Hace ahora dieciséis meses que el presidente de La Caixa llamó por teléfono al presidente de Endesa para proponerle una conversación. Fornesa trataba de convencer a Pizarro de que mantuvieran un diálogo porque ya estaba decidido que el grupo catalán, a través de Gas Natural, lanzaría una opa sobre la primera eléctrica española. El máximo ejecutivo de Endesa contestó que no habría conversación y dejó claro que las opas las deciden los accionistas. Desde aquel 5 de septiembre de 2005, no sólo Endesa, sino todo el sector energético español, ha venido “sufriendo” una auténtica revolución.
Constructoras, gasistas, eléctricas, petroleras… nada es ya como antes de aquella fecha en la que, desde el primer momento, se vió el cariz hostil de la operación catalana y las intenciones del Gobierno. También desde aquel día y al calor de la subida de la Bolsa, las acciones de unos y otros se han revalorizado hasta extremos inusitados. Sin ir más lejos, los títulos de Endesa que andaban por los 16-18 euros, a estas alturas han rebasado los 35 euros.
Pero los catalanes no venían solos. El Gobierno, tal y como recogía el Pacto del Tinell firmado por el tripartito catalán, quería dar el mando de la energía en España a Cataluña, hecho que marcó la opa a Endesa. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y algunos satélites monclovitas, ante la negativa de Pizarro a aceptar la componenda, iniciaron una serie de maniobras de asalto a los reguladores que, inevitablemente, llevó a Endesa a una estrategia de judicialización de la opa. Y ahí seguimos. Más tarde, la aparición en escena de la alemana E.ON dejó en evidencia por rácana la operación de Gas Natural y también el papel del Gobierno en todo esto. Se impuso el “como sea”, es decir, saltarse las normas ya establecidas y crear unas nuevas a sabiendas incluso de que en Europa no colarían. El empeño de Zapatero puede acabar en los tribunales europeos y deja a nuestro país a los pies de los caballos. Tras la oferta de E.ON, retrasada, ridiculizada y obstaculizada hasta extremos patéticos, aparece en escena el “tercer hombre”. La familia Entrecanales, propietaria de Acciona, compra, a finales de septiembre de 2006, un 10 por ciento de Endesa, cantidad que aumenta progresivamente hasta el 20 por ciento. La intención es mandar, gestionar la compañía, pero sin lanzar una opa. Los Entrecanales, aunque lo niegan, son la alternativa española a los alemanes y llegan aconsejados en tiempo y forma por “Solchaga, Recio y Asociados” que, en mayo, acuden a la llamada de Moncloa para buscar “como sea” que Endesa se quede en España. Parece que esta fórmula no acaba de concretarse y los más de 7.000 millones de euros que la familia tiene “aparcados” empiezan a convertirse en una fuente de problemas para la familia. En todo caso, acabe como acabe, Endesa y sus directivos han demostrado que las operaciones empresariales deben ser eso y que las leyes no pueden aplicarse arbitrariamente y menos inventárselas según convenga en cada momento. ¿Quién quiere invertir en un país que cambia las normas a mitad de partido, que legisla “ad hoc” para evitar una operación empresarial y en el que parece que la seguridad jurídica es un juego de niños? ¿Quién quiere arriesgar su dinero en un país donde los organismos reguladores se ponen al servicio del Gobierno o se pasa por alto sus informes si no conviene? Ésta es, al margen de cómo quede finalmente el partido, la gran consecuencia que se debe extraer de este año larguísimo en el que el Gobierno ha estado empeñado en una operación de asalto a una empresa que no sólo le ha desacreditado, sino que le ha impedido avanzar en otros terrenos más cercanos a los ciudadanos.
