“Estamos empleados a fondo en la consecución del Pacto por la Industria”
El secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco, hace balance de las medidas de apoyo al tejido empresarial que se pusieron en marcha con el comienzo de la crisis, y considera la transición ecológica y la transformación digital como “dos grandes facilitadores para conseguir el objetivo final de un sector industrial español fuerte, competitivo e innovador”.
La ministra Reyes Maroto ha señalado que el Marco Estratégico en Política Pyme 2030, aprobado el pasado año, debe ser la hoja de ruta a seguir en esta etapa de reactivación económica y social en la que nos encontramos. ¿Cuáles son sus principales retos?
El Marco Estratégico en Política de Pyme 2030 (MEPP 2030) define, por primera vez en España, un marco político de actuación para todas las Administraciones públicas en materia de pequeña y mediana empresa.
Su principal objetivo es mejorar la competitividad de las pyme y sus posibilidades de crecimiento, enmarcado en la Agenda del Cambio del Gobierno. Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con la Estrategia de Pyme para una Europa sostenible y digital.
¿Ha modificado la crisis del COVID-19 los objetivos de este marco estratégico?
La crisis del COVID-19 ha sometido a una gran tensión a nuestro tejido productivo. Y en particular a las pyme, que juegan un papel clave en el proceso de recuperación de la economía que tenemos por delante.
Desde el primer día, desde todas las administraciones públicas hemos trabajado para poner en marcha un amplio abanico de actuaciones de apoyo al tejido empresarial. Entre ellas se han tomado medidas de liquidez para facilitar el acceso urgente al crédito por parte de las pyme y autónomos, a través de esquemas de avales públicos y créditos bancarios. También se han adoptado medidas fiscales como aplazamientos de obligaciones tributarias que les permitan hacer frente a sus compromisos de pago; y otras medidas específicas dirigidas a los sectores más afectados por el confinamiento, como la industria, el comercio o el turismo y hostelería.
En este momento, nuestra prioridad es la recuperación de la actividad económica, especialmente en los sectores mencionados y de manera transversal, de las pyme. En ello estamos trabajando también con la Unión Europea, para impulsar la recuperación a través del Mecanismo de Resiliencia y Recuperación, entre otros.
Para ello, seguimos incidiendo en los diferentes ejes del MEPP 2030, que mantienen por completo su relevancia y que se tornan si cabe más urgentes. Si tuviera que señalar algunos ámbitos, destacaría especialmente en estos momentos el apoyo al emprendimiento como vía para la recuperación y la generación de empleo; la financiación para paliar la falta de liquidez derivada de la crisis del COVID-19 que aún persiste o la digitalización e innovación, necesarias para transformar los modelos de negocio en la era post COVID-19, hacerlos más resilientes, más digitales y con menor contacto, adaptándolos a las nuevas necesidades de los consumidores. También estamos potenciando la capacitación para desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la doble transición “verde y digital”, incidiendo en ámbitos como la sostenibilidad, la industria 4.0 o la economía circular; además de la internacionalización, siguiendo la positiva tendencia de los últimos años, en busca de nuevos mercados y oportunidades en el exterior.
En el actual contexto, tal y como señaló la ministra de Industria, Comercio y Turismo en el pasado Consejo Estatal de la Pyme celebrado el 30 de junio, “las pequeñas y medianas empresas de todos los tamaños, en todos los sectores, de cualquier edad, más o menos tecnológicas o digitales, se configuran como el motor de la recuperación”.
Desde el ministerio se considera a las pyme el motor de la recuperación económica. ¿Qué medidas se contemplan para ayudar a superar la crisis del COVID-19 en las pequeñas empresas y autónomos?
A parte de las medidas de apoyo específicas para las empresas del sector industrial, comerciales o turísticas, desde la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana empresa estamos impulsando medidas transversales en los ejes más urgentes del MEPP 2030.
En este sentido, para apoyar el emprendimiento la SGIPYME ha puesto a disposición de ENISA 98,5 millones de euros para impulsar a lo largo de 2020 a pymes y emprendedores en España mediante la concesión de préstamos participativos. El objetivo es dar cobertura a 600 proyectos empresariales, que conllevarán una inversión inducida de 214 millones de euros.
Asimismo, respecto a las líneas de años anteriores, hemos adoptado medidas extraordinarias aplicables a los convenios vigentes de 2011 a 2019, para flexibilizar la devolución de los préstamos participativos de aquellas empresas afectadas por el COVID-19 que lo soliciten.
En materia de financiación CERSA ha lanzado la línea COVID-19 de avales, gestionada a través de las Sociedades de Garantía Recíproca, para contribuir a solventar las dificultades de liquidez actuales. Su objetivo es movilizar 2.000 millones de euros de financiación, beneficiando a cerca de 20.000 pymes y autónomos.
Durante estos meses también hemos puesto en marcha varios programas de capacitación extraordinarios a través de la Escuela de Organización Industria (EOI) con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Entre ellos el programa Asesoramiento Express, Pyme Digital y Asesoramiento Pyme. Y seguiremos trabajando en esta línea para desarrollar nuevas capacidades en la etapa post COVID-19.
“Hemos comprobado que la industria lo que necesita es que las Administraciones, más allá de meras repartidoras de subvenciones, se transformen en auténticos agentes facilitadores e impulsores del cambio y de la transición industrial en la que estamos inmersos”
Es objetivo de su Secretaría General propiciar una política industrial proactiva, con visión de largo plazo y alineada con los ODS de la Agenda 2030. Tras la pandemia es, si cabe, más necesario. ¿Cuáles son las principales reformas que habría que llevar a cabo?
Está claro que aquellos países que han desarrollado políticas de apoyo a su sector industrial, así como reformas normativas para facilitar su competitividad, están saliendo mejor de la crisis que los que no lo han hecho. Ya sucedió en la crisis de 2008 y ahora también, aunque el impacto de la primera fue muy asimétrico entre las diferentes economías, mientras que el provocado por el Covid-19 ha sido muy similar en todas ellas.
Durante los períodos más críticos de esta pandemia, hemos visto como la industria se ponía al servicio de la sociedad para proveerla de equipos de protección, aparatos médicos y medicinas. Y fue muy complicado por los efectos que la fuerte deslocalización industrial de los pasados años ha causado sobre la resiliencia de las economías europeas y su capacidad de respuesta.
No es un secreto que el haber entregado la producción industrial de amplios subsectores a otros países, ha provocado que, en determinados momentos, nuestro país, y Europa en su conjunto, haya estado desabastecida de productos muy necesarios. Y de ahí surge el primer objetivo al que deben orientarse las reformas que tenemos que llevar a cabo: incrementar nuestra soberanía industrial y mejorar la resiliencia de nuestra economía.
Pero, además, tenemos que ser capaces de sentar las bases necesarias para que, en los próximos 30 años, nuestra industria sea la punta de lanza de la transición ecológica de nuestro país, apoyándose, también, en los procesos de digitalización que, cada vez con más intensidad, se están produciendo. Tanto la transición ecológica como la transformación digital, no debemos considerarlas como objetivos en sí mismos, sino como dos grandes facilitadores para conseguir el objetivo final de un sector industrial español fuerte, competitivo, innovador, generador de empleo de calidad, resiliente e internacionalizado.
Y en esa línea deben ir, también, las reformas, generando marcos estables y predictibles que permitan a las empresas adoptar sus decisiones de inversión de forma segura. En esa línea va, por ejemplo, el Estatuto del Consumidor Electrointensivo que aprobaremos en septiembre y que dotará de ese marco estable a la gran industria española productora de las materias primas básicas para el resto de nuestra industria.
Y también debemos profundizar en mecanismos de colaboración público-privada, a través de los cuales sean las propias empresas las que propongan sus proyectos, definan los ecosistemas industriales en los que desarrollarlos y las Administraciones Públicas seamos, más que el promotor, el facilitador que permita el desarrollo de esos proyectos.
Uno de los objetivos del Acuerdo por la Reactivación Económica y el Empleo firmado con los agentes sociales es poner en marcha un Pacto por la Industria. ¿Qué respuesta se está encontrando a esta iniciativa en los distintos sectores productivos?
El Pacto por la Industria es una demanda recurrente desde hace varios años, a gobiernos de diferente signo político, y que, desgraciadamente, nunca ha fructificado por diferentes motivos. Alcanzar ese pacto es un compromiso político del equipo del Ministerio de Industria, incluso de antes de estar reflejado en el Acuerdo por la Reactivación.
Todos los sectores industriales están alineados en esta demanda. Pero no sólo ellos, sino que todos los agentes involucrados en la industria del país lo están, desde los agentes sociales, hasta los colectivos profesionales de la ingeniería. Y por supuesto yo mismo y la ministra.
Sólo falta un acuerdo político entre los diferentes grupos del Congreso que permita, por primera vez en la historia de nuestro país, poner por escrito el compromiso de elevar la política industrial a nivel de política de estado y que sus principios básicos estén al resguardo de los cambios políticos que, legítimamente, se producen en todo sistema democrático como el nuestro. En mi Secretaría General estamos empleados a fondo en la consecución de ese Pacto que será, sin duda, una gran noticia para el país.
El Consejo de Ministros ya aprobó una batería de ayudas al sector industrial innovador y a pymes, empresas tecnológicas y jóvenes emprendedores. ¿Qué balance se puede hacer de la aplicación de estas ayudas?
Este año consideramos que las nuevas líneas ENISA son más que nunca un valor fundamental de apoyo al ecosistema emprendedor y de la pyme. En estos tiempos, nuestro compromiso no solo servirá para inyectar capital a un motor fundamental para la economía y el avance social de nuestro país, sino también para animar a seguir emprendiendo, colaborando así en la necesaria recuperación de nuestro país.
Las líneas han tenido una excelente acogida por parte del ecosistema emprendedor. Hasta junio de 2020 ENISA ha recibido más de 1.000 solicitudes de financiación, una 54% superior al acumulado a la misma fecha del año 2019.
“Durante los períodos más críticos de esta pandemia, hemos visto como la industria se ponía al servicio de la sociedad para proveerla de equipos de protección, aparatos médicos y medicinas”
El Ministerio de Industria ha destinado 11 millones de euros en subvenciones a empresas que inviertan en la fabricación de productos sanitarios relacionados con el COVID-19. ¿Qué se persigue con esta medida?
Pues en línea con lo que he comentado con anterioridad, la apuesta por el incremento de nuestra resiliencia e independencia industrial respecto a otras regiones económicas, especialmente del sureste asiático, es uno de los objetivos que van a guiar las reformas e iniciativas que pondremos en marcha. Y esta línea de millones de euros es la primera piedra de ese edificio.
Cuando empezó esta crisis sanitaria, enseguida nos dimos cuenta que la práctica totalidad de los materiales de primera necesidad se fabricaban en China. A esta realidad, se unió la restricción en el comercio internacional que muchos gobiernos pusieron en marcha, con intereses no siempre claros. En ese momento, desde el Ministerio de Industria dimos un paso al frente para movilizar a nuestro sector e impulsar cambios en los procesos y productos que permitieran dar una respuesta local ante un reto global.
Y lo conseguimos en gran parte. Muchas industrias fabricantes de cosméticos, por ejemplo, comenzaron a producir gel hidroalcohólico. Talleres textiles se pusieron manos a la obra con las mascarillas, a los que se unieron los fabricantes de tejidos, que desarrollaron, en tiempo récord, nuevas soluciones técnicas para satisfacer los requerimientos de protección. O grandes fabricantes del sector de la defensa o la automoción, que transformaron sus líneas para la fabricación de los indispensables respiradores.
Fruto de esa iniciativa del Ministerio de Industria y del compromiso con el país de su industria, es esta línea de ayudas, cuyo objetivo fundamental es asentar en el tiempo, con una clara visión a largo plazo, estos sectores emergentes y anclarlos al territorio nacional.
En el actual contexto, desde el ministerio se apuesta por la colaboración público-privada para identificar las medidas más adecuadas y apoyar al máximo a las empresas con el objetivo de relanzar la economía y recuperar el empleo perdido. ¿Cómo se está desarrollando esta colaboración?
Nadie mejor que las empresas conocen sus propios problemas y son capaces de identificar las necesidades que tienen en su funcionamiento cotidiano. En la mayoría de los casos, hemos comprobado que la industria lo que necesita es que las Administraciones, más allá de meras repartidoras de subvenciones, se transformen en auténticos agentes facilitadores e impulsores del cambio y de la transición industrial en la que estamos inmersos.
No digo que la subvención no sea necesaria, que lo es, pero no es la única vía para apoyar a las empresas. Pero tenemos que ir hacia el diseño de un acompañamiento que permita elaborar un esquema de apoyos a medida de cada proyecto, identificando las cadenas de valor que se impulsan y los ecosistemas industriales sobre los que tiene empuje, con una visión multidisciplinar: financiación, innovación, formación e internacionalización. Y dentro de cada una de esas patas, desplegar todos los instrumentos públicos que sean posibles para maximizar los resultados que las empresas puedan obtener y, a la vez, conseguir la mayor eficiencia posible del gasto público, en un entorno cada vez más restrictivo. Y en este sentido estamos avanzando, tratando de implementar 3 o 4 alianzas industriales en torno a proyectos de futuro claramente prometedores, muy vinculados al territorio y con una fuerte capacidad de escalabilidad, que permita posicionarlos a primer nivel europeo. Espero que antes de finalizar este año podamos anunciar alguna de ellas.
Impulso de la tramitación digital para empresas
Para priorizar medidas que contribuyan de forma directa a la reactivación económica, el Ministerio de Industria y el Colegio de Registradores de España suscribieron un convenio de colaboración para impulsar la tramitación digital de más de 50 servicios que beneficiarán a empresas, pymes, autónomos y gestorías a través de la Plataforma Pyme, dependiente del ministerio. ¿Cómo valora este acuerdo?
En efecto, la Secretaría General de Industria y de la Pyme y el Colegio de Registradores de España estamos colaborando en el impulso de la tramitación digital para facilitar la actividad empresarial.
Mediante este acuerdo de colaboración ofrecemos a las empresas, pymes, autónomos, así como a gestorías y despachos de abogados, la posibilidad de realizar, de forma telemática, más de 50 trámites tanto en el Registro Mercantil como en el Registro de la Propiedad y el Registro de Bienes Inmuebles.
En un momento como el actual hay que priorizar medidas que contribuyan de forma directa a la reactivación económica, especialmente en las pyme. El trabajo conjunto con el Colegio de Registradores aportará más agilidad en los trámites empresariales y contribuirá a seguir impulsando la digitalización.
Entre los trámites que se han seleccionado como prioritarios están los nombramientos de cargos y sus revocaciones, los poderes electrónicos y sus revocaciones, las solicitudes de nombramiento de auditores y expertos, los mediadores concursales, la conciliación registral, la solicitud de convocatoria de la junta, los expedientes de separación de socios (nombramiento de expertos valoradores) o los proyectos de fusión, escisión o cesión global.
El servicio de tramitación se encuentra disponible a través de la Plataforma Pyme del MINCOTUR, en el apartado de trámites telemáticos “Presentación telemática de documentos”.
Hemos aprovechado la red nacional de más de 3.000 Puntos de Atención al Emprendedor (Red PAE), de naturaleza pública y privada, para dar difusión a este servicio de tramitación on line, impulsando su utilización a través de seminarios de formación gratuitos tipo webinar.
Por tanto, nuestra valoración del acuerdo es muy positiva, no sólo como ejemplo de colaboración entre organizaciones en pro de las pequeñas y medianas empresas sino, sobre todo, por su contribución a la transición digital de nuestra economía.
