El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) inauguró su nueva sede en las instalaciones del Colegio de Registradores. En la apertura del acto, la decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adán, destacó la importancia del trabajo que realiza el CRAB “que transciende a nuestras fronteras”, y señaló el “orgullo de los registradores de colaborar para evitar y limpiar el mundo de los canales del dinero oculto”.
El vicedecano y director del CRAB, José Miguel Tabarés, habló de la evolución del Centro, destacando sus trabajos preliminares antes de su creación por orden ministerial en 2015, fecha que coincidió con las sanciones impuestas tras la anexión de la península de Crimea por parte de Rusia.
Por su parte, el director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), Pedro Comín, alabó el esfuerzo de todos los registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del terrorismo, y se refirió a los esfuerzos de las autoridades que trabajaban en antiblanqueo para adaptarse a los cambios que se han producido recientemente en el mundo: la pandemia, que ha originado cambios significativos; el protagonismo de las sanciones internacionales a raíz de la guerra de Ucrania y los cambios normativos de la nueva institución europea creada para luchar conjuntamente contra el rimen organizado. Además, el acto contó con la asistencia de numerosas personalidades, entre ellas la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, y destacados representantes de instituciones que trabajan en el área de lucha contra el blanqueo y el crimen organizado.
El CRAB es el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España, y su función principal es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La estructura del Centro se asienta en tres unidades operativas. Por una parte, la Unidad de Análisis, que realiza las labores de análisis y preparación de informes, así como la revisión activa de las alertas generadas en el cruce de las titularidades registrales y otros derechos con las listas de sancionados de UE. Además, se ocupa del registro y preparación de las respuestas a los requerimientos de información realizados por las autoridades competentes. Por otra parte, la Unidad de Evaluación Interna, que lleva a cabo las acciones de supervisión respecto de los funcionarios incorporados, y soluciona las dudas de procedimiento y cualquier consulta que se pueda plantear en el desarrollo de la misma auditoría. Y, finalmente, la Unidad de Formación que se encarga de la formación continua de más de 1.000 registradores y de los empleados de los registros, posibilitando un mayor conocimiento de la materia y una mejor aplicación práctica de la normativa de prevención.
Toda la información disponible tanto de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles dispersos por toda la geografía nacional, como las bases de datos nacionales (FLEI, FLOTI y FLOMI), como el Registro de Titularidades Reales y el Registro de Prestadores de Servicios, se pone a disposición de las autoridades que trabajan en la prevención eficaz del blanqueo.
La colaboración de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles de España en la lucha contra el blanqueo de capitales no solo abarca la prevención, sino también las fases de la persecución y la punición del delito, ya que los registradores colaboran de forma sistemática y directa mediante la aportación de información obrante en los registros. Prueba de ello es que durante los últimos años las peticiones de información procedentes de las autoridades implicadas en estos temas se incrementan cada día.
