En 2015 se inauguró en España un ciclo del que aún no ha salido. El desencuentro político llegó hasta las últimas consecuencias, cuales fueron la celebración de unas nuevas elecciones solo seis meses después de las anteriores. No empezó esa XII Legislatura mejor que la brevísima anterior ya que de nuevo rondó la posibilidad de tener que convocar a los ciudadanos a las urnas ante la imposibilidad de que ningún candidato alcanzara la mayoría necesaria para ser investido presidente del Gobierno. Poco antes de cumplirse tres años se han celebrado unas terceras elecciones. A la tercera debe lograrse que España, al fin, comience un período de estabilidad tras cinco años de zozobra.
Desde la Transición y los primeros años 80 no se había vivido en España una etapa en la que la política condujera directamente a callejones sin salida. La ausencia de cultura de pacto entre diferentes hizo imposible formar gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015. Cuando se logró en 2016 fue a costa de provocar una fractura profunda en uno de los partidos fundamentales en la democracia española. La abstención del PSOE en el Congreso de los Diputados para que pudiera gobernar Mariano Rajoy, ganador de las elecciones de junio de 2016, pero con una mayoría insuficiente, estuvo a punto de romper el centenario partido de los socialistas.
A grandes rasgos el gobierno de Rajoy cumplía con el día a día pero la ausencia de apoyos para llevar adelante reformas y proyectos de enjundia se traducía en una liviana actividad legislativa. ¿Para qué aprobar en el Consejo de Ministros proyectos de ley o Reales Decretos ley que no pudieran ser aprobados ni convalidados en el Parlamento?
Ha empezado la XIII Legislatura desde la restauración de la democracia en España y no debiera demorarse la formación de un gobierno que ponga en marcha un proyecto de país para los próximos cuatro años, con ambición de poner las bases para una década
A falta de discusión sobre leyes, el Parlamento consumía jornadas sin fin sobre la crisis territorial en Cataluña, que culminó con la aplicación de una figura constitucional, el artículo 155 de la Ley de Leyes, inédita desde su aprobación y acogida con dramatismo por los independentistas aunque en muchos sectores de la sociedad catalana, también en el resto de España, hubo pesadumbre. No pasó mucho tiempo, sin embargo, para que emergieran las críticas ante una intervención de la autonomía catalana que sectores políticos consideraron excesivamente laxa. La crispación y la confrontación invadieron la política española. No fue esa la única situación excepcional de este período que aún no ha llegado a su fin. Por primera vez triunfó una moción de censura contra el Gobierno. Un Ejecutivo débil, ahora de otro color, sostenido tan solo por 84 diputados, incapacitado, de nuevo, para abordar y aprobar proyectos de calado. Sin presupuestos la legislatura no podía continuar. Otra convocatoria electoral tan solo dos años y diez meses después de la anterior.
Ha empezado la XIII Legislatura desde la restauración de la democracia en España -las Cortes se constituyeron el pasado 21 de mayo- y no debiera demorarse la formación de un gobierno que ponga en marcha un proyecto de país para los próximos cuatro años, con ambición de poner las bases para una década.
Las posibilidades de pacto son diferentes y difíciles, algo a lo que están acostumbrados en los países más desarrollados. La complejidad y la fragmentación de la sociedad en diversas opciones obligan a los actores políticos a desprenderse de usos y comportamientos en sus relaciones que ya no sirven. Acuerdos sobre programa, con gobiernos de coalición o en solitario; nada está escrito aún pero deben conseguirlo para dar estabilidad al país.
El Estado ha dado muestras de fortaleza; ha funcionado y sigue en marcha; pero un país necesita algo más que rodar por inercia. Y así lleva casi cinco años.
Anabel Díez
