España fue regida a lo largo del Siglo XIX por cinco constituciones. La inestabilidad política e institucional en aquel convulso siglo se plasmaría en sendos textos constitucionales de 1837, 1845, 1856, 1869 y 1876. Es de destacar que en ninguna de estas Cartas Magnas se atiende a la cuestión de la lengua o lenguas españolas.
Simultáneamente se está produciendo en el seno de la sociedad civil la reivindicación de las otras lenguas de España, además del castellano. Ello es consecuencia del movimiento romántico extendido por toda Europa, uno de cuyos conceptos fundamentales, formulado por Hegel y hecho suyo por Johann Gottfried Herder, era el del volksgeist, el “espíritu del pueblo”, del que las lenguas se consideraban expresión fundamental. Dicho intento de recuperación y dignificación, que se plasma destacadamente en el cultivo de las literaturas respectivas, recibe el mismo nombre en catalán (Renaixença) y en gallego (Rexurdimento).
En la secuencia histórica de nuestras cartas magnas hay que esperar a la Constitución de la República Española de 1931 para encontrar la primera referencia a la lengua común y a las lenguas vernáculas. En su título preliminar se declara al castellano idioma oficial de la República “sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias y regiones”, y sin que a nadie se le pueda exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional “salvo lo que se disponga en leyes especiales”.
Ante este panorama histórico legislativo, bien podemos considerar una de las aportaciones más destacables de la Constitución de 1978 el reconocimiento del carácter plurilingüístico de nuestro país, que en ella se produce de manera incontestable. En consecuencia, la disposición final anuncia que la carta magna se publicará no solo en castellano, sino también en las demás lenguas españolas.
La concreción de este principio fue objeto de muy amplio debate, tanto en el Congreso como en el Senado. Al final, hilando muy fino, los constituyentes propusieron, en el artículo 3 del título preliminar, que “el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”. Pero afirmaron a la vez que “las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos”. Y remataban la tarea rechazando la llamada “maldición de Babel”, al considerar que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección”.
De tal modo, por primera vez en nuestra Historia una Constitución, y el desarrollo legislativo de sus estipulaciones, ha venido a hacer cierto el objetivo, recogido en el preámbulo del texto constitucional, de “proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”.
El pacto constitucional de 1978 sentó las bases de un proceso que no se puede dar todavía por cerrado, pero que ha posibilitado sobremanera la neutralización entre dos conceptos específicos de la Lingüística como son el de bilingüismo y el de la diglosia. El reconocimiento constitucional, los programas autonómicos de normalización lingüística, los sílabos educativos, los medios de comunicación audiovisuales y escritos, las industrias culturales basadas en la lengua y, en general, la revalorización de los idiomas españoles además del castellano han conseguido en muy alto grado la dignificación de todos ellos, y la superación de las situaciones diglósicas en aras de un bilingüismo equiparable al de tantas y tantas regiones, nacionalidades y Estados del mundo.
La aplicación leal de la Constitución de 1978 y de los posteriores Estatutos de las Comunidades Autónomas a todo cuanto se refiere a la relación entre nuestras distintas lenguas es garantía de una convivencia pacífica y fecunda entre todas ellas, de acuerdo con un modelo muy extendido: el de un Estado plurilingüe, enriquecido en nuestro caso por un idioma que no solo hablamos todos los españoles, sino quinientos millones de personas en cuatro de los cinco continentes.
Darío Villanueva
