En primer lugar, permítanme que les transmita un afectuoso saludo de la ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, y también el agradecimiento a toda la organización, al Colegio, a la Junta de Gobierno, a todo el equipo, María Emilia, querida María Emilia, por la invitación y por contar con el Ministerio para la inauguración de este congreso.
Justo tras la conclusión del anterior, del VI Congreso de Registradores que llevaba por título Humanismo y tecnología al servicio de la sociedad, que tuvo lugar en Valladolid en septiembre de 2021, se inicia la erupción volcánica en la isla de La Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. Esta erupción volcánica puso de nuevo a prueba la capacidad de la sociedad española, en particular de la sociedad canaria y de la palmera, para responder a un desastre natural que no se había vivido desde hace casi 50 años. Hay que reconocer como ante unas circunstancias ciertamente adversas y no vividas antes, los registradores y las registradoras españolas en activo fueron capaces de dar una respuesta moderna y adecuada a los problemas que se estaban planteando en su ámbito propio de la seguridad jurídica, respuesta que no se ciñó solo al aspecto estrictamente jurídico, sino que se extendió también al humano.
Así, desde el Colegio de Registradores de España, el día 23 de septiembre, cuatro días apenas después de la erupción, se habilitó ya en su página web un banner principal con el lema Apoyo a los afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Con el ánimo de solidarizarse y de dar muestra de su utilidad pública desde que se produjo la erupción, se habilitó y se hizo público un espacio que permitía a los posibles afectados conocer el alcance de la erupción sobre sus inmuebles y en caso de estar afectados, recibir información sobre sus derechos inscritos, así como solicitar de forma gratuita las certificaciones registrales que permitieran acreditar la titularidad de sus inmuebles. Ese mismo día 23 de septiembre, quedó operativo un servicio de cita previa disponible desde cualquier dispositivo y también de asesoramiento telefónico permanente por el registrador de La Palma, habiéndose celebrado 222 consultas algunas de las cuales han sido realizadas por personas que no tenían su finca inscrita, dándoles siempre el asesoramiento correspondiente.
“Tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja, los registradores y las registradoras españolas fueron capaces de dar una respuesta moderna y adecuada a los problemas que se estaban planteando en su ámbito propio de la seguridad jurídica, respuesta que no se ciñó solo al aspecto estrictamente jurídico, sino que se extendió también al humano”
Por otra parte, en la página web del CORPME se habilitaron como herramientas auxiliares un video informativo por parte del registrador de La Palma, una guía práctica explicativa de cómo los posibles afectados podían solicitar las certificaciones registrales, el servicio de Geoportal Registral específico desde el cual los afectados de una manera muy intuitiva podían comprobar si su titularidad estaba afectada y la superposición en ese Geoportal Registral de la información cartográfica facilitada por la herramienta de gestión de catástrofes de Copernicus, unida a la información predeterminada de una capa cartográfica aérea que permitió informar de los extremos referidos al ámbito territorial georreferenciado afectado sucesivamente por la lava volcánica, con la consiguiente identificación de las fincas. Toda esta experiencia acumulada ha servido para dar una mejor respuesta desde la función registral ante el reciente y terrible incendio en la isla de Tenerife, siendo esencial para ello el Portal Registral de Emergencias.
También creo oportuno poner de relieve desde el anterior congreso la tramitación y publicación de la Ley 11/2023 de 8 de mayo, de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de digitalización de actuaciones notariales y registrales que entrará en vigor en su parte registral el 9 de mayo de 2024, y que refuerza la función registral actualizando su funcionamiento al mundo digital. En concreto, mediante el título IV de la ley, se procede a reformar la Ley Hipotecaria y la Ley del Notariado, destacando que por primera vez se habilita para determinados supuestos la intervención telemática notarial y registral con el objetivo de facilitar la prestación de los servicios notariales y registrales sin necesidad de presencia física.
En cuanto a la Ley Hipotecaria las modificaciones se centran fundamentalmente en regular la sede electrónica general, la posibilidad de las comunicaciones con la ciudadanía y con otros organismos por medios electrónicos, así como la publicidad registral por estos mismos medios, y la creación de un sistema informático registral y un repositorio electrónico con información actualizada de las fincas, así como un protocolo de réplica de los datos y asientos en dos centros de procesos de datos seguros y distantes. Igualmente, se introduce en la normativa las modificaciones pertinentes para permitir la utilización registral de sistemas de videoconferencia e interoperabilidad con otros registros a los efectos del ejercicio de sus respectivas funciones públicas y el acceso por los interesados a la aplicación abierta en la sede electrónica registral utilizando lógicamente los sistemas de identificación electrónica segura.
Así mismo se dispone que los sistemas de información y comunicación que se utilicen por registradores y notarios deberán ser interoperables entre sí para facilitar su comunicación y su integración. Esta ley prevé además en su disposición adicional V la necesidad de que se apruebe un calendario de implantación de las previsiones referidas a los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles a cuyos efectos se han dictado una serie de resoluciones entre las que destaca la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 7 de julio de 2023, por la que se aprueba ese calendario de implantación con objeto de preparar a nivel tecnológico la entrada en vigor de la nueva regulación.
“La tramitación y publicación de la Ley 11/2023, que entrará en vigor en su parte registral el 9 de mayo de 2024, refuerza la función registral actualizando su funcionamiento al mundo digital”
Así se prevé en dicha resolución una fase A de implantación de la firma electrónica de todos los asientos y documentos registrales que está en marcha ya, entre octubre y diciembre de 2023, y una fase B de implantación de la digitalización de todos los documentos presentados en soporte papel, así como la creación del repositorio de archivos electrónicos con información actualizada y de cumplimentación obligatoria de los datos fundamentales de la base de datos auxiliar, fase que se extenderá entre los meses de enero y abril del año próximo.
Por otra parte como responsable que soy de la Secretaría General del Ministerio de Justicia, y por tanto no solo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sino también de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y de la Dirección General del Servicio Público de Justicia, quiero poner de relieve el intenso trabajo desarrollado por el Ministerio de Justicia en esta Comunidad Autónoma de Canarias en esos ámbitos a los que he hecho referencia.
En primer lugar, resulta relevante destacar las cantidades asignadas a esta administración autonómica de los Fondos Next Generation de la Unión Europea, destinados a proyectos tractores de digitalización en la administración de justicia por un total de 23.651.076 euros. A esta cantidad hay que añadir otra cantidad adicional recibida por el Ministerio de Justicia, pero regionalizable, de más de 6 millones de euros, lo que supone una inversión total en las islas en el ámbito de la digitalización de la Justicia de casi 30 millones de euros a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cantidades además que fueron repartidas por consenso en la Conferencia Sectorial de Justicia en el seno de la cual hemos trabajado intensa y satisfactoriamente con la anterior administración autonómica, relación absolutamente positiva y óptima que mantenemos con la actual con la que estamos trabajando desde el primer día.
En colaboración con la administración canaria se han creado también varias unidades judiciales en la anterior legislatura y se han materializado dos agrupaciones de partidos judiciales para conocimientos de asuntos en materia de violencia de género. Actualmente trabajamos en la agrupación de los partidos judiciales de La Orotava y Puerto de la Cruz, y en un nuevo Real Decreto de órganos judiciales que prevé la creación a nivel estatal de 70 unidades judiciales de las cuales seis se crearán en esta comunidad autónoma. Lo anterior se acompaña con la autorización económica de diversas medidas de refuerzo para jueces y letrados de la administración de justicia que contribuyen a paliar en cierta medida la alta litigiosidad que se da en las islas, y la dificultad añadida proveniente de la insularidad y de la ingente población flotante. También hay que destacar las inversiones ordinarias realizadas por el Ministerio de Justicia en la propia gerencia territorial del mismo en las Islas Canarias y también en la sede, delegación en Canarias, del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses en su sede de La Laguna.
Por último y en el ámbito estrictamente digital aplicado a la administración de justicia, no obstante encontrándose estas competencias transferidas a las comunidades autónomas, el Ministerio de Justicia proporciona asistencia técnica y desarrollos tecnológicos en varios ámbitos como son EVID, Escritorio Virtual de Innovación Digital, servicio de cita previa, la capacitación en competencias digitales en interoperabilidad a través de la herramientas Geiser y Acceda, el servicio electrónico de microempresas y la Plataforma de Liquidación de Bienes, también con Inteligencia Artificial, a través de herramientas como la textualización, y los expedientes gubernativos y portafirmas para las fiscalías, el sistema de Inspección y Consulta del Cuadro de Mandos, entre otros. En definitiva, desde el Ministerio de Justicia seguimos trabajando de manera continua e incansable en constante cooperación con el resto de administraciones concernidas para acercar la Justicia a la ciudadanía y para reducir en la medida de lo posible las brechas de todo tipo que atraviesan nuestra sociedad.
Ahora, permítanme que les dirija también unas palabras extraídas más bien del corazón y de mi reflexión personal como ciudadano de este país y también como jurista y como magistrado.
Me gustaría esta noche poner en valor el trabajo que realizan cada uno de ustedes, registradoras y registradores, en el ámbito de sus respectivos registros. Se me antoja un trabajo esforzado y a la par silencioso, tenaz, técnicamente impecable y sin estridencias, el que día a día realizan ustedes, y realizamos todos quienes creemos en el valor del servicio público para una sociedad mejor, más segura, no solo jurídicamente, que también, sostenible, más conectada, colaborativa, diversa y que no se contenta ni resigna con la desigualdad social, sino que contribuye con su trabajo, cada uno en su respectivo ámbito, a remediarla. Una sociedad que sin adanismos aprecia la herencia recibida de nuestros mayores para actualizarla y proyectarla hacia el futuro a aquellos que nos siguen, a aquellos que nos seguirán. Una sociedad como la española que creo, y es mi opinión personal que espero que muchos de ustedes compartan, que huye mayoritariamente de los extremos y si me permiten de los dramas inanes presentes estos días en nuestras redes sociales. Una sociedad que reclama sosiego, respeto por el otro, entendimiento, acuerdos, certezas y por tanto progreso. En el convencimiento de que estos valores nos unen, permítanme desearles una vez más en el nombre de la ministra y en el mío propio que tengan un feliz y provechoso congreso.
