“Estamos centrados en transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible”
La subsecretaria de Justicia, Ana María Sánchez, aborda algunos de los proyectos con los que el ministerio pretende contribuir desde el ámbito de la Justicia a la transformación del país, y destaca el compromiso con el servicio público de la Institución Registral.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, la ministra señaló como objetivos fundamentales del ministerio mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, mejorar las condiciones profesionales y laborales de las personas que trabajan en el sector y contribuir a la transformación del país. ¿Qué medidas considera prioritarias implementar para conseguir estos objetivos?
Efectivamente, tal y como destacó la ministra Llop en su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado, el Ministerio de Justicia está avanzando de manera significativa en los compromisos adquiridos por el Gobierno, centrados en transformar la Justicia en un servicio público accesible, eficiente y sostenible, y con las garantías propias de un Estado social y democrático de derecho.
Para la consecución de esta meta, contamos con el Proyecto Justicia 2030, un ambicioso plan con un horizonte a diez años, que persigue configurar la Justicia como un servicio público orientado al bienestar en derechos; mejorar las condiciones profesionales y laborales de todas las personas que trabajan en el sector Justicia; y contribuir desde el ámbito de la Justicia a la transformación del país, haciendo lo posible para lograr una sociedad más democrática, igualitaria y cohesionada a nivel social y territorial.
La base de Justicia 2030 son tres leyes que ya están en marcha: la ley de eficiencia procesal y la ley de eficiencia organizativa, orientadas a dar respuesta a la necesidades organizativas, procesales y estructurales de la Administración de Justicia; y la ley de eficiencia digital, con la que se pretende establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización. Las dos primeras irán próximamente en segunda vuelta al Consejo de Ministros y, la tercera, ha sido aprobada en primera vuelta hace poco más de dos meses.
Justicia 2030 está plenamente alineado con Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, que gira sobre cuatro ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social, y la igualdad de género.
Contamos, pues, con las herramientas para lograr que la Justicia sea un verdadero servicio público. Estamos comprometidos con ello y creo que el año 2022 será clave para el logro de muchos de nuestros objetivos.
La ministra de Justicia ha manifestado en numerosas ocasiones el propósito de hacer trasversal la igualdad en todas las políticas del Ministerio. ¿En qué medidas se está trabajando para incrementar la igualdad en la justicia? ¿Cómo podemos mejorar la atención y protección de las víctimas de la violencia de género?
Evidentemente, la igualdad debe ser un valor transformador en el desarrollo del servicio público de Justicia y de la acción del Ministerio de Justicia, para que desde la justicia contribuyamos decididamente a la construcción de una sociedad más igualitaria, más feminista.
En el ministerio estamos incorporando la perspectiva de género de manera transversal en todo el trabajo que desarrollamos, en actuaciones como la sensibilización y formación de operadores jurídicos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y de violencia de género; en el desarrollo de planes de igualdad y de protocolos de prevención del acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Valga como ejemplo el Convenio de colaboración que el ministerio, a través del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), acaba de suscribir con la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para el desarrollo conjunto de actuaciones en materia de prevención y sensibilización en violencia contra las mujeres a través de la formación de operadores jurídicos, entre otras medidas que ya se están implantando.
Además, estamos claramente avanzando en la respuesta especializada a las víctimas con la creación de más Juzgados de Violencia sobre la Mujer para ofrecerles entornos con las mejores condiciones para que confíen en las instituciones y se animen a denunciar.
Se está reforzando la coordinación entre las Unidades de Valoración Forense Integral, las Fiscalías y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en beneficio de la atención a las víctimas y a sus hijos e hijas.
También se está impulsando la comunicación de información entre las bases de datos de las administraciones públicas, entre el Sistema VioGen y el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Justicia, SIRAJ.
“Apostamos por la eficiencia digital del Servicio Público de Justicia, y sé que la Institución Registral está realizando grandes esfuerzos en este ámbito de la digitalización. Prueba de ello es la APP de los registradores”
Tras la aprobación de la reforma de la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿qué medidas considera ya inaplazables para construir una Justicia accesible para todos en plena igualdad de condiciones?
Creo firmemente que las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos y obligaciones en igualdad de condiciones con las demás personas y que su voluntad y sus preferencias han de ser respetadas en todos los ámbitos. Por tanto, tenemos que garantizar su acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas. Es por ello que estamos haciendo un gran esfuerzo por dar a conocer el cambio de paradigma que supone la antedicha reforma de la Legislación Civil y Procesal.
Por otro lado, la accesibilidad constituye uno de los objetivos del Plan Justicia 2030, con el que estamos transformando y evolucionando el servicio público de justicia para construir un servicio integral que considere las necesidades específicas de las personas y de los colectivos más vulnerables, como las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
Para ellos, estamos trabajando en desarrollar, con la colaboración de las organizaciones del ámbito de la discapacidad, medidas que garanticen la accesibilidad de los edificios y las instalaciones judiciales, de las páginas webs, la adaptación del lenguaje jurídico a lectura fácil, Braille y lengua de signos, en la formación específica a operadores jurídicos para la atención a personas con discapacidad y en el análisis de la función de las personas facilitadoras para garantizar una comunicación eficaz.
Otro de los proyectos que contribuirá sin duda al acceso a la justicia de las personas con discapacidad es el de la creación de las Oficinas de Justicia en el municipio, que acercará el servicio público de justicia a la ciudadanía sin tener que personarse físicamente en las sedes judiciales y les ahorrará desplazamientos.
Con estas oficinas, vamos a reforzar la accesibilidad a la justicia en todo el territorio, en especial, en las zonas más despobladas. Pondremos en marcha, asimismo, un sistema de acompañamiento para superar la brecha digital, que afecta particularmente a personas con discapacidad, entre otros colectivos vulnerables.
El ministerio va a poner en marcha la denominada “Carpeta Justicia”, una herramienta digital que facilitará el acceso a diferentes servicios, procedimientos e informaciones. ¿Cómo cambiará esta iniciativa la relación de los ciudadanos con la Administración de Justicia? ¿Cómo valora la APP de los registradores?
El Ministerio de Justicia está trabajando en la puesta en marcha de la Carpeta Justicia tal y como se establece en el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, que transpone la Directiva 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019.
Esta nueva herramienta digital incluirá la información necesaria que permita a la ciudadanía su utilización; la relación de los servicios que pueden obtener; los derechos y obligaciones derivados de su uso; la posibilidad de verificar los accesos previos por el ciudadano o ciudadana; el acceso a los expedientes judiciales en el que el ciudadano sea parte o interesado; el acceso y firma de los actos de comunicación de la Administración de Justicia pendientes, así como el acceso a los actos de comunicación ya practicados.
También, permitirá el acceso a la información personalizada que conste en el Tablón Edictal Judicial Único; la obtención y gestión de cita previa en el ámbito judicial; el acceso a una agenda personalizada de actuaciones ante la Administración de Justicia; y el acceso a los cauces para realizar sugerencias y quejas.
Se trata de un cambio cualitativo en las relaciones de los ciudadanos con la administración de justicia.
Apostamos por la eficiencia digital del Servicio Público de Justicia y sé que la Institución Registral está realizando grandes esfuerzos en este ámbito de la digitalización. Prueba de ello es la APP de los registradores, que facilita el acceso de la ciudadanía a todos los servicios que se prestan. Es sin duda, una herramienta de gran utilidad.
Un tema de máxima actualidad es el de la mejora de los procesos de reestructuración y de segunda oportunidad, en el que los registradores estamos muy implicados colaborando con distintos organismos e instituciones. ¿En qué momento se encuentra el anteproyecto de Ley Concursal y qué se espera de esta nueva normativa?
La reforma de la Ley Concursal es unos de los proyectos más ambiciosos del Gobierno.
El pasado 21 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, se aprobó en segunda vuelta de Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, una norma que sitúa España a la vanguardia de la reestructuración de empresas en el ámbito europeo. Y supone así mismo el cumplimiento de uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Este proyecto normativo tiene como objetivo la transposición de la directiva europea de reestructuración e insolvencia, e introduce otras reformas en el ámbito concursal para disponer de instrumentos ágiles y eficaces que mejoren los procedimientos de insolvencia, faciliten el mantenimiento de empresas viables y refuercen el tejido productivo. Una de las principales finalidades de la armonización comunitaria en estas materias es preservar al máximo la continuidad de la actividad empresarial y profesional ante la concurrencia de dificultades financieras y proteger el empleo.
La transposición de esta directiva es doblemente obligada: por un lado, por las reglas generales de aplicación del Derecho europeo; y, por otro, por formar parte del marco regulatorio de reformas exigido por la Unión Europea como condición para la percepción de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia.
“La Institución Registral puede y debe jugar un papel fundamental en la transición ecológica. Son muchos los puntos de conexión del Registro de la Propiedad con el medio ambiente. Creo que unir titularidad y cuidado ambiental es, sin duda, un camino a explorar”
La sostenibilidad también se hace presente en la Institución Registral. Al Registro de la Propiedad se debe incorporar el planeamiento urbanístico, la huella de carbono, así como controlar la contaminación del suelo, entre otros muchos puntos de conexión con el medio ambiente. ¿Cree que unir titularidad y cuidado medio ambiental es un buen camino?
Como mencionaba anteriormente, uno de los ejes transversales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, es el de la transición ecológica.
Así lo recoge también Justicia 2030 y en ello estamos trabajando.
Ningún proyecto que acometamos será exitoso si deja de lado la vertiente ecológica.
Estamos en una nueva era y los poderes públicos deben ser garantes de la protección del medio ambiente.
El Ministerio de Justicia está comprometido con ello y así se plasma en los proyectos que estamos poniendo en práctica como el de Sedes Sostenibles, que pretende la mejora de la eficiencia energética y la rehabilitación sostenible en 37 sedes judiciales, distribuidas por todo el territorio nacional. Con este proyecto, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se reducirá en un 30% el consumo de energía primaria. Para el éxito del mismo contamos con las Comunidades Autónomas, definiendo conjuntamente, en el marco de la cogobernanza que tan buenos frutos está dando, un estándar técnico que será tenido en cuenta en las sedes de todo el territorio nacional.
La Institución Registral puede y debe jugar un papel fundamental en la transición ecológica. Son muchos los puntos de conexión del Registro de la Propiedad con el medio ambiente. Creo que unir titularidad y cuidado ambiental es, sin duda, un camino a explorar.
El fuerte compromiso de servicio público es uno de los principales rasgos que caracterizan el ADN de la Institución Registral. Desde nuestra función, ¿en qué podemos seguir colaborando para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía?
Soy consciente del compromiso con el servicio público de las registradoras y registradores. Su esfuerzo y dedicación durante la pandemia ha sido y sigue siendo loable. Desde aquí me gustaría expresar el reconocimiento y agradecimiento del Ministerio de Justicia por esta labor.
En el corto y medio plazo esperamos contar con su apoyo en la implementación de proyectos esenciales para nuestro país y que están alienados plenamente con Justicia 2030 y con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Uno de estos proyectos será la puesta en marcha del Registro de Titularidades Reales, en el que estamos trabajando intensamente. Contamos para el éxito del mismo, como no podía ser de otra manera, con la Institución Registral.
