Como un déjà vu del que creíamos haber salido, la sucesión de escándalos que hoy golpean al Gobierno reproduce una secuencia conocida. Primero llegan las informaciones periodísticas que anticipan una trama todavía incompleta. Después, el estallido de la operación policial. Y, cuando el humo empieza a disiparse, emerge el paisaje. La atención pública se concentra entonces en la investigación judicial, los nombres propios, las imputaciones, la resistencia del Ejecutivo a asumir responsabilidades y las consecuencias electorales. Es una reacción lógica. Pero también insuficiente.

Las preguntas que expliquen lo ocurrido son imprescindibles: hasta dónde llega el caso Leire Díez, qué ocurrió en la SEPI o cuánto abusaron de su poder el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Sin embargo, cuando la corrupción alcanza esta dimensión conviene mirar también a las instituciones con capacidad para frenarla, seguir su rastro y detectarla.

Cuando la política falla, entra en escena la arquitectura invisible del Estado. Una red de instituciones técnicas, alejadas de la confrontación partidista, cuya misión consiste en reducir los espacios de opacidad donde prosperan las prácticas corruptas. Los casos actuales encontraron refugio en ámbitos con escasa rendición de cuentas –como determinadas estructuras orgánicas de los partidos políticos– o en la contratación de emergencia durante la pandemia, donde los controles administrativos se relajaron al mínimo. Pero debajo de esa superficie trabaja otra maquinaria: las instituciones encargadas de combatir la delincuencia económica cuando nace en el corazón del poder.

Cuando la política falla, entra en escena la arquitectura invisible del Estado. Una red de instituciones técnicas, alejadas de la confrontación partidista, cuya misión consiste en reducir los espacios de opacidad donde prosperan las prácticas corruptas

Jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Agencia Tributaria, sistema financiero, órganos de prevención del blanqueo y otros operadores jurídicos, casi siempre lejos del foco, reconstruyen operaciones económicas extraordinariamente complejas. Ninguna institución dispone por sí sola de todas las respuestas. La eficacia nace de la cooperación y de la capacidad para compartir información y conectarla.

El sistema registral es parte esencial de esa arquitectura. Su función hace tiempo que supera la custodia de escrituras o inscripciones. La información sobre sociedades, administradores, titularidades reales y derechos patrimoniales es hoy un recurso decisivo para reconstruir operaciones económicas, identificar vínculos entre empresas, seguir cambios de propiedad o facilitar información fiable a las autoridades. El Colegio de Registradores no sustituye a quienes investigan o juzgan, pero permite que esas investigaciones avancen sobre una base sólida de información.

Sin ese trabajo técnico de los colegios profesionales y organismos antiblanqueo sería mucho más difícil destapar casos como Púnica, Lezo, los ERE, Gürtel o las investigaciones que hoy afectan al entorno de Ábalos o Santos Cerdán. Detrás de cada gran caso hay miles de cruces de datos y reconstrucciones societarias que terminan sosteniendo las acusaciones en los tribunales. La corrupción deja huellas. El reto consiste en saber leerlas.

La prevención del blanqueo pasa por el análisis inteligente de los registros. Detectar patrones, identificar incoherencias y relacionar datos que, por separado, apenas tendrían valor. La calidad del dato es un activo institucional. Cuanto más sofisticadas son las tramas, más importante resulta esa inteligencia financiera para el esencial ‘follow the money’.

Todo ese trabajo apenas encuentra espacio en la conversación pública. La interoperabilidad entre administraciones carece del atractivo de una comisión parlamentaria o una comparecencia en el Congreso. Sin embargo, de esa capacidad para compartir información depende muchas veces el éxito de una investigación y la posibilidad de recuperar patrimonio ilícito antes de que desaparezca.

Hay una lección que conviene preservar en tiempos de polarización. Estas instituciones cumplen plenamente su función cuando trabajan con independencia y criterios técnicos, al margen del Gobierno al que pueda afectar una investigación y la injerencia política. Esa autonomía garantiza que las mismas reglas se apliquen gobierne quien gobierne. Es uno de los pilares menos visibles –y probablemente más valiosos– del Estado de derecho.

Con frecuencia identificamos la regeneración democrática con nuevas leyes, códigos éticos o reformas institucionales. Todas son necesarias. Pero ninguna funcionará sin ese trabajo silencioso que aporta transparencia a la titularidad de los activos, garantiza la fiabilidad de la información pública y favorece la cooperación entre organismos.

Las democracias no se distinguen porque estén libres de corrupción. Su fortaleza reside en la capacidad de sus instituciones para detectarla, investigarla y sancionarla con independencia del poder político al que afecte. Mientras la atención pública se concentra –con razón– en los nombres propios, conviene no olvidar que la verdadera garantía del Estado de derecho descansa en esa arquitectura institucional que permanece cuando cambian los gobiernos. Porque mientras las sentencias judiciales castigan la corrupción; las instituciones sólidas son las que impiden que llegue demasiado lejos. En ese trabajo silencioso está la solidez del sistema.

Pilar Velasco