Trabajé varios años con uno de los máximos responsables de la televisión privada en España. Era un hombre con las ideas muy claras. Recuerdo que, cuando algún editor o productor pretendía cambiar de horario o de día de emisión un programa que funcionaba, siempre decía: “lo que funciona, no se toca”. Se me quedó grabado a fuego y he podido comprobar a lo largo de los años que la máxima sirve para muchos aspectos de la vida, tanto profesional como personal. Y ahora, al abordar en este artículo la reforma de la Ley Hipotecaria, me ha venido a la cabeza. Es cierto que, cuando las cosas tienen decenas de años, muy probablemente necesiten algunos retoques. La Ley Hipotecaria, tal y como la conocíamos, la aprobada por decreto en febrero de 1946 y cuyo reglamento se aprobó un año después, sin duda necesitaba un lavado de cara. De hecho, se hizo en varias ocasiones. Siempre para cubrir nuevas necesidades.
La terrible crisis económica que vivió España a partir de 2008 tuvo nombre: El pinchazo de la “burbuja” inmobiliaria. Los puestos de trabajo que se perdían por miles cada día. Desde 2012, y ante la verdadera avalancha de desahucios y ejecuciones hipotecarias, el Gobierno se vio presionado por una ola de populismo civil y judicial y comenzó la aprobación de una serie de normas que cambiaron aspectos fundamentales de la Ley Hipotecaria, una norma que había logrado, a través de sus años de vigencia, que España sea un país de propietarios. Empezaron entonces a mezclarse los términos y las cifras. Daba igual desahucio que ejecución. Nadie se paraba a estudiar las cifras que publicaba el Colegio de Registradores, ni las clarísimas distinciones que hacía. No era políticamente correcto distinguir si los bienes afectados eran primeras viviendas o segundas residencias, locales comerciales o plazas de garaje. Además, se introdujeron en el debate las cláusulas bancarias, los préstamos multidivisa, el pago de los gastos, de los impuestos e incluso las preferentes. Todos los ingredientes, hasta sentencias y directivas de los tribunales europeos, se metieron en la misma coctelera. Se empezaron a poner parches y, de esta forma deslavazada, se llegó hasta la redacción de la nueva Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario que aprobó en febrero pasado el Congreso de los Diputados, que un mes después publicó el BOE y que no entrará en vigor hasta el mes de junio.
La norma busca transparencia y beneficiar a los clientes. Sin embargo, son muchos los expertos que advierten que será más caro y más complicado acceder a una hipoteca para ser propietario de una vivienda. De hecho, ya han subido los costes y se han endurecido las condiciones
La nueva norma, cuyo reglamento entró en vigor el 1 de mayo en forma de Real Decreto, nace con la intención de clarificar el mercado, el papel de los actores y garantizar la protección de los hipotecados frente a la “voracidad” de la banca. En este sentido, se marcan una serie de reglas que cargan sobre el sistema financiero costes que han sentado muy bien a la población, pero que veremos si al mercado. Así, serán las entidades de crédito quienes cargarán con los gastos de notario, registro o el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. No así los gastos de tasación. También se determina un nuevo mecanismo para iniciar el proceso de reclamación de la deuda, fija procedimientos para garantizar que los clientes estén adecuadamente informados, transparencia en las cláusulas, limita de los intereses por mora y marca el papel de los notarios.
La norma busca transparencia y beneficiar a los clientes. Sin embargo, son muchos los expertos que advierten que será más caro y más complicado acceder a una hipoteca para ser propietario de una vivienda. De hecho, ya han subido los costes y se han endurecido las condiciones. Hoy, en España, en torno al 80% de los españoles son propietarios de al menos una vivienda, muy por encima de nuestros socios de la UE. Cierto que los bajos salarios, la todavía alta tasa de paro y el endurecimiento de las condiciones para acceder a una hipoteca ha cambiado algo el panorama sobre todo para los jóvenes. Veremos, si en el futuro, no hay que añadir a las condiciones adversas para ser propietario, la aprobación de la nueva ley.
Carmen Tomás
