“Entiendo que la Justicia es, antes incluso que un poder del Estado, un servicio público que se presta a la ciudadanía”
Hacer de la Administración de Justicia una administración accesible, eficiente y sostenible, son los tres objetivos prioritarios que se han marcado desde el ministerio. Además, la ministra de Justicia, Pilar Llop, muestra en esta entrevista su convencimiento de que el Plan Estratégico Justicia 2030 y la política del ministerio deben ser consensuadas desde la horizontalidad, impulsando todos los mecanismos de diálogo territorial.
Usted ha comentado en alguna ocasión que se decidió por la judicatura por ser quizás la vertiente de más servicio público en el Derecho. Ahora, desde su nuevo cargo, ¿qué objetivos se marca para poner a disposición de los ciudadanos el mejor servicio público de justicia?
Efectivamente, mi carrera profesional ha estado guiada siempre por una fuerte vocación de servicio público que, en mi caso, se orienta hacia el ámbito de la Justicia. Porque entiendo que la Justicia es, antes incluso que un poder del Estado, un servicio público que se presta a la ciudadanía. Por eso, tenemos que asegurar que sea un servicio innovador y de calidad, a la altura de otros servicios públicos como la Sanidad o la Educación.
Con este fin nos hemos marcado tres objetivos: hacer de la Administración de Justicia una administración accesible, eficiente y sostenible.
En su toma de posesión usted destacó que la importancia del diálogo “es la clave para salir cuanto antes de la crisis con el menor daño posible”. De todos los retos a los que se enfrenta, ¿cuáles son los que considera inaplazables en estos momentos?
La Justicia es un proyecto colectivo y, por eso, tenemos la verdadera convicción de que nuestro Plan estratégico (Justicia 2030) y la política del Ministerio deben ser consensuadas, desde la horizontalidad.
Horizontalidad significa solidaridad territorial y lealtad institucional, impulsando todos los mecanismos de diálogo territorial. Por eso, los encuentros en los territorios con las administraciones competentes ocupan un lugar destacado en mi agenda, donde los municipios representan una parte fundamental del Plan, para el que contamos con la imprescindible cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Solo así podemos hacer frente a los retos más inaplazables que, como ha señalado el presidente del Gobierno, son la transformación digital, la transición ecológica, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la cohesión social y territorial.
“El Ministerio de Justicia tiene como objetivo aportar sostenibilidad al sistema, reservando la jurisdicción exclusivamente para los casos en que sea necesaria y adecuada y cuando no ha sido posible la solución negociada entre las partes”
Usted es jueza especializada en violencia de género y fue delegada del Gobierno en esta materia. Con esta perspectiva, ¿cuáles son a su juicio las medidas necesarias que habría que implementar para continuar con la erradicación de esta lacra?
En el ámbito de la violencia contra las mujeres, como saben, el Gobierno tiene entre sus prioridades reforzar la atención y protección de las víctimas.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado julio, a propuesta del Ministerio de Igualdad y de mi departamento, un ambicioso Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
La norma supone un avance para la libertad sexual de las mujeres en tanto pone de manifiesto la relevancia, gravedad y amplitud de las violencias sexuales en el marco de nuestra sociedad.
Con esta Ley vamos a otorgar mayor protección a la mujer víctima de violencia sexual durante y después del proceso para evitar la revictimización. Se amplían y desarrollan las medidas de prevención, sensibilización y detección de esta forma de violencia contra la mujer.
También se refuerza la tutela penal, dando una nueva configuración a estos delitos que pivotará sobre la ausencia de consentimiento, siguiendo el criterio del Convenio de Estambul.
A ello debo añadir que actualmente estamos trabajando en el desarrollo de un plan específico de formación en materia de igualdad de oportunidades y de lucha contra la violencia de género, destinado a todos los cuerpos y carreras que se forman en el Centro de Estudios Jurídicos, a través del cual se apuesta por una formación integral, transversal y multidisciplinar.
“Resulta especialmente relevante el proyecto de las Oficinas de Justicia en el municipio. Con este nuevo diseño de Oficinas de Justicia se va a proporcionar a los ciudadanos servicios judiciales sin tener que trasladarse a los juzgados ahorrando desplazamientos”
La pandemia ha puesto de manifiesto que queda mucho camino por recorrer para conseguir una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Los registradores estamos comprometidos con la igualdad, casi la mitad de profesionales que prestan el servicio registral son mujeres, tanto registradoras, como en el personal de las plantillas de las oficinas. Es muy significativo el hecho de que los puestos de decisión corporativa (elegidos directamente por todos los colegiados) estén encabezados por mujeres, un ejemplo es que la máxima representación la ostenta una mujer. Nuestro compromiso no se queda ahí, procuramos promover la igualdad en toda la sociedad a través de distintas actuaciones. ¿Qué medidas considera que habría que adoptar para hacer más efectiva esta igualdad?
La desigualdad entre mujeres y hombres tiene también su reflejo en el ámbito de la justicia. Han tenido que pasar más de 200 años para que una mujer sea presidenta de Sala en el órgano jurisdiccional superior. Este dato es tremendamente revelador y nos debe invitar a la reflexión.
En las últimas décadas, la transformación de nuestro cuerpo judicial ha sido evidente, avanzando gradualmente en el equilibrio de género. Este imparable acceso de las mujeres a la Carrera Judicial se deja ver con claridad en los últimos indicadores: más del 50% de quienes acceden a la Carrera cada año son mujeres, alcanzando el 71% en el caso de 2018.
La creciente presencia de las mujeres en la Carrera Judicial, a pesar de todo, no se ve reflejada en los órganos jurisdiccionales más altos y en los puestos de mayor peso. Debemos hacer lo necesario para corregir este desequilibrio.
Tiene que quedar claro que una recuperación justa es una recuperación feminista. Incorporar la perspectiva de género en el trabajo del Ministerio de Justicia es uno de mis grandes objetivos.
La modernización de la Ley Concursal impulsada por el Gobierno constituía una de las reformas más importantes incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Qué novedades introduce y qué objetivos persigue?
El objetivo fundamental de esta modificación legislativa, operada a través del Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Concursal, es adaptar nuestro ordenamiento al Derecho de la UE a la vez que incorporamos una serie de cambios necesarios en el régimen concursal y preconcursal vigente.
Se trata de una reforma profunda y extensa, que afecta a más de 200 artículos, y que tiene por objetivo dotar a nuestro país de un sistema concursal más eficiente y ágil, adecuado a la nueva fase de recuperación económica que se inicia tras la superación de los peores momentos de la pandemia.
Mediante el Anteproyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de agosto, se articula una de las herramientas más importantes del Plan de Recuperación para favorecer la demografía empresarial, reforzar el tejido productivo e impulsar el crecimiento económico.
El Anteproyecto de Ley supone, en definitiva, una mejora estructural de los mecanismos de insolvencia para fomentar la reestructuración empresarial y establece un marco normativo ágil y flexible que contribuye a minimizar la destrucción de tejido productivo y facilita el mantenimiento de empresas viables.
Los registradores apostamos por los medios extrajudiciales de resolución de conflictos a través de nuestra vocalía de Mediación y Conciliación. Esta última, en virtud de la Ley de jurisdicción voluntaria, se atribuye la competencia por igual a letrados de la administración de justicia, notarios y registradores. El Anteproyecto de Ley de eficiencia procesal que está en tramitación, potencia estos medios adecuados de solución de controversias (MASC). ¿Qué expectativas hay puestas en esta ley?
Con esta norma, se dotará de mayor agilidad, calidad y sostenibilidad a la prestación del servicio público de Justicia y situará a la ciudadanía como eje central del sistema. Solo de este modo el sector Justicia podrá cumplir el papel de motor de recuperación económica que está llamado a desempeñar.
Concretamente, el Anteproyecto se articula en tres ejes: integración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC); reforma de las leyes procesales en los cuatro órdenes jurisdiccionales; y medidas de transformación digital.
En este sentido, es importante destacar que la futura Ley de Eficiencia Procesal supone la incorporación definitiva de los MASC al sistema de Justicia. Pretendemos abrir así la Justicia civil y mercantil a la ciudadanía y devolver la capacidad negociadora a las partes del conflicto para que asuman de forma responsable la solución más adecuada de sus problemas.
El Ministerio de Justicia tiene como objetivo aportar sostenibilidad al sistema, reservando la jurisdicción exclusivamente para los casos en que sea necesaria y adecuada y cuando no ha sido posible la solución negociada entre las partes.
Se crean los servicios de medios adecuados de solución de controversias que, entre otras funciones, proporcionarán información sobre los MASC, naturaleza, contenido, efectos de su utilización y recursos existentes y prestarán apoyo a la derivación judicial.
Se regulan específicamente determinados MASC (mediación, conciliación, oferta confidencial vinculante, dictamen de experto independiente) si bien se incluye una fórmula abierta que permite recurrir a cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto acuden de buena fe.
Desde el Colegio de Registradores estamos comprometidos con la dimensión inclusiva de la discapacidad en el ámbito de la función pública registral. Se han publicado guías registrales en lenguaje braille y en lenguaje fácil, se colabora en la accesibilidad de nuestras oficinas, y recientemente se ha firmado un convenio para contribuir a la accesibilidad del Museo Reina Sofía. Pero, sobre todo, velamos porque puedan acceder al Registro en igualdad de derechos para ejercer sus facultades, velando por su protección conforme al artículo 12 de la Convención de Nueva York. ¿Qué nuevos proyectos tiene el ministerio para potenciar la inclusión social?
Sobre este aspecto resulta especialmente relevante el proyecto de las Oficinas de Justicia en el municipio. Con este nuevo diseño de Oficinas de Justicia se va a proporcionar a los ciudadanos servicios judiciales sin tener que trasladarse a los juzgados ahorrando desplazamientos.
De esta forma se refuerza la accesibilidad a los servicios en todo el territorio, en especial en las áreas más despobladas y se pondrá en marcha un sistema de acompañamiento para superar la brecha digital, que afecta particularmente a las personas mayores, personas con discapacidad y colectivos vulnerables.
Además de un sistema de acompañamiento, en estas Oficinas se prestarán servicios a los ciudadanos, no sólo en materia de procedimientos judiciales, sino también en otros relacionados con distintas áreas de la Administración Pública.
“Es necesario dar lugar a un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia”
La Ley de eficiencia digital, prevista para antes de finales de año, culminará el impulso que desde el ministerio se quiere dar a la Justicia. Los registradores apostamos decididamente por la transformación tecnológica, siendo pioneros, dentro de los márgenes que nos proporciona la actual legislación. ¿Cuáles serán los aspectos más destacados de la nueva norma?
Se trata de una propuesta normativa coordinada y alineada con el proyecto de transformación digital de la Administración Pública integrado en los fondos Next Generation EU. Por ello consolida el sistema de cogobernanza con las Comunidades Autónomas con competencias transferidas. Desde aquí quiero agradecer a las Comunidades Autónomas su implicación y esfuerzos en esta cuestión compleja desde la perspectiva técnica. La interoperabilidad es esencial.
Pocas dudas caben de que la transformación digital facilita que la eficiencia organizativa y procesal sean posibles. Por eso es necesario dar lugar a un nuevo marco legal para la tramitación electrónica de procedimientos judiciales, abordando aspectos básicos como la firma digital, los juicios telemáticos, el expediente judicial electrónico o el intercambio de datos en la Administración de Justicia.
El anteproyecto promoverá la intervención de la ciudadanía en las actuaciones judiciales mediante sistemas de inmediación digital, facilitando su derecho de relacionarse telemáticamente con la Administración de Justicia. Para ello se validarán sistemas de identificación digital adaptados a la nueva realidad tecnológica, que serán seguros y sencillos de utilizar para el ciudadano
Favorecerá las comunicaciones de los órganos judiciales entre sí y con otras organizaciones y colaboradores de la Justicia. Simplificará y generaliza el acceso desde cualquier lugar al Expediente Judicial Electrónico y demás trámites por medios telemáticos para ciudadanos y profesionales. También la intervención en vistas telemáticas, mediación…
Se agilizará la tramitación del expediente, con la realización de actuaciones de gestión automatizadas sobre la base de criterios legales objetivos y públicos. Se posibilitará el trabajo deslocalizado de judicatura, fiscalía, letrados de la Administración de Justicia y resto del personal de justicia.
