“Mi propósito es lograr un gran acuerdo que acerque la Justicia a la ciudadanía”
El proyecto de Justicia 2030 no pierde sentido tras la crisis generada por la COVID-19, “sino que lo gana”, afirma el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en esta entrevista. Para conseguir el objetivo de convertir la Justicia en un verdadero servicio público y hacer de ella un elemento dinamizador para la reconstrucción social y económica, el ministro ha pedido el esfuerzo conjunto y la cooperación de todas las fuerzas políticas y de los operadores jurídicos. En este sentido, Juan Carlos Campo agradece el gran ejemplo de profesionalidad y de servicio público que están demostrando los registradores.
El pasado 3 de diciembre se inició la XIV Legislatura, y tras la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, el 13 de enero toma posesión como ministro de Justicia, llegando a un ministerio que ya conocía de etapas anteriores, se rodea de un equipo joven pero muy preparado. Si tuviera que establecer el leitmotiv de esta nueva etapa, ¿cuál sería?
El eje principal de mi acción de gobierno es convertir la Justicia en un verdadero servicio público para la ciudadanía. Para ello, he pedido el esfuerzo conjunto y la cooperación de todas las fuerzas políticas y de los operadores jurídicos en torno al Plan Justicia 2030, que permitirá colocar a la Justicia al mismo nivel que servicios públicos consolidados, como son la Sanidad y la Educación.
Nuestros objetivos son claros y, por supuesto, realizables: reafianzar los derechos y garantías de los ciudadanos, promover una mayor eficacia del servicio público y garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio.
Mi propósito es lograr un gran acuerdo en la XIV Legislatura que acerque la Justicia a la ciudadanía, con un horizonte temporal de 10 años a través de planes medibles y adaptables para cada ejercicio, tomando decisiones racionales y contrastadas.
Casi recién llegado al Ministerio de Justicia y les ha correspondido gestionar probablemente la crisis más grave desde la Guerra Civil. ¿Cuáles han sido sus objetivos principales en la gestión de la crisis de la COVID-19?
El Gobierno, en su conjunto, está trabajando para garantizar la protección de la salud pública de la ciudadanía, movilizando todos los recursos necesarios para construir un escudo social que salvaguarde, especialmente, a las personas y colectivos más vulnerables.
Alineados con ese propósito, nuestro principal objetivo es que, pese a la COVID-19, la sociedad española pueda seguir contando con el amparo de la Justicia, garantizando la prestación de los servicios esenciales y minimizando, al mismo tiempo, los posibles riesgos para los profesionales de la Justicia. En esa línea están las últimas medidas aprobadas en Consejo de Ministros, relativas al incremento de recursos para el teletrabajo, por un importe de casi 550.000 euros, así como equipos de protección individual, por importe de más de 800.000 euros.
¿Cómo es la experiencia de legislar a contra reloj y adaptando las medidas a una realidad cambiante día a día?
Gestionar en medio de tanta complejidad y de una realidad cambiante, no es fácil. Por esa razón, es fundamental la coordinación de todas las instituciones, la unidad política frente a la epidemia y la colaboración con la sociedad civil. No me canso de decir que este desafío solo lo podremos superar juntos. De ahí la importancia de la propuesta del presidente sobre un gran acuerdo para la reconstrucción nacional.
En Justicia, hemos mantenido reuniones de trabajo desde el mismo momento en que se desató esta crisis. Ello nos ha permitido avanzar hacia una hoja de ruta consensuada para la salida de la crisis provocada por la COVID-19 y también para la reactivación judicial. En esos encuentros con el CGPJ, la Fiscalía, la Abogacía y las comunidades autónomas competentes en la materia, hemos alcanzado consensos en relación con muchas medidas. Por otra parte, nos hemos esforzado por dar participación a los distintos colectivos del sector: abogacía, procura, traductores, graduados sociales, notarios, registradores o sindicatos de funcionarios.
Aunque es difícil destacar alguna de las muchas decisiones tomadas para afrontar esta crisis, ¿cuál considera que ha sido la medida más necesaria de entre las que ha adoptado?
Elegir una sola de las numerosísimas medidas que estamos adoptando para combatir la epidemia no resultaría práctico, porque todas las medidas forman parte de una única estrategia, con un marco común coherente y con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas necesidades. Dicho de otra manera, todas las medidas son piezas de un gran puzzle, en el que participan el Ministerio de Justicia, las instituciones vinculadas al sector y todos los operadores jurídicos.
“Los objetivos del proyecto de Justicia 2030 siguen vigentes: avanzar en el acceso a la Justicia y consolidar derechos y garantías; promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia; e incrementar la cohesión y coordinación territorial, favoreciendo la transformación digital”
Tras la crisis sanitaria, la crisis económica. ¿Cómo ve la salida? ¿Europa será una vez más parte importante de la solución?
Antes le decía que de esta crisis solo podemos salir juntos. Y eso también es aplicable al ámbito internacional y, especialmente, para Europa. Desde el comienzo, el Gobierno de España ha impulsado una propuesta para que Europa, de manera responsable y solidaria, haga frente a las necesidades del presente y a la salida de la crisis. Con el paso de los días, el protagonismo de nuestro país ha ido en aumento y su propuesta de crear un fondo de 1,5 billones de euros obtiene, cada vez, mayores apoyos.
El Gobierno trabaja ya en los planes para afrontar las consecuencias económicas del parón de actividad y en el fortalecimiento de los servicios públicos. Hoy es más importante que nunca estar preparados para el medio y el largo plazo.
SERVICIO ESENCIAL
La institución registral, declarada servicio esencial por el Gobierno, se ha reorganizado a través del teletrabajo con más 4.000 empleados teletrabajando para tratar de que la vida crediticia y societaria continuara aunque fuera bajo mínimos. ¿Cómo valora el papel de la corporación registral en estas fechas?
La actividad registral es un servicio imprescindible y de interés general. Por esa razón, incluimos el funcionamiento de las oficinas registrales y la continuidad de la actividad de la institución registral como un servicio esencial para el soporte de la economía y de la atención ciudadana.
Desde la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se ha procurado que los servicios indispensables para el mantenimiento y desarrollo de la actividad económica, societaria y financiera, siguieran en funcionamiento, desde la convicción de que resulta clave evitar daños patrimoniales graves e irreparables.
Tengo que agradecer de corazón el enorme esfuerzo que están haciendo sus profesionales, tanto en los registros de la propiedad, como en los mercantiles y en el Registro Público Concursal. Desde una posición de menor visibilidad que otros colectivos, están dando un gran ejemplo de profesionalidad y de servicio público.
Entre las medidas económicas adoptadas para paliar las consecuencias de la pandemia, está la moratoria hipotecaria y arrendaticia. Entre la documentación que se debe aportar se incluye una nota de índices del Registro. Los registradores, para facilitar a los ciudadanos su obtención sin desplazamiento, hemos arbitrado un procedimiento totalmente telemático, que hemos querido que sea gratuito durante el periodo de tiempo que dure el estado de alarma. ¿Cómo valora su ministerio esta decisión?
Nuestra valoración, por supuesto, es positiva. En circunstancias como las que atravesamos, el uso de las tecnologías y su potenciación resultan clave. El ministerio está haciendo un gran esfuerzo en esa dirección. Por otra parte, creo que las gestiones telemáticas, así como la gratuidad, ayudarán a evitar el aumento de la brecha digital, especialmente, para los colectivos y personas más vulnerables.
Si hacemos abstracción de la pandemia (algo difícil, lo sé), usted en su comparecencia ante la Comisión de Justicia desgranó las líneas generales del Plan Justicia 2030, que debiera aprobarse en el plazo de tres meses por el Consejo de Ministros. Tras esta crisis sanitaria, ¿han cambiado sus objetivos prioritarios?
Evidentemente, esta crisis nos obliga a poner en perspectiva casi todo, también, la importancia de los servicios públicos. Y lo que se ha demostrado es el enorme valor de lo público. En ese sentido, el proyecto de Justicia 2030 no pierde sentido, sino que lo gana. Sus objetivos siguen vigentes: avanzar en el acceso a la Justicia y consolidar derechos y garantías; promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia; y, por último, incrementar la cohesión y coordinación territorial, favoreciendo la transformación digital. Si algo ha dejado en evidencia la epidemia, es que la modernización de la Justicia ya no es una opción, es una exigencia.
Así que, en estas circunstancias, es posible afirmar que lo que era bueno para la Justicia en febrero, aún lo es. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a las nuevas circunstancias, respondiendo de la mejor manera posible a la coyuntura y ofreciendo medidas que sean realmente útiles para los ciudadanos y para la Administración de Justicia.
Dentro de los planes previstos para responder a la nueva situación, y alineados con Justicia 2030, hay tres iniciativas de aplicación inmediata. En primer lugar, la aprobación de un Real Decreto Ley con medidas urgentes para el refuerzo de los tribunales en el tránsito a la recuperación social y económica. En segundo lugar, se llevarán a cabo reformas estructurales, a través de un proyecto de Ley para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con un especial énfasis en la transformación digital de la administración de justicia. En tercer lugar, de acuerdo con la Disposición adicional 19 del RDL 11/2020, se desarrollarán planes de reactivación que incluirán medidas en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el parón de actividad que ha supuesto el confinamiento, el contencioso administrativo, mercantil y laboral, aunque también alcanzarán al orden penal y civil. Este ‘plan de choque’ será aprobado por el Gobierno en el plazo máximo de 15 días desde que se levanten las medidas acordadas por el estado de alarma.
La Junta del Colegio de Registradores, en septiembre del 2019, dio rango de vocalía a la mediación y a la conciliación como modo de resolución alternativa de conflictos en la que los registradores deben colaborar. ¿Cómo valora esta iniciativa?
Es una iniciativa excelente. Siempre he dicho que el concepto de mediación va mucho más allá de una forma alternativa de resolución de conflictos: es verdaderamente una forma natural de entender la paz social. En ese sentido, considero que la figura de la mediación requiere de sensibilización y educación.
Desde Justicia queremos potenciar la mediación a través de los cambios normativos y organizativos necesarios. Es lógico que la gente pida justicia ante los tribunales, pero también tenemos que poner a su disposición diferentes opciones de acceder a una solución justa a su controversia. Lo que, sin duda, aliviaría la presión sobre juzgados y tribunales.
“Si algo ha dejado en evidencia la epidemia, es que la modernización de la Justicia ya no es una opción, es una exigencia”
Entre los objetivos del Ministerio de Justicia destaca también la modernización del lenguaje jurídico para hacerlo más comprensible al ciudadano, como se puso de manifiesto en la Jornada que celebramos en el Colegio de Registradores bajo su presidencia. ¿Se conseguirá el reto en esta legislatura?
Efectivamente, tengo la convicción de que la modernización de la Justicia exige una adaptación del lenguaje jurídico. Siempre he pensado que es irracional e injusto exigir a una persona que cumpla una ley que no entiende. Cuando eso ocurre, la brecha de la desigualdad solo puede aumentar. Por eso, tenemos que romper el muro que separa a los operadores jurídicos y a las instituciones, de los ciudadanos. Para ello, vamos a continuar el trabajo que impulsé en 2011, cuando era secretario de Estado, a través de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico.
La democracia exige transparencia y claridad. El lenguaje no puede ser un límite, debe ser universal y accesible. La claridad de la expresión oral y escrita de los profesionales del Derecho aumenta la seguridad jurídica, permite que las personas conozcan sus derechos y obligaciones, sepan cómo y ante quién hacerlos valer e incrementa la confianza y la participación en las instituciones. Es una cuestión de empatía y respeto en relación a la ciudadanía, la verdadera protagonista.
En el Colegio de Registradores hemos creado una Comisión de Innovación para estudiar cómo integrar en la función registral las últimas tecnologías, como Blockchain, Inteligencia Artificial, tokenización de activos, etc. ¿Cómo asiste desde el ministerio a esta auténtica revolución digital que toca tan de cerca al ámbito de la Justicia y el Derecho?
La transformación tecnológica en el sector Justicia es una asignatura pendiente que se ha agudizado en la última década. Lo digital es clave en el proceso de modernización. De hecho, creo que está en la base de una prestación del servicio público más ágil, transparente, de calidad y capaz de afrontar las demandas de la ciudadanía y de los propios operadores jurídicos.
Coincidimos con los registradores en la orientación de nuestra organización hacia la innovación. En esa línea está la creación de una nueva Dirección General de Transformación Digital. Tenemos la misión de consolidar un proyecto de expediente judicial digital que sea seguro y accesible, así como mejorar la cooperación autonómica en el desarrollo y reutilización de herramientas de trabajo electrónicas, garantizando la interconexión de las unidades judiciales de todo el territorio nacional. Igualmente, implantaremos mecanismos sencillos de acceso digital a los servicios de justicia, incluyendo herramientas de ayuda y de consulta en línea, evitando desplazamientos innecesarios a las dependencias judiciales.
Por último, ministro. ¿Qué espera de nosotros los registradores?
Lo verdaderamente importante es lo que espera la ciudadanía de nosotros. Y es que nos empleemos a fondo por hacer de la Justicia un elemento dinamizador para la reconstrucción social y económica.
Para ello necesitamos la colaboración de todos los profesionales, también de los registradores. La puesta en marcha del plan que iniciaremos tras el estado de alarma, es el siguiente desafío. Adoptaremos medidas en los ámbitos organizativos, tecnológicos y normativos para el regreso a la normalidad en la prestación de los servicios. Y en esta tarea, todos seremos imprescindibles.
En cuanto a la coordinación y el diálogo, muchas personas me han oído decir que no comenzaron ni que tampoco terminarán con esta crisis. Desde que llegué al ministerio ha sido mi apuesta personal y nuestro método de trabajo. Los importantes avances en la toma de decisiones, por consenso, en la Comisión de coordinación de la crisis lo ponen en evidencia. Y esa seguirá siendo la dinámica de trabajo. Y, para ello, lo que he pedido al conjunto de operadores jurídicos, y lo hago extensivo a la institución registral, es participación, colaboración y compromiso, en un gran acuerdo en torno al Plan Justicia 2030.
Ministro, cuente con la participación, colaboración y compromiso de los registradores para lograr el Plan de Justicia que nuestra sociedad se merece.
Constitución y consenso
Gaditano de adopción. Su primer acto público (le parecerá que fue hace un siglo) fue presidir en Cádiz la entrega del I Premio Pérez-Llorca a Miquel Roca y Miguel Herrero. ¿Cómo ve la salud de la Constitución del 78 en época de pandemia?
La aprobación de la Constitución Española de 1978 demostró que los españoles éramos capaces de anteponer el interés común a los intereses individuales. Eso nos permitió desarrollar todo el entramado de derechos fundamentales que nos ha permitido disfrutar estos 41 años de convivencia democrática. Lo que se nos pide a todos hoy, tanto a gobernantes como a la ciudadanía, es tener altura de miras y no huir de nuestras responsabilidades.
Es, precisamente, nuestra Constitución la que nos ha permitido tomar medidas excepcionales para una situación crítica, preservando intactos los pilares de nuestro Estado de Derecho, garantizando la tutela y las libertades de la ciudadanía.
Ahora bien, la esencia de la democracia supone poder reformar la Constitución para adaptarla a los cambios de la realidad social y a las necesidades de los ciudadanos. Todo cambio que suponga la garantía y el desarrollo de nuevos derechos, es bienvenido.
María Emilia Adán
