Expresidentes con derechos pero sin obligaciones. Esta es la primera aproximación que brota de manera natural con la mera lectura de la lábil referencia a los exmandatarios en la legislación española. Los derechos que se les conceden por decreto solo afectan actualmente a cuatro personas, los expresidentes vivos desde la recuperación de la democracia.
Poco o nada se sabe de lo que hacen o pueden hacer, salvo que todos ellos han preferido renunciar a ser miembros del Consejo de Estado, cargo remunerado, que es compatible con la asignación y asistencias como expresidentes y dedicarse a actividades privadas en el campo de la consultoría, asesoría o pertenencia a consejos de administración.
No tienen obligación de ofrecer información sobre los servicios que prestan, a quienes y en qué consisten. Sí son visibles sus pronunciamientos públicos, que se desarrollan normalmente en el marco de fundaciones propias o ajenas, y sus intervenciones en foros multidisciplinares y de ámbitos nacionales y extranjeros.
No se pone en duda la relevancia de sus opiniones al haber cosechado experiencias únicas al frente de un país de primer orden en el contexto europeo e internacional. Sus conocimientos, sus relaciones, y su capacidad de influir explican las ofertas de prestación de servicios, que todos ellos reciben. La única excepción de momento es el expresidente Mariano Rajoy al mantener el desempeño de su profesión como registrador de la propiedad, como actividad al completo, hasta la edad de jubilación.
Solo en el terreno teórico, en el mundo académico, se viene invocando la necesidad de elaborar un Estatuto de los expresidentes. La investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional al ex jefe de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por la presunta comisión de delitos por algunas de sus actividades privadas ha abierto el debate de la necesaria regulación de la actividad de quienes estuvieron al frente del Poder Ejecutivo en España. Izquierda Unida, partido dentro de Sumar en el ámbito parlamentario, ha instado a la regulación de la actividad de los expresidentes.
El respeto que se dispensa a los expresidentes del gobierno en España se mantiene en el tiempo aunque las salidas del cargo de todos ellos haya sido abrupta por razones y contextos muy diferentes
La sociedad ha reparado en la opacidad del trabajo remunerado de los ex presidentes, salvo en determinados periodos cuando empresas cotizadas cumplieron con su obligación de informar sobre el nombramiento de dos expresidentes como consejeros; empresas diferentes del área de las energías.
Una mirada fuera de España para observar qué hacen los expresidentes, primeros ministros o excancilleres, se topa con la presencia de los exgobernantes en el mundo de las empresas; también como conferenciantes. Una realidad consolidada en el mundo anglosajón. Son objetos deseados por conocimientos e influencias, de ahí la necesidad de que estén sujetos a códigos éticos, que no ofrezcan la menor duda sobre la corrección de sus actuaciones sin incurrir en tráfico de influencias: Influir no es traficar y es necesario deslindar los campos.
El respeto que se dispensa a los expresidentes del gobierno en España se mantiene en el tiempo aunque las salidas del cargo de todos ellos haya sido abrupta por razones y contextos muy diferentes. Con el tiempo, y no demasiado, todos recuperaron crédito y predicamento. Felipe González, presidente entre 1982 y 1996, el más longevo en la democracia española, popularizó la expresión “jarrón chino” aplicada a los exjefes de gobierno.
El presidente socialista aludía a objetos muy valiosos, a modo de reliquias, que nadie sabe muy bien donde colocarlos. Se cita al político y presidente democristiano chileno Eduardo Frei, como autor de la expresión y el concepto.
La utilidad de los expresidentes para su país, o fuera del mismo, en causas de aceptación universal, que requieren intermediación para la pacificación y resolución de conflictos es indudable.
En estos supuestos el valor de su auctoritas es incalculable. También, los gobernantes en ejercicio debieran contar con sus antecesores para misiones especiales, así ocurre en otros países y se ha dado en España en distintas ocasiones. Esa vía tiene margen para ampliarse. La sociedad no debería desaprovechar el caudal de acción y reflexión que pueden aportar los expresidentes; en la seguridad de que todos aceptarían honrados. El servicio público y la actividad privada, si se desea realizar esta última, con la renuncia de la remuneración pública al compensar más la primera, puede y debe ser compatible. Solo es imprescindible regulación y transparencia.
Anabel Díez
