No hay mejor muestra que las imágenes de los sótanos de la Dirección General de los Registros y del Notariado para explicar la razón por la que el pasado junio los registradores de España recibieron del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, la encomienda de descongestionar la tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia. Las pilas de expedientes amontonados en los pasillos no auguraban nada bueno. El Ministerio había tirado la toalla ante la incapacidad manifiesta de los servicios propios para resolver las más de 425.000 peticiones que se acumulaban en ese momento, algunas con más de tres años de retraso, y ante la evidencia de que entraban más solicitudes que salían. Así que la solución fue acudir al Colegio de Registradores de España para que, a través de los 1.000 registradores y 12.000 empleados, echaran una mano.
Y lo hicieron. El proyecto GEN (Gestión de Expedientes de Nacionalidad) fue una medida eficaz, según muestran los resultados: en solo tres meses, porque por una u otra razón no pudieron empezar a resolverlos hasta noviembre, les ha dado tiempo a tramitar más de 332.000 expedientes. Es decir, unos 4.000 al día, cuando el Ministerio de Justicia resolvía 120.000 expedientes al año. El panorama ha dado un cambio radical y se espera que en poco tiempo se ponga al día. Seguramente, por ese motivo, Justicia ha pedido ampliar la Encomienda de Nacionalidad, al menos, para todo 2013.
El secreto de los registradores consistió en digitalizar la documentación y transformarla en archivos electrónicos, además de cruzar datos de distintas instituciones (Dirección General de los Registros y del Notariado, Policía, Registros de la Propiedad, Registros Civiles, etc.). Ahora, devolverán a Justicia el informe con la concesión o denegación de la nacionalidad, aunque será el Ministerio el que conceda o deniegue la ciudadanía española. Además, el rigor de los registradores ha permitido que el porcentaje de propuestas de denegación se haya multiplicado por cinco en relación con la gestión anterior.
Llama la atención que las solicitudes se agolparon casi más a medida que la crisis ha ido creciendo y el número de inmigrantes descendía. En cualquier caso, las urgencias de Gallardón estaban justificadas. El retraso había motivado muchas reclamaciones ante el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo, ya que los afectados no podían ejercer derechos fundamentales como el voto, la reagrupación familiar o la libertad de movimiento, así como servicios sociales como la educación o la sanidad. Pero, quizá lo más importante para los registradores es la diligencia mostrada en acelerar los trámites.
El retraso había motivado muchas reclamaciones ante el Consejo General del Poder Judicial y el Defensor del Pueblo, ya que los afectados no podían ejercer derechos fundamentales
Supone una buena noticia si se tiene en cuenta la incidencia que tendrá en la contribución a las pensiones, máxime cuando en estos momentos se está produciendo el efecto contrario con la salida masiva de españoles, además de alta cualificación profesional, a trabajar al extranjero y la consecuente caída en número de cotizantes a la Seguridad Social.
Pero hay más. Los registradores, que son funcionarios públicos dependientes de Justicia, han hecho este trabajo sin contrapartida económica alguna, lo que ha generado algún que otro malestar en el seno del colectivo. No hay más que ver que a cada Registro le ha correspondido –y le corresponde todavía- tramitar una media de 400 expedientes. Se calcula que cada uno conlleva en torno a una hora de trabajo, aproximadamente, con los respectivos costes laborales y la implantación del sistema tecnológico necesario, que podría ascender a dos millones de euros.
Pero, seguramente, por encima de eso, lo que más cuenta es que el ministro ha tomado nota de la eficacia del colectivo de registradores y eso supone un activo muy importante en relación a la posible entrega de la gestión del Registro Civil, si finalmente el proyecto que lo regula sale adelante. Y eso, se supone, ya no será gratis et amore.
