los programas deben supeditarse a la emergencia nacional.
La enfermedad y la economía, vinculadas e imantadas como no ocurría en España desde 1918, con la mal llamada “gripe española”. En esa situación está el país a causa de la COVID-19, una pandemia que devasta sanitaria, social y económicamente. Ante una emergencia nacional, la actuación de los representantes públicos se asemeja, alarmantemente, a la habitual: choque y enfrentamiento. Una actitud que se ha cimentado con ahínco en los últimos cinco años. Ahora, también.
Es sorprendente la capacidad de abstracción de las cúpulas de los partidos, bases de nuestro sistema político, fijado en la Constitución de 1978, de la realidad que nos envuelve. Una economía con contornos similares a la gran recesión de 2008, aunque esa fuera por el derrumbe financiero. Ya nada ha vuelto a ser igual, para mal, ni lo será. Los expertos, hasta los más optimistas, prevén que la hecatombe será mayor que la anterior.
Una sociedad, mayoritariamente consciente de la gravedad individual y colectiva en la que tiene que desenvolverse, asiste perpleja a la dificultad de acuerdo para acordar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. La necesidad de esas cuentas son exigencia técnica para que la Unión Europea transfiera las ayudas a cada país socio, pero, además, o, sobre todo, es una exigencia moral para los representantes de los ciudadanos. Sí, tiene que haber cesiones, concesiones y transacciones.
No hay estudio demoscópico que no recoja palmariamente el mandato social de que ante la emergencia sanitaria, económica y social quienes tienen la potestad y la autoridad para tomar decisiones se pongan de acuerdo en aprobar unos presupuestos de país.
Los empresarios, los sindicatos, el mundo financiero, los colectivos más organizados de la sociedad, lo demandan. Todos ellos van a poner de su parte. Sin aspavientos y de forma discreta los agentes sociales tienen varias mesas de negociación abiertas, todas ellas impulsadas por las consecuencias de la pandemia. Empresarios y sindicatos, con intereses y objetivos muy diferentes, saben que tienen que aislarlos por tiempo indefinido.
El qué y no el quiénes tiene que ser el criterio para sentarse en torno a una mesa de negociación. Eso significa que la práctica consolidada de los vetos tiene que arrumbarse en esta situación en la que las alarmas no paran de sonar ni de día ni de noche.
Los partidarios de subir impuestos deben calibrar si esa medida es adecuada, cuando cientos de miles de puestos de trabajo están en juego. Tampoco los adalides de la bajada de tributos deben continuar con su fórmula cuando se van a necesitar muchos recursos para hacer frente a los estragos sociales de la pandemia. No hay un solo colectivo, sector o grupo profesional que no demande ayudas. Todo lo deben recoger los presupuestos, habida cuenta de que España continúa con los de 2018 cuando la economía crecía al 2%. Unas cuentas que deben incluir partidas sanitarias, de asuntos sociales, de educación, y los salarios públicos de quienes están en primera línea contra la enfermedad. Muchos han descubierto que las ocupaciones indispensables en esta tragedia están en la escala baja de las remuneraciones.
Al Gobierno le corresponde llevar la iniciativa y presentar un borrador con unos criterios realistas, que puedan ser asumidos por la mayoría de los grupos parlamentarios. Estos no pueden poner condiciones imposibles de admitir por la Unión Europea ni contrapartidas ajenas a las cuentas. No se puede exigir al Gobierno que rompa su coalición a cambio de sentarse a negociar sin saber el contenido. No se puede vetar a nadie desde el Ejecutivo con el apriorismo de que sus programas son incompatibles. Ahora no se puede derogar la reforma laboral; ni mezclar los presupuestos con la forma de Estado, por mucho que figuren en los respectivos idearios y ofertas electorales. Nadie debe pedir que se renuncie a ellos pero ahora se trata de la viabilidad de España como Estado. Idearios y programas, deben seguir en el cajón en el que entraron en marzo de 2020 cuando se declaró oficialmente la existencia de la pandemia y se decretó el estado de alarma. Una fecha para la Historia de España del siglo XXI.
Anabel Díez
