Juan Carlos Casas Rojo

La Sentencia de 29 de febrero de 2024 del Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Sevilla, deja claro que la superficie de las fincas registrales ha de expresarse «en todo caso», y por tanto, no solo cuando se inmatriculen, sino también cuando se pretenda practicar un asiento posterior en el folio real de una finca que conste inmatriculada sin expresión de su superficie.

Es cierto que la interpretación del art. 199.1.4 de la Ley Hipotecaria, en relación a los casos en que existan alegaciones u oposición de colindantes a la inscripción de la representación gráfica, no es muy pacífica en cuanto a su inciso segundo.

La Sentencia de 27 de marzo de 2023 del Juzgado de primera instancia nº 4 de Roquetas de Mar considera acertada la calificación registral que rechazó la inscripción de un decreto judicial de adjudicación hipotecaria por no haberse dirigido la demanda ejecutiva frente a uno de los codeudores solidarios (no hipotecante).

Tras la ley 13/2015, la competencia para la tramitación del llamado expediente de dominio para la reanudación del tracto interrumpido pasa del ámbito judicial al notarial, siendo el art. 208 LH el que lo regula.

El acta de notoriedad complementario de título público adquisitivo ha sido frecuentemente utilizado, especialmente en las zonas rurales, para inmatricular fincas en los casos en que no existiera título público acreditativo de la previa adquisición del transmitente.

El artículo 857 del Código Civil establece que “los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima”. Por tanto, a la hora de verificar las adjudicaciones hereditarias en las que el testador haya desheredado a alguien, han de tenerse en cuenta siempre los posibles derechos de sus hijos o descendientes. 

Señala el art. 1346 CC que son bienes privativos de cada uno de los cónyuges los bienes adquiridos por título gratuito, lo cual (arts. 159 RN y 51.9a RH), aparentemente excluiría la necesidad de hacer constar en la escritura el régimen económico matrimonial y el nombre y apellidos del otro cónyuge, pues el acto o contrato a inscribir no afectaría a los derechos presentes o futuros de la sociedad conyugal.

La sentencia de 21 de febrero de 2022 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de A Coruña se pronuncia sobre el alcance de la calificación registral de los documentos judiciales, y en particular, en los casos en que con ocasión de la venta de una finca de entidad en situación concursal.

Las recientes sentencias del Pleno del Tribunal Supremo de 15 y 17 de diciembre de 2021 han corroborado la interpretación finalística del art. 671 LEC, que, frente a la puramente literal, ha venido sosteniendo la DGRN, hoy DGSJFP, así como los registradores en los numerosos procedimientos en que se ha suscitado, si bien el alto tribunal entiende que dicha interpretación, que considera correcta, compete al juez en cuestión y no al registrador, al exceder de sus facultades calificadoras. 

Uno de los principios básicos de nuestro derecho hipotecario es el de determinación o especialidad, cuyas aplicaciones son muy diversas.