“Nos enfrentamos a un desafío de Estado, a un reto inédito que nos afecta, nos implica y nos convoca a todos”
En estos momentos excepcionales, ¿cómo vive desde la presidencia de la Abogacía esta situación de crisis provocada por la COVID-19?
Estamos viviendo semanas de intranquilidad e incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la epidemia más grave que hemos vivido y de la que tenemos memoria. Pero, al mismo tiempo, está siendo el momento de seguir demostrando lo que los abogados y abogadas somos, estando donde se nos reclama y construyendo en la misma línea de superación que nos ofrece cada día la sociedad española. Desde la exigencia, reclamamos con firmeza medidas justas, sensatas y demandadas por nuestros compañeros y compañeras, que, no hay que olvidar, continúan prestando servicios esenciales a nuestro Estado de Derecho.
Como presidenta del Consejo General de la Abogacía, usted representa a más de 250.000 colegiados en toda España. ¿Cómo se armonizan intereses tan dispares en un único organismo? ¿Es esto lo más complicado de su cometido como presidenta?
Como le decía, trabajamos promoviendo medidas que sean justas y razonables para nuestros compañeros, pero también para la ciudadanía. Pongo como ejemplo las que exigimos con firmeza para que las letradas y letrados del Turno de Oficio puedan seguir prestando su irremplazable labor con las máximas garantías. Que ellos puedan trabajar en las condiciones adecuadas es la mejor garantía para la prestación del derecho de defensa.
Todo lo estamos haciendo juntos, todos los Colegios y Consejos, los colegiados y colegiadas, desde la unidad; más plurales y diversos, pero también, más compactos que nunca. Gracias a esta diversidad hemos elaborado nuestras alegaciones al plan de choque del Ministerio de Justicia y el del Consejo General del Poder Judicial con la colaboración de todos los Colegios de Abogados, las asociaciones de abogados de toda España y las aportaciones de abogadas y abogados a través de sus corporaciones colegiales. Ante esta crisis, nos enfrentamos a un desafío de Estado, a un reto inédito que nos afecta, nos implica y nos convoca a todos; y la Abogacía Española, dentro de la diversidad, está acudiendo unida a esa cita.
En esta nueva legislatura usted ha manifestado que “se necesita una reforma integral, estructural y consensuada con todo el sector Justicia”. ¿Cree que el pacto por la Justicia podría ser a corto plazo un paso definitivo en la situación de la Justicia en España?
Es más necesario que nunca que el Pacto de Estado tenga entre sus pilares conseguir una Justicia del siglo XXI, cercana a la ciudadanía y que no viva alejada a la realidad a la que sirve; porque sin Justicia nada funciona. Y es que, aunque haya quien no quiera verlo, lo que sucede en el mundo de la Justicia nos afecta directamente a todos y es fundamental para convertir en realidad los compromisos de reconstrucción tras la pandemia global.
El Colegio de Registradores le ha otorgado a su Consejo la placa de honor de la institución registral. ¿Cómo se pueden reforzar las sinergias de las profesiones jurídicas en estos momentos, y en concreto con el Cuerpo de Registradores?
Tradicionalmente ha existido un buen espíritu de cooperación entre registradores y abogados. No podía ser de otra forma entre dos sectores profesionales del ámbito jurídico con misiones y objetivos de tanta trascendencia como son la defensa del interés público y de los derechos reales y mercantiles de los ciudadanos y de las empresas, que son el fundamento de la seguridad jurídica. Desde el Consejo de la Abogacía Española apostamos por reforzar en colaboración con el Colegio de Registradores nuestra apuesta por enfocar buena parte de los esfuerzos en mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros colegiados y, a través de ellos, al conjunto de la sociedad. Tenemos que aprovechar las sinergias de ambas instituciones para que se reconozca el trabajo que decenas de miles de registradores y abogados prestan cada día aportando el imprescindible asesoramiento para que los actos legales de gran trascendencia en la vida de la ciudadanía estén protegidos por las mayores garantías jurídicas que podemos ofrecerles.
