La crisis que ha provocado la pandemia en todas las economías del planeta ha hecho que los gobiernos redoblen sus esfuerzos adoptando una serie de medidas excepcionales para para paliar sus efectos, pero también para transformar las estructuras productivas.
Desde el inicio de la crisis provocada por la COVID-19, el Gobierno ha adoptado una serie de medidas en el ámbito económico y social que han permitido preservar el tejido productivo, el empleo y las rentas familiares. Entre ellas destacan la movilización de 100.000 millones de euros en avales del ICO, el establecimiento de un mecanismo ágil para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), la prestación extraordinaria para los autónomos por cese de actividad, la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital para los colectivos más vulnerables o la moratoria en el pago de las hipotecas.
Estas medidas adoptadas en la primera fase de la crisis, se vieron reforzadas con los planes de choque para el turismo y la industria de la automoción, con la extensión del instrumento de protección de los trabajadores y empresas acogidas a ERTE o con la ampliación del mecanismo de protección a los trabajadores autónomos.
Posteriormente se puso en marcha un segundo programa de apoyo público a la solvencia, dotado con 10.000 millones de euros, y una nueva línea de avales ICO específica para la inversión por un importe de 40.000 millones de euros. Este programa estuvo orientado a impulsar el crecimiento, a reforzar empresas solventes en sectores estratégicos cuya situación financiera pudiera ser vulnerable, y a estimular la demanda interna con el objetivo de reactivar la actividad económica e incrementar el empleo.
Con el objetivo de lograr cuanto antes un crecimiento sólido, inclusivo y sostenible, Gobierno, patronal y sindicatos firmaron el Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo. Con este pacto se trataba de impulsar la reincorporación a las empresas de los trabajadores afectados por los ERTE, primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos. Por otro lado, se estableció el compromiso de desarrollar mecanismos eficaces para la formación y recualificación de los trabajadores, en particular en el ámbito digital y tecnológico, así como de elaborar un marco adecuado para el trabajo a distancia.
Con el acuerdo, además se pretende poner en marcha un Pacto por la Industria que permita al país su imprescindible reindustrialización, con el objeto de diversificar, equilibrar y modernizar la estructura productiva.
Otro de los pilares estratégicos en los que deberá asentarse la recuperación económica de nuestro país será la nueva Agenda Digital presentada por el Gobierno, que lleva el nombre de España Digital 2025. En su elaboración han participado más de 15 ministerios y organismos públicos y más de 25 agentes económicos, empresariales y sociales.
El plan incluye cerca de 50 medidas agrupadas en diez ejes estratégicos con los que, durante los próximos cinco años, se pretende impulsar el proceso de transformación digital del país, de forma alineada con la estrategia digital de la Unión Europea, mediante la colaboración público-privada y con la participación de todos los agentes económicos y sociales.
España Digital 2025 contempla la puesta en marcha durante el periodo 2020-2022 de un conjunto de reformas estructurales que movilizarían un importante volumen de inversión pública y privada, en el entorno de los 70.000 millones de euros, y que centrará sus objetivos en el impulso a la transformación digital como una de las palancas fundamentales para relanzar el crecimiento económico, la reducción de la desigualdad, el aumento de la productividad y el aprovechamiento de todas las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.
FONDO DE RECUPERACIÓN DE LA UE
El impacto económico y social provocado la COVID-19, llevó a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a alcanzar un acuerdo histórico para crear un Fondo de Recuperación de 750.000 millones de euros para salvar sus economías del colapso provocado por la pandemia.
El propósito de este fondo denominado Next Generation EU, es movilizar una cantidad masiva de recursos públicos europeos para que la recuperación sea lo más pronta y fuerte posible. Una reconstrucción que debe sostenerse en tres pilares que permitan un crecimiento fuerte, equilibrado y sostenible: la transición digital, la transición ecológica y la formación de estudiantes y trabajadores. De los 750.000 millones, 360.000 se dedicarán a préstamos y 390.000 a transferencias, que se otorgarán en función del impacto de la pandemia. España recibirá aproximadamente 140.000 millones de euros durante los próximos seis años, convirtiéndose en el segundo país más beneficiado por detrás de Italia.
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
Después de la primera mitad del año, con una caída histórica del PIB en las economías más avanzadas del 9,8%, la producción económica se recuperó tras la flexibilización de las medidas para contener la pandemia y la reapertura inicial de negocios. Pero el ritmo de recuperación ha perdido impulso durante el verano y las perspectivas de crecimiento económico, según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dependerán de varios factores, incluida la probabilidad de nuevos brotes de virus, el impacto en la confianza de los consumidores y las empresas, y en la medida en que la ayuda gubernamental para empleos y empresas pueda impulsar la demanda.
“Según el último informe de la OCDE, aunque se espera una recuperación frágil el próximo año, en muchos países la producción a finales de 2021 seguirá estando por debajo de los niveles de 2019, y muy por debajo de lo proyectado antes de la crisis”
El informe señala además que todos los países del G20, con la excepción de China, habrán sufrido una recesión en 2020. Aunque se espera una recuperación frágil el próximo año, en muchos países la producción a finales de 2021 seguirá estando por debajo de los niveles de 2019, y será muy inferior de lo proyectado antes de la crisis. Las perspectivas económicas provisionales proyectan que el PIB mundial caerá un 4,5% este año, antes de crecer un 5% en 2021. Las previsiones son menos negativas que las de junio debido principalmente a resultados mejores de lo esperado para China y Estados Unidos en el primer semestre de este año y una respuesta masiva de los gobiernos.
Por otra parte, en nuestro país, dos de los indicadores más importantes de la actividad económica, el inmobiliario y el empresarial, muestran algunas tendencias de la situación de nuestra economía. Por una parte, según los últimos datos de la Estadística Mercantil elaborada por el Colegio de Registradores, después de cinco meses de descensos por la restricción de la actividad económica, las constituciones de empresas en el mes de agosto aumentaron el 8,4% sobre el mismo mes del año anterior. Por el contrario, los datos aportados por la Estadística Registral Inmobiliaria correspondientes al mes de julio reflejan la caída de un tercio de las viviendas inscritas, pasando de las 46.000 operaciones el mismo mes del año pasado a menos de 31.000 en julio de este año, frenando así la recuperación del mes de junio. Las hipotecas sobre vivienda también registraron un descenso aproximado de 7.000 operaciones, pasando de superar ampliamente las 31.000 operaciones en julio del año pasado a las más de 24.000 en julio de este año.
COLABORACIÓN INSTITUCIONAL
Desde la Institución Registral se apoya las medidas adoptadas que sirvan para avanzar con solidez en la vía de la recuperación económica, y se colabora estrechamente con las diferentes administraciones y las instituciones públicas y privadas para facilitar y agilizar los procedimientos registrales, sin merma de la seguridad, a ciudadanos y empresas. Así se puso de manifiesto con las medidas adoptadas sobre las moratorias del préstamo hipotecario o del pago del alquiler en apoyo a las familias y colectivos vulnerables, donde el Registro remitió de forma totalmente telemática y con carácter gratuito la nota registral del Servicio de Índices requerida.
Nueva App deL Colegio de Registradores
El Colegio de Registradores ha creado una App que permite el acceso a los servicios de publicidad online de los Registros. Los usuarios podrán solicitar notas simples del Registro de la Propiedad y del Registro Mercantil, consultar los datos de los Identificadores de Entidades Jurídicas gestionados por el LOU CORPME, localizar su Registro, acceder a las guías informativas o resolver algunas de las dudas más frecuentes.
En este sentido, el Colegio de Registradores y la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) han creado un grupo interinstitucional de trabajo para mejorar la tramitación de los concursos, evitar el colapso judicial y facilitar el desempeño diario de registradores mercantiles y profesionales de la insolvencia. Se trata de una iniciativa de gran importancia social que pone a los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles al servicio de las empresas, de los empresarios y de sus empleados en situación de concurso, apoyando las soluciones tendentes a su viabilidad.
De igual modo se ha suscrito un acuerdo con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la Secretaría General de Industria y de la Pyme, para impulsar la tramitación digital de más de cincuenta servicios que beneficiarán a empresas, pymes, autónomos y gestorías a través de la Plataforma Pyme, dependiente del Ministerio. Este servicio supone un avance en el proceso de digitalización de los servicios registrales con evidentes ventajas para el usuario en forma de inmediatez, agilidad, seguimiento y control del proceso de presentación de documentos.
El TS ampara el Registro de Titularidades Reales
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo inadmite a trámite el recurso de casación, interpuesto por el Consejo General del Notariado, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que inadmitía el recurso deducido frente a la Orden por la que se aprobaban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
