«Que 40 años después, la Constitución Española siga generando debate es la constatación de su vigencia”


En este número conmemorativo del aniversario de la Constitución, coeditado con el Ministerio de Justicia, su titular, Dolores Delgado, nos da su opinión sobre el texto constitucional y nos avanza las principales líneas de actuación que va a llevar a cabo desde su departamento.


En el 40 aniversario de la Constitución, ¿cuál es su balance de este tiempo de vigencia de la norma fundamental?

Se han escrito muchas páginas estos días sobre nuestra Carta Magna. Como ministra de Justicia me sumo a las voces que defienden la vigencia de un texto que hace 40 años sentó las bases de nuestro Estado social y de Derecho. Tras una Guerra Civil y cuatro décadas de dictadura franquista, en 1978 los españoles fuimos capaces de dotarnos de un marco legal para una convivencia en paz que hoy disfrutamos. En la actualidad, la Constitución genera debate e, incluso, controversia en algunos sectores, pero pienso que sigue habiendo un consenso mayoritario en torno a su contribución al progreso, estabilidad y madurez democrática de nuestro país.

El art. 9 de la CE afirma que la Constitución garantiza la seguridad jurídica. ¿Cree que los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles son un instrumento eficaz para lograrla?

Sin duda. España cuenta con un sistema de seguridad jurídica preventiva extraordinariamente eficaz gracias a las funciones notarial y registral que se complementan y refuerzan mutuamente. Los Registros de la Propiedad y Mercantiles desempeñan un papel esencial, consecuencia de la gran calidad y cualificación de los profesionales que están a su cargo, y de la modernización de su organización, en la que se debe continuar y profundizar como nos exigen los tiempos actuales.

María Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores; Dolores Delgado, ministra de Justicia; y Pedro José Garrido, director general de los Registros y del Notariado.

La Constitución diseñó un nuevo modelo modernizador para la Administración de la Justicia en España. ¿Considera que el diseño constitucional y normativo ha proporcionado a los españoles una Justicia independiente y eficaz?

En la configuración de los poderes públicos, la Constitución Española consagra el judicial como uno de los pilares básicos de nuestro Estado social y democrático de Derecho. Lo hace en el Título VI, donde fija los principios en los que descansa la Administración de Justicia que hoy conocemos y que se imparte por jueces y magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley”. Este Gobierno siempre va a defender la independencia del poder judicial y de su actuación. Pero es cierto que venimos de una etapa en que la injerencia en las resoluciones judiciales y la falta de transparencia en el sistema de libre elección de cargos han mermado la confianza de la sociedad en las instituciones judiciales y han dañado la percepción de su independencia. Nos hemos propuesto dotar de mayor transparencia a estos procesos y, en relación a la Fiscalía General del Estado, establecer relaciones que se conozcan y se puedan explicar.

En cuanto a la mejora de la eficacia y eficiencia de juzgados y tribunales, tenemos tarea por delante. La Administración de Justicia arrastra problemas estructurales en los que estamos trabajando y vamos a implantar un Plan de Calidad para mejorar la gestión administrativa de todas las oficinas judiciales del territorio del Ministerio de Justicia. Todo ello en beneficio de una Justicia más ágil y cercana al ciudadano.

El artículo 33 de la Constitución se refiere al derecho a la propiedad privada y a la herencia, y reconoce la función social de estos derechos. ¿Cree que el Registro de la Propiedad ha contribuido a consolidar el ejercicio de los mismos?

España es uno de los países que cuentan con un mejor sistema de seguridad en el tráfico inmobiliario. Su coste, con la doble intervención del notario y el registrador es muy razonable y menor que el de otros mecanismos como los seguros del tráfico inmobiliario que se utilizan en países anglosajones, ofreciendo además un grado de seguridad mucho mayor. Con todo ello, el Registro de la Propiedad español, sin duda, consolida de forma muy importante el ejercicio del derecho de propiedad, ya que permite adquirirla con una gran seguridad jurídica y, a la vez, se va convirtiendo en un instrumento de publicidad de las eventuales cargas y limitaciones que le puedan afectar.

“Los Registros de la Propiedad y Mercantiles desempeñan un papel esencial, consecuencia de la gran calidad y cualificación de los profesionales que están a su cargo, y de la modernización de su organización, en la que se debe continuar y profundizar como nos exigen los tiempos actuales”

La Constitución reconoce y ampara la igualdad de género. ¿Piensa que el avance, en este sentido, ha sido suficiente en los últimos 40 años?

Las conquistas sociales en las últimas décadas en nuestro país han sido notables, y efectivamente, en materia de género se ha avanzado. Los gobiernos socialistas hemos puesto siempre el listón muy alto en el acceso y garantía de los derechos de los ciudadanos y, prueba de ello, son dos normas fundamentales de nuestro ordenamiento sin las cuales hoy no se entendería nuestro modelo de convivencia: la Ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La regulación de ambas materias nos colocó a la vanguardia en relación a otros países de nuestro entorno y han supuesto herramientas de empoderamiento de las mujeres. Pero con las leyes no basta. Necesitamos el compromiso de la sociedad en su conjunto para avanzar porque sigue habiendo techos de cristal que impiden a muchas mujeres desarrollarse profesionalmente. En el ministerio hemos creado un observatorio para preguntar a las profesionales de la Justicia qué obstáculos se encuentran para acceder a puestos de responsabilidad cuando se da la paradoja de que son mayoría en la abogacía y en las carreras judicial y fiscal.

Algunos autores defienden que la Constitución debiera incorporar nuestra integración europea, que es una realidad en diversos aspectos de la Justicia como la interconexión de los Registros Mercantiles. ¿Qué opinión le merece el espacio jurídico europeo?

Es un hecho que la interconexión de los Registros Mercantiles e, igualmente, la posibilidad de consultar el estado de cualquier sociedad en el Registro, cuando todo ello se vaya implantando progresivamente, tendrá una enorme utilidad a la hora de conocer de forma eficaz y segura la situación de las sociedades y, especialmente, las limitaciones o revocaciones de las facultades de sus representantes. Todo ello adquiere una importancia creciente en un entorno económico cada vez más globalizado y en el que las sociedades tienen una actividad que con frecuencia traspasa las fronteras nacionales.

Se ha definido la Transición como un logro del que los españoles están todavía hoy mayoritariamente orgullosos. ¿Cree usted que puede decirse lo mismo de la Constitución? ¿Qué opina de las críticas negativas que recibe desde algunos sectores?

Que 40 años después, la Constitución Española siga generando debate es la constatación de su vigencia. Es lógico que, recurrentemente, se cuestione desde algunos sectores la validez en la España de hoy de determinados preceptos debido al tiempo transcurrido y los cambios que ha experimentado la sociedad desde entonces. Cuestiones sobre las que exista consenso suficiente y que nos empujen a ser una sociedad más madura, cohesionada y tolerante pueden ser objeto de reforma, como lo es la figura de los aforamientos y su encaje actual en la Constitución. Ahora bien, no podemos hablar de debate cuando las críticas se manifiestan a través de actos de desprecio a nuestro principal instrumento normativo por parte de quienes quieren romper con la legalidad vigente.

¿Qué objetivos se fija en su mandato al frente del ministerio?

Tenemos un proyecto ambicioso que pretende recuperar el servicio público para una ciudadanía que siente desafecto hacia la Justicia y que demanda que seamos capaces de darle una respuesta de Estado. Otro tanto ocurre con los operadores jurídicos a quienes, estoy convencida, no solo les mueven cuestiones retributivas, sino que tienen interés por mejorar la Justicia. Estamos recorriendo las sedes judiciales y hablando con todos los colectivos para identificar problemas y necesidades y seguir avanzando en la modernización tecnológica de nuestros juzgados y tribunales. Queremos poner el foco en los colectivos más vulnerables, con normas que protejan sus derechos, como hemos hecho con los menores transexuales que ya pueden realizar el cambio de nombre en cualquier Registro Civil de España, o las personas con discapacidad, para las que hemos aprobado una reforma que protege su capacidad de obrar. Y especialmente, orientaremos nuestros esfuerzos a las víctimas, como son las mujeres que sufren la violencia de género, ante quienes el Gobierno y las instituciones competentes hemos asumido el compromiso de mejorar su protección en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Y vamos a recuperar la memoria de quienes fueron asesinados durante los años más negros de nuestra historia reciente. Nos los debemos como país. Se lo debemos a todos ellos.