Sí, la Constitución española de 1978 ya es la más longeva de la historia de España, superando los 17. 239 días de la promulgada en 1876, que estuvo vigente hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923. Pero su estabilidad contrasta claramente con la necesidad de cambio que manifiestan los españoles. Hasta un 87% cree que el texto ha envejecido y necesita reformas, especialmente en lo que respecta a los derechos sociales, las cuestiones territoriales, el modelo de Estado o el sistema electoral. Y eso que hay una mayoría social que reconoce, como no puede ser de otra forma, su contribución a la prosperidad económica y a la posición de España en Europa.

Pero la Carta Magna no está escrita en piedra. Es un documento vivo que fue diseñado para adaptarse a los tiempos y las necesidades de una sociedad que en 2026 no es ya la de 1978. España, Europa y el mundo han cambiado y, aunque hablamos de una Constitución que requiere de mayorías cualificadas y procesos complejos para modificarse, es reformable. Lo ha sido, de hecho, cuando a los legisladores les ha interesado. En 1992, para permitir el sufragio pasivo en elecciones municipales a ciudadanos de la Unión Europea residentes en España. En 2011, con agosticidad y alevosía, para establecer el principio de estabilidad presupuestaria y limitar el déficit estructural. Y en 2024, para eliminar el término ofensivo de “disminuido” y reconocer expresamente a las personas con discapacidad la plenitud de derechos y su ejercicio en condiciones de libertad e igualdad.

Hasta un 87% cree que el texto ha envejecido y necesita reformas, especialmente en lo que respecta a los derechos sociales, las cuestiones territoriales, el modelo de Estado o el sistema electoral. Y eso que hay una mayoría social que reconoce, como no puede ser de otra forma, su contribución a la prosperidad económica y a la posición de España en Europa

¿Acaso tiene sentido hoy la prevalencia del varón en la sucesión de la Corona? ¿No es el momento de blindar algunos derechos en la ley de leyes que eviten veleidades políticas en un contexto de auge global de la ultraderecha? ¿Tiene sentido que el Senado siga ejerciendo de Cámara de segunda lectura, al margen de las dinámicas autonómicas para las que fue concebido? ¿Es deseable revisar el modelo autonómico en un sentido federal? Son estos argumentos más que razonables y coherentes con las transformaciones y demandas de las últimas décadas que deberían abrir un debate sosegado y muy necesario. 

Ignorar todo ello sería dar la espalda a una España abierta, plural y tolerante que exige seguir avanzando para que el texto no se quede obsoleto o ajeno a la realidad social. Especialmente, en un tiempo en el que una mayoría coyuntural podría revertir derechos derivados del desarrollo legislativo de la Constitución que ahora celebramos. Por ejemplo, el del matrimonio igualitario, la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo o las normas que determinan la lucha contra la violencia de género.

Esther Palomera