La Fundación Coloquio Jurídico Europeo organizó un interesante debate en torno al proyecto de reforma civil y procesal en materia de discapacidad en el Seminario sobre la Discapacidad en el Derecho, celebrado en el Colegio de Registradores de España.
La jornada, retransmitida en streaming y traducida al lenguaje de signos, fue presentada por la decana del Colegio, María Emilia Adán, y contó como ponentes con Antonio Pau, presidente de la Sección 1ª de la Comisión de Codificación, consejero de Estado y registrador de la propiedad, y del magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo.
Durante su intervención, Antonio Pau, abogó por “hacer rampas jurídicas para las personas con discapacidad”. Y esto exige, señaló, “una transformación del enfoque, de la sociedad y, sobre todo, de los juristas que tienen que aplicar la norma”. Cambiar una mentalidad que “la tenemos adaptada al sistema de la incapacitación del estado civil de la marginación. Y ahora es todo lo contrario, a la persona con discapacidad lo que hay que hacer es adaptarse a ella”. Finalmente concluyó diciendo que “hay acabar con este 95 por ciento de incapacitaciones totales y transmitir la idea de que una persona con discapacidad lo que necesita es apoyo, no necesita ser marginada ni aislada de la sociedad”.
Por su parte el magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, profundizó en la protección jurídica de las personas con discapacidad señalando que “debe encaminarse a superar los impedimentos que derivan de limitaciones naturales para facilitar el pleno ejercicio de los derechos”.
La jornada contó con la presencia, entre otros, de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarna Roca; el catedrático de Derecho constitucional, Francesc de Carreras; el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y diversos vocales de la Comisión General de Codificación.