No Dejar a Nadie Atrás es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible. Ella representa el compromiso inequívoco de todos los Estados miembros de poner fin a la discriminación y la exclusión, reducir las desigualdades y vulnerabilidades que dejan a las personas atrás y socavan el potencial de las personas y de la humanidad en su conjunto.
Todos estamos concernidos, por eso, a la hora de abordar un año más la conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, he querido evocar la situación de las mujeres con discapacidad para remarcar la vigencia de ese compromiso.
La pandemia ha sido el ojo de huracán que absorbe y arrasa vidas humanas, trastorna los hábitos y costumbres sociales, acrecienta temores y agrava situaciones de vulnerabilidad asociadas a la discapacidad y a la accesibilidad a la defensa de sus derechos. En este colectivo, las cuotas de igualdad se encuentran en un horizonte lejano, por lo que es un deber utilizar esta fecha para reivindicar una mirada especial y un esfuerzo más a las políticas de igualdad.
La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, dispone que: «Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación». Según su Comité, incluso las leyes y las políticas relativas a la mujer tradicionalmente han hecho caso omiso de la discapacidad. La propia Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la mujer (CEDAW) aprobada por las Naciones Unidas en el año 1979 no menciona a las mujeres con discapacidad. Posteriormente, el Comité de la CEDAW incluyó en el año 1991 en su Recomendación General número 18 la particular preocupación por la situación de las mujeres con discapacidad y la necesidad de adopción de medidas especiales en educación, empleo, servicios de salud, participación social, cultura… para paliar su «doble discriminación».
Para asimilar en derechos a las mujeres con discapacidad es necesaria una actuación proactiva intensa, pues se encuentran en un peldaño inferior en el reconocimiento y disfrute de los derechos y libertades públicas respecto de los hombres con discapacidad, y en varios por debajo de las mujeres sin discapacidad
Para asimilar en derechos a las mujeres con discapacidad es necesaria una actuación proactiva intensa, pues se encuentran en un peldaño inferior en el reconocimiento y disfrute de los derechos y libertades públicas respecto de los hombres con discapacidad, y en varios por debajo de las mujeres sin discapacidad. Fenómenos como la «feminización» de la pobreza en el ámbito de la discapacidad, el analfabetismo digital, la violencia invisible, los problemas de accesibilidad sin verdaderos entornos neutros, los estereotipos y prejuicios que distorsionan y desfiguran a estas mujeres, exigen un cambio de mirada. Por tanto, es precisa una toma de conciencia colectiva y acciones públicas que conduzcan hacia una verdadera cultura inclusiva y frente a la discriminación directa, indirecta o por asociación.
Desde la Fiscalía de personas con discapacidad y mayores de la Fiscalía General del Estado queremos transmitir nuestra sensibilidad y compromiso hacia las necesidades de apoyo, adelanto, promoción y defensa de los derechos de estas mujeres frente a las diferentes formas de discriminación, con especial interés en las que tanto con carácter sistémico o estructural, nos corresponden como partícipes de la administración de justicia.
María José Segarra Crespo
