“La cooperación judicial es una pieza fundamental de la integración, como garantía de la libertad de circulación y del principio de igualdad”

Gran parte de su carrera judicial ha estado vinculada al orden social. Empezando por un Juzgado de Barcelona, pasando por la Sala Social del TSJ de Cataluña hasta llegar a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Durante los dos últimos años hemos presenciado realidades como el teletrabajo o los ERTES masivos, ¿cómo considera que afectarán a la magistratura de lo social?

El tremendo impacto de la pandemia sobre las relaciones laborales y la protección social ha supuesto un duro golpe para la ya insuficiente infraestructura de la administración de justicia, que arrastra déficits de inversión endémicos. El abrumador incremento de litigios guarda lógica relación con la situación crítica, pero se agrava por la complejidad que ha representado el tratamiento normativo de urgencia, con múltiples y sucesivos cambios y la necesidad de una respuesta legislativa a una realidad inaudita y en constante transición. Creo, no obstante, que ese enorme reto debería haberse afrontado dotando de forma permanente, suficiente y sólida a los órganos judiciales. El colapso de la capacidad de respuesta de la jurisdicción social -y también la de los demás órdenes- no resulta ninguna sorpresa. La crisis económica de hace una década ya había provocado una saturación no superada. La modernización y dotación de los juzgados y tribunales es una cuestión de Estado, una cuestión nuclear del estado de Derecho. De este momento tan crítico, como el que hemos estado viviendo en estos dos años en que hemos constatado nuestra vulnerabilidad, debemos extraer la conclusión de que, igual que sucede con nuestro sistema sanitario, resulta vital la salvaguarda de los derechos y garantías.

Además de su labor como Magistrada, ha sido profesora en Universidades españolas y extranjeras, siempre desarrollando en gran medida proyectos vinculados a la cooperación judicial internacional. ¿Por qué considera tan importante una colaboración estrecha entre organismos judiciales internacionales?

Plantearse el derecho desde una perspectiva exclusivamente interna es huir de la realidad. España no sólo es parte de organizaciones internacionales con las que ha asumido obligaciones –algunas con un peso muy presente y relevante en la vida jurídica, como el Consejo de Europa y el CEDH firmado en su seno-, sino que integra la Unión Europea, un sistema jurídico único en el mundo, que va más allá de aquel esquema de derecho internacional clásico. Los ciudadanos españoles, igual que el resto de los 500 millones de los 27 Estados de la Unión, rigen la mayor parte de sus relaciones, tanto públicas como privadas, por ese sistema común. Resulta imposible concebir a los jueces, aplicadores del derecho, sin una perspectiva ligada a la esencia misma del derecho que aplican. Es un derecho enraizado en el marco del ordenamiento de la UE. Por tanto, aun con sus diferencias y peculiaridades, nada ajeno al que pueden tener que aplicar los jueces de los demás Estados Miembros. Por otra parte, la cooperación judicial es una pieza fundamental de la integración, como garantía de la libertad de circulación y del principio de igualdad; una especie de “vaso comunicante” de la preservación del Estado de derecho en la UE.

Muchos de sus proyectos de estudio y cooperación han estado vinculados a la igualdad de género y a una participación equilibrada de hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones. ¿Considera que estamos trabajando en el buen camino de la igualdad efectiva o todavía nos queda mucho por recorrer?

En términos relativos podría decir que hemos avanzado. También es cierto que partíamos de muy abajo. Sin embargo, en términos absolutos, claro que nos queda por hacer porque lo cierto y verdad es que no existe aún una plena equiparación efectiva entre mujeres y hombres. Por consiguiente, no estamos ante un proceso superado, ni mucho menos. Avanzamos, pero lentamente y ello ya es, de por sí, un signo de desigualdad, de déficit. Además, muchas veces creo que hay falsos “avances”, que se utiliza la cuestión de forma un tanto frívola, dando pie a medidas que producen un efecto contrario al pretendido. Hay que trabajar seriamente en los cambios de actitudes, en el respeto y en la perspectiva, para poner de relieve de forma clara lo que es un dato objetivo.

Otros proyectos en los que ha trabajado están muy relacionados con la mediación. En el caso de los registradores, trabajamos para avanzar en el ámbito de la conciliación. ¿Entiende que los medios alternativos de resolución de conflictos tienen un futuro prometedor?

Sí, el tratamiento del conflicto ha empezado a ser analizado de modo distinto en el ámbito jurídico. Eso abre la mirada y provoca la reflexión sobre aspectos del derecho procesal hasta hace poco considerados inmutables. Hay muchos parámetros que nunca se habían tenido en cuenta y sobre los que ahora empieza a ser aceptable una interpelación: la satisfacción de las partes, el dolor, los efectos perjudiciales no materiales de un pleito, el coste real del proceso previo al litigio, … Vivimos en una sociedad particularmente combativa, extremadamente crispada y todos salimos perdiendo. El derecho debe aportar la pacificación. Así que, aunque de forma lenta, se va produciendo un cambio que creo que no tiene vuelta a atrás y que nos lleva a una intensificación de formas distintas de solventar las diferencias.   

Ha sido elegida Jueza del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siendo la primera vez que España elige a un miembro de la judicatura de carrera para que represente al país en este Tribunal. En el libro El TJUE, una mirada española hemos podido comprobar las numerosas aportaciones de los juristas españoles al desarrollo y consolidación de este Tribunal. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

La he afrontado con una enorme sensación de responsabilidad, pero también con muchísima ilusión. Ser la juez española del TJUE es un reto inmenso y, a la vez, un gran privilegio. El Tribunal es un órgano colegiado, con un juez por cada Estado Miembro y 11 Abogados Generales -entre los que España, como los otros 4 Estados de mayor tamaño- tiene asignado permanente un puesto. Cada uno aporta la visión jurídica propia, fruto de la cultura de la que se proviene. Además, también las diversas profesiones jurídicas de las que cada uno proviene enriquecen un debate constante y enormemente rico hasta alcanzar una conclusión que va a tener un efecto sobre todos y cada uno de los 27 Estados Miembros. Respecto del contenido de la función, me apasiona de modo particular el diálogo con los jueces nacionales, a través del instrumento estrella de la construcción del Derecho de la UE, que es la cuestión prejudicial. Desde Luxemburgo se palpa el latido de la realidad de todo el territorio, los problemas y las incertidumbres a las que enfrentan los ciudadanos de todos los rincones, tal y como éstos se los plantean a sus jueces nacionales.

Durante los últimos meses asistimos a una intensificación del llamado diálogo entre el TJUE y los Tribunales Constitucionales nacionales. ¿Considera que este diálogo tiene un papel relevante en el proceso de integración europeo?

Ese diálogo es esencial. Su relevancia en el proceso de integración europeo queda demostrada por las tensiones que se han vivido en los últimos tiempos. Se trata de debates que van mucho más allá de posicionamientos academicistas o de teorías jurídicas y que inciden sobre la línea de flotación del propio sistema de la Unión. Lo estamos viendo con algunas posturas específicas en ciertos Estados. El Tribunal de Justicia tiene un papel constitucional en el seno de la UE y, a la par de respetar las tradiciones constitucionales nacionales, debe garantizar los Tratados y los principios que se derivan, aquello a lo que los propios Estados decidieron voluntariamente someterse.