La historia constitucional española se ha caracterizado por una más que notable inestabilidad institucional. Desde la aprobación de la primera constitución liberal en el siglo XIX, España no ha dejado de transitar de una a otra Carta Magna intercalando periodos dictatoriales. Pero una, la Constitución Española de 1978 se ha convertido en una maravillosa excepción histórica. Y lo ha sido porque así lo ha querido España: la España de la Transición.

Aprobada tras un periodo de reconducción -respaldado por la inmensa mayoría de la población- desde la dictadura a la democracia, esta Carta Magna se ha convertido en la más duradera de la historia contemporánea de España. Por el camino han quedado otros textos destacados como la Constitución de Cádiz de 1812, la Constitución española de 1837, la Constitución española de 1845, la Constitución española de 1869 o la Constitución española de 1931. Todas ellas surgieron en momentos de intenso cambio político -revoluciones, restauraciones monárquicas, transformaciones del régimen-. Y todas ellas tuvieron una vigencia relativamente breve.

¿La clave? La misma que ha dado una larga y exitosa vida a la Constitución del 78, pero justo a la inversa. Y es que, si a todos esos textos los hizo caer la inestabilidad propia de una falta de entendimiento ideológico en la sociedad, la debilidad de las instituciones democráticas y la frecuente intervención del ejército en la vida política, justo lo contrario es lo que ha dado una vida tranquila, hasta el momento, a la Constitución de 1978.

Dicho de otra manera: el consenso más que generalizado de la Transición de que había llegado el momento de unir fuerzas, desde un espectro ideológico hasta el contrario, para volver a tejer la convivencia de un gran país llamado España, es justo lo que ha dado fuerza a nuestra actual Carta Magna.

El consenso más que generalizado de la Transición de que había llegado el momento de unir fuerzas, desde un espectro ideológico hasta el contrario, para volver a tejer la convivencia de un gran país llamado España, es justo lo que ha dado fuerza a nuestra actual Carta Magna

La Constitución Española de 1978 nació en el marco de la llamada Transición española a la democracia, el proceso político que siguió a la muerte de Francisco Franco en 1975. Durante este periodo, las élites políticas del antiguo régimen y la oposición democrática negociaron una transformación gradual hacia un sistema democrático parlamentario.

El texto fue aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con un amplio apoyo ciudadano. Y este origen consensuado es justo el factor fundamental que explica su estabilidad.

A diferencia de textos anteriores, que representaban el triunfo de una facción sobre otra, el texto de 1978 fue fruto de un compromiso de convivencia entre fuerzas políticas de ideologías diversas, desde conservadores hasta comunistas. Y fue este consenso el que permitió que amplios sectores de la sociedad se identificaran con el nuevo marco constitucional, algo que en el momento actual, por desgracia, no se puede afirmar que sea la nota característica: ni hay consenso entre los partidos políticos sobre el respeto a la unidad de España, ni sobre el respaldo a la monarquía parlamentaria, ni sobre el derecho a la propiedad privada, ni sobre la necesidad de nuestras alianzas internacionales más básicas -como la OTAN-, ni sobre la libertad empresarial, ni sobre la independencia judicial, ni sobre la prohibición de la confiscación fiscal, ni sobre el respeto a la prensa libre, ni sobre la separación de poderes, ni sobre demasiados aspectos básicos que sí han formado parte del caldo de cultivo del nacimiento de la Constitución del 78.

Por ahora, es cierto que todas esas divergencias constitucionales, pese a ocasionar problemas más que evidentes, no han conseguido romper el esqueleto de la propia Carta Magna, algo que demuestra precisamente la solidez del sistema creado en 1978. Pero también es cierto que las tensiones políticas generadas han empezado a generar ya una peligrosa corriente de desafección constitucional en parte de la población. Y esa no es una buena noticia para la mejor Carta Magna que ha tenido España.

Carlos Cuesta