Los registradores entregaron el galardón en un acto que se convirtió en la primera gran cita jurídica post-pandemia, que reunió a reprensentantes de distintos ámbitos de la sociedad.
El Colegio de Registradores de España y el Decanato Autonómico de los Registradores de Madrid, acordaron por unanimidad conceder el Premio Gumersindo de Azcárate en su XII edición al Ministerio de Justicia, por su papel nuclear en la promoción de la seguridad jurídica que consagra el artículo 9 de la Constitución Española.
Tras la entrega del galardón en anteriores ediciones a las Cortes Generales como máximo representante del poder legislativo, al Tribunal Constitucional como garante máximo de nuestra Carta Magna, a la Organización de Estados Iberoamericanos por fomentar la colaboración entre las naciones que la forman y a la Prensa, en la figura de Álex Grijelmo, como uno de los elementos esenciales de la convivencia en libertad, el premio de esta edición quiso reconocer el relevante papel del Poder Ejecutivo, y muy concretamente del Ministerio de Justicia como uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho.
La decana del Colegio de Registradores de España, María Emilia Adán, entregó el galardón a la ministra de Justicia, Pilar Llop, en un acto que tuvo lugar en el Hotel Rosewood Villa Magna de Madrid, donde tras dos años de pandemia se volvieron a reunir representantes del mundo jurídico, político y económico, en lo que fue un reconocimiento no solo de los registradores sino de toda la sociedad civil al Ministerio de Justicia.
La ministra estuvo acompañada, entre otros, por el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez; la subsecretaria de Justicia, Ana Sánchez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; el secretario general técnico del Ministerio, Jacobo Fernández Álvarez; la abogada general del Estado, Consuelo Castro; la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente; la directora general de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, Elsa García-Maltrás; la directora general para el Servicio Público de Justicia, Àngels García Vidal; el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo; y la directora del Centro de Estudios Jurídicos, María Abigail Fernández. El evento reunió también a anteriores ministros de Justicia como Juan Carlos Campo, Francisco Caamaño, Mariano Fernández Bermejo o Juan Alberto Belloch.
DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO Y SEGURIDAD JURÍDICA
Tras las palabras de bienvenida del director de Relaciones Institucionales del Colegio, Sebastián del Rey, la decana autonómica de los registradores de Madrid, Belén Merino, señaló en su intervención que “la defensa del Estado de derecho es una responsabilidad que nos corresponde a todos, desde el ciudadano de a pie hasta la más alta institución del Estado, y los registradores estamos totalmente comprometidos con ello, en la no siempre fácil tarea o responsabilidad que el ordenamiento nos tiene encomendada como garantes del control de legalidad y seguridad jurídica del tráfico inmobiliario y de bienes muebles y de la contratación mercantil”.
Por su parte, la decana del Colegio de Registradores destacó en su intervención que con el premio de esta edición “se pretende reconocer la labor del Ministerio de Justicia como garante de un sistema de seguridad jurídica registral consolidado a través de los tiempos, que hoy es modelo más allá de nuestras fronteras”. A lo largo de los años, señaló, “la Institución Registral ha convivido con todos los regímenes políticos, sustentando los principios que cada forma de gobierno requería, pues no olvidemos que la necesidad de seguridad jurídica es inherente al desarrollo de la actividad humana”.
Para finalizar, María Emilia Adán resaltó que “mirando al futuro, inmersos en una transformación digital, sin perder nunca de vista que a quien servimos es al ser humano, dejando al lado intereses corporativos, con espíritu crítico nos disponemos a superar los retos que los tiempos requieren”. Para ello, continuó diciendo, “esperamos seguir contando con un ministerio que siga creyendo en nuestra capacidad para transformar la Institución, con una Dirección General que nos escuche y exija”. La decana de los registradores terminó manifestando que “ofrecemos lealtad, trabajo, y confianza en aquella Institución a la que nos encomendó la Ley Hipotecaria”.
La ministra de Justicia, tras agradecer a los registradores la concesión de este premio, ensalzó en su discurso la figura de Gumersindo de Azcárate como claro precursor del Estado social y democrático de derecho y, en línea con su actuación y valores, reivindicó una sociedad plural e inclusiva en la que se acepte la diversidad de ideas, creencias y opiniones. “Debemos preservar estos valores, que ya forman parte de nuestro sistema, y defenderlos de cualquier amenaza”, añadió.
También, en línea con las ideas impulsadas por Gumersindo de Azcárate, la ministra aludió a la capacidad de diálogo como seña de identidad de un Gobierno que favorece la política de calidad. En este sentido aseguró que tanto el Gobierno como el ministerio que dirige entienden que una “acción pública capaz de canalizar las demandas sociales y de dar respuesta a las nuevas realidades, incluso anticiparlas, es sinónimo de una política respetuosa y cercana a las personas».
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
El acto de entrega del premio en su XII edición al Ministerio de Justicia se convirtió en la primera gran cita jurídica post-pandemia, y lugar de encuentro de representantes de distintos ámbitos de la sociedad que quisieron con su presencia rendir homenaje al ministerio.
No quisieron perderse esta cita el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Amparo López Senovilla; el secretario general de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Enrique Gil Botero; la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González; el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López; el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas Parrón; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; la directora general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Soledad Fernández; la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández o la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.
Se acercaron también hasta el Hotel Villa Magna el presidente del Instituto de España y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás; la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez; la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril; el director general de la Entidad Pública Empresarial Red.es, Alberto Martínez Lacambra; el presidente del Consejo General de Transparencia y Buen Gobierno, José Luis Rodríguez Álvarez; la directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, Isabel Valldecabres o el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera. También pudimos ver a los diputados Miguel Ángel Paniagua, Elvira Rodríguez y Francisco Aranda, al senador Francisco Javier de Lucas, al exministro Pío Cabanillas Alonso y a Isabel de Azcárate, patrono de la Fundación de Amigos del Museo del Prado.
La administración y la política autonómica estuvo representada, además de por los anteriormente citados Mercedes González y Enrique López, por la viceconsejera de Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola; el viceconsejero de Hacienda, José Ramón Menéndez; la directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez; la delegada de Área de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo; el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato; la directora General de Emergencia Habitacional, Función Social de la Vivienda y Observatorio del Hábitat y Segregación Urbana de la Generalitat Valenciana, Purificación Peris; la presidenta del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana, Margarita Soler o la directora del Servicio Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Belén López Donaire.
ÁMBITO JURÍDICO
Del Tribunal Constitucional asistieron, además de su presidente, los magistrados Inmaculada Montalbán, Concepción Espejel, Antonio Narváez y Enrique Arnaldo. También, los expresidentes Juan José González Rivas, Pascual Sala y Miguel Rodríguez-Piñero, la exvicepresidenta Encarna Roca y exmagistrados como Manuel Aragón.
Por parte del Consejo General del Poder Judicial estuvieron presentes los vocales Vicente Guilarte, M.ª Ángeles Carmona, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Juan Manuel Fernández, Francisco Gerardo Martínez Tristán y Rafael Mozo Muelas.
El acto contó también con la asistencia de representantes del Tribunal Supremo como Francisco Marín Castán, presidente de la Sala Primera; César Tolosa, presidente de la Sala Tercera; además de los magistrados Juan María Díaz Fraile, Ana María Ferrer, Susana Polo, José Manuel Bandrés, Dimitry Berberoff, Isabel Perelló, Celsa Pico, M.ª Pilar Teso y Rafael Toledano.
Acudieron a la entrega del premio por parte de la Fiscalía General del Estado la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde; la fiscal de Sala adscrita a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal; la fiscal ante el Tribunal Supremo, Lourdes Rodriguez Rey; el fiscal de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa; la fiscal jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo; la fiscal de Sala Coordinadora de los Servicios de Protección de las Personas con Discapacidad y Mayores, María José Segarra; la inspectora ante la Fiscalía General del Estado, Esther Pérez Jerez; el fiscal de Sala de la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, Pedro Crespo Barquero; el fiscal de Sala jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso y el teniente fiscal, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín Granizo.
De la Audiencia Nacional asistieron, entre otros, Félix Alonso, presidente de la Sala de lo Penal; María Jesús Fraile, secretaria de Gobierno; María Tardón, magistrada jueza del Juzgado de Instrucción Central nº 3 y Francisco Javier Vieira, magistrado de la Sala de lo Penal, Sección Primera.
Del ámbito jurídico de la Comunidad de Madrid acudieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Celso Rodríguez Padrón; el secretario de gobierno, Sebastián Lastra; la presidenta de la Sala de lo Social, M.ª Aurora de la Cueva; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Juan Pedro Quintana; la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra; la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez; la juez decana de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco y el abogado general de la Comunidad de Madrid, Luis Banciella. También asistieron la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, Pilar de la Oliva; la fiscal superior del País Vasco, M.ª Carmen Adán del Río y el fiscal Superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández.
DERECHO Y ECONOMÍA
Los colegios profesionales estuvieron representados por Victoria Ortega, presidenta del Consejo de la Abogacía Española; Juan Carlos Estévez, presidente del del Consejo General de Colegios de Procuradores de España; José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y Andrés Díez Galilea, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Del mundo del derecho estuvieron presentes la presidenta de Women in a Legal World, Marlen Estévez; la presidenta de la Fundación Wolters Kluwer, Cristina Sancho; la presidenta de la Asociación de Juristas y Profesionales de San Raimundo de Peñafort, Rosalina Díaz Valcárcel; el presidente de honor de Garrigues, Antonio Garrigues Walker; el socio fundador de Bercovitz-Carvajal, Rodrigo Bercovitz; el «of Counsel» de Herbert Smith Freehills LLP, Manuel Rivero o el socio de Uría & Menéndez, Cándido Paz-Ares.
Del ámbito económico y empresarial asistieron el secretario general y del Consejo de Administración de Bolsas y Mercados Españoles, Luis María Cazorla; el socio director del Círculo de Empresarios, John de Zulueta; el director general de la Fundación Iberoamericana Empresarial, Miguel Ángel Cortés; el director de Relaciones Institucionales de INDRA, Alfonso Tena; el presidente del Grupo Pelayo, Francisco Lara; la directora de Asuntos Institucionales del Santander, Cecilia Yuste; la viceconsejera del Consejo de la misma entidad, Alicia Muñoz Lombardía; la consejera de ACS, María José García Beato; el secretario general de la Asociación Española de la Banca, Javier Rodríguez Pellitero; el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Santos Gonzalez; el secretario general de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Fernando Conlledo; la directora corporativa de Riesgos y Cumplimiento de Cecabank, Raquel Cabeza o el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Juan Antonio Gómez Pintado.
Los registradores tienen instituido este galardón para reconocer a personas o entidades que promueven el Estado social y democrático de derecho y el desarrollo institucional y con ellos la paz, la convivencia y el progreso económico y social. En la concesión del premio de este año se consideró también la celebración en curso del 160 Aniversario de la creación de los Registros, que lo es también de la llamada en 1861 Dirección General del Registro de la Propiedad, hoy Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, integrada dentro del entonces denominado Ministerio de Gracia y Justicia.
