“Urge una revisión de la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural”
Esther Muñiz Espada (Catedrática de Derecho civil, U. Valladolid), es una destacada investigadora del Derecho de la persona, el hipotecario europeo, la vivienda y el desarrollo rural; además de Vicepresidente del Comité Europeo de Derecho Rural (órgano consultivo de la UE, observador de la FAO y el Consejo de Europa) y de AEDA, y de numerosos comités científicos.
En un número dedicado a la mujer quería preguntarle, precisamente, en estos momentos que se está debatiendo y reivindicando la revalorización del medio rural si habría que defender algún tipo de especificidad femenina para una transición de lo urbano hacia lo rural.
Las relaciones entre el medio urbano y rural se concentran en la expresión cohesión territorial, sobre lo que la UE ha trabajado desde los años 90, pero de manera muy tibia, por lo que aún no contamos con una verdadera política sobre ello. El problema afecta a todos los países de la UE. El barrio de la Florida en L’Hospitalet y el de Clignancourt en París, aglutinan más de 50.000 habitantes en un kilómetro cuadrado, mientras que enormes zonas rurales despobladas contribuyen a profundos desequilibrios de carácter económico, social, incluso a problemas de defensa nacional. Ante esto, lo más cierto es que si la mujer no se queda en el medio rural no es posible fijar población en las zonas rurales.
Siendo el ámbito rural fundamental para la empresa agraria, ¿qué papel desempeña la mujer?
Si bien, como es obvio, no existe ninguna restricción para el acceso de la mujer a los medios de producción, en ocasiones las figuras clásicas se han rechazado, exigiendo en toda la UE “un estatuto específico del cónyuge colaborador de la explotación”. Colaborador que era la mujer, pues mayoritariamente aparecía como titular el marido. En España la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias ha querido dar visibilidad a la mujer en la actividad agraria.
“Es necesaria una política integral y una simplificación legislativa, evidenciados los costes económicos y jurídicos de la dispersión y la fragmentación normativa en este contexto, donde no hay compartimentos estancos”
¿Y ha respondido a las expectativas?
Aunque la ley ha tenido su cierto recorrido aún hay bastante espacio para la creatividad. Estamos justo en el momento en el que habría que dar un impulso, que requeriría claramente una innovación de esta ley. Cada vez es mayor el número de explotaciones cuya titularidad la ostentan las mujeres, y con éxito. Nosotros hemos articulado ya propuestas concretas para esa actualización. Aunque no solamente habría que actuar sobre esta ley. Y al respecto se ha de apuntar que si se quiere una política de la mujer en este medio es elemental una coordinación de la información de la empresa agraria, agroalimentaria, en el Registro Mercantil (en contra de la dispersión de los registros administrativos agropecuarios).
¿Tal vez una actuación más integrada?
En efecto, el problema se integra precisamente en este fenómeno de la cohesión territorial, que necesita urgentemente, para empezar, de una revisión de la Ley 45/2007 de desarrollo sostenible del medio rural, que no ha tenido ninguna aplicabilidad. En todo caso, es necesaria una política integral y una simplificación legislativa, evidenciados los costes económicos y jurídicos de la dispersión y la fragmentación normativa en este contexto, donde no hay compartimentos estancos.
¿Se refiere a algo semejante a la metodología del Derecho francés?
Se requeriría de una especie de ley general agraria y rural, incluso un código rural, que no es incompatible con las cuestiones competenciales. Francia le debe su competitividad a su Code rural. Un mayor esfuerzo se impone a partir de ahora con los nuevos reglamentos europeos que se acaban de aprobar para la futura PAC y las nuevas obligaciones que se introducen desde el European Green Deal. En definitiva, ilusionantes retos para el legislador, para los académicos y también para la función de los Registros.
