“Creo que la figura del registrador es esencial cuando hablamos de seguridad jurídica y debe ser mucho más esencial”
Rocío Perteguer Prieto, directora del Servicio de Medio Ambiente, Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores de España, entrevista a Fernando Móner Romero, presidente de la Confederación Nacional de Consumidores y Usuarios (CECU), tras la reciente reelección en su cargo.
Este año celebramos en nuestro país el 40 aniversario de la Constitución Española. En nuestra Carta Magna aparece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, en su art. 51, los conceptos de defensa y protección de los consumidores y usuarios. ¿Cómo valoras la importancia de esta ubicación jurídica de los consumidores?
Te lo puedes imaginar, estamos hablando de la Carta Magna, del documento jurídico que regula nuestras obligaciones y derechos con carácter fundamental.
En aquel momento nos empezamos a mover desde el punto de vista político, porque no había nadie que defendiese los intereses de una figura tan importante para el día a día de cualquier persona. Por lo tanto, el que figurase en la Carta Magna nos pareció esencial y ahora, 40 años después, vemos que la palabra “consumo” aparece en el Ministerio de Sanidad y Consumo. Por tanto, recordamos hace 40 años y volvemos a felicitarnos ahora porque consumo esté dentro de las grandes políticas del Gobierno.
Siguiendo con normas importantes y trascendentes ya hace más de 30 años de nuestra Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios de 19 de julio de 1984. ¿Qué juicio te merece esta norma y su evolución hasta la época actual?
Bueno, la verdad es que en ese momento había pocas leyes que amparasen a los consumidores y usuarios y esta ley fue, un antes y un después. En esa ley ya se hablaba de temas tan importantes como la formación, la seguridad de los consumidores como elemento esencial, las asociaciones de consumidores y sobre todo provocó que, en un país como España donde todas las competencias de consumo están derivadas a las CCAA, muchas de ellas tuvieran sus propios códigos de consumo.
En materia de protección al consumidor de créditos hipotecarios, ¿qué percepción tienes como presidente de la CECU del papel que hemos desarrollado los registradores a través de la calificación de las cláusulas abusivas?
Creo que la figura del registrador es esencial cuando hablamos de seguridad jurídica y debe ser mucho más esencial todavía. Ahora estamos pendientes de algunas transposiciones de directivas, pero el problema está en que la percepción del consumidor de la figura del registrador no es la misma, es mucho más limitada, y eso me preocupa porque realmente se creían que el notario era quizá a lo mejor la figura más importante en un crédito hipotecario, por ejemplo, cuando el registrador, la cosa registrada, es tanto o más importante en cuanto a la seguridad jurídica. A la hora de conceptuar las cláusulas abusivas, a la hora de ver la seguridad jurídica de los contratos, etc., la importancia del registrador y de las asociaciones de consumidores es esencial para aumentar la protección de los ciudadanos.
En el ámbito registral se ha defendido siempre los derechos de los consumidores, este principio de legalidad preside la calificación del registrador, en el ámbito del consumo del crédito hipotecario se empieza a hablar de compliance consumerista como un término que engloba un buen hacer que va incluso más allá de los códigos de buenas prácticas. ¿Es el camino correcto?
Sí, es el camino correcto. Es verdad que nosotros desde hace quince o veinte años estamos denunciando la prepotencia, por ejemplo, del sistema financiero frente a los consumidores finales. Todos sabemos que cuando un consumidor ha ido hasta hoy a una entidad financiera, ha ido diciendo que sí a un contrato de adhesión al que poco podía decir y que poco podía modificar. Siempre ponemos la figura del consumidor final como una figura que en el sistema financiero es vulnerable, ya que nadie tiene unos conocimientos suficientes.
Estamos en el camino correcto, pero este camino no tiene que hablar sólo de legislación, sino que tiene que hablar también de códigos de buenas prácticas, de autorregulación, de corregulación, de sistemas de resolución de conflictos alternativos a la vía judicial… Pero yo creo que vamos por el camino correcto y que lo que necesitamos es quizá un poquito de agilidad y más encuentros de los agentes que estamos en el sistema financiero.
¿Qué opinión tienes acerca de la reivindicación de algunas asociaciones de consumidores y usuarios de dar un fuerte impulso al RCGC facilitando su consulta, la inscripción no sólo a petición de parte sino de oficio de las sentencias de nulidad de cláusulas abusivas y la inscripción obligatoria de formularios de condiciones generales?
Nosotros desde siempre optamos por la transparencia y por la información, y al final todo lo que sea transparencia e información lo vamos a apoyar, sobre todo cuando hablamos de un sector que de por sí ha sido opaco.
Por ejemplo, hemos dicho muchas veces que la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios no se debería cobrar porque solamente con los intereses ya se cobra todo el coste de la hipoteca, y que si se tiene que cobrar alguna comisión, que responda realmente a algún servicio. La respuesta es “no, como ha estado ahí desde siempre…”. Debemos admitir que está desde siempre. ¿Pero no se puede modificar?
“El consumidor no sabe con frecuencia la importancia de los agentes que operan en cada sector, y como no conoce, tampoco puede responsabilizar”
En el Colegio de Registradores cuando conocemos noticias como el reciente fraude Inmobiliario de anticipo de cantidades a cuenta por la compra de viviendas o casos de las estafas vinculadas al alquiler con la entrega de fianzas, sentimos que la sociedad no utiliza el Registro de la Propiedad como debería, puesto que este tipo de fraudes son absolutamente evitables con una certificación del Registro de la Propiedad. ¿No crees que debemos formar entre todos los stakeholders del ámbito inmobiliario un consumidor más eficaz, más prevenido, que sepa utilizar las instituciones que le protegen frente a los delincuentes?
El consumidor no sabe con frecuencia la importancia de los agentes que operan en cada sector, y como no conoce, tampoco puede responsabilizar.
Tenemos que limitar eso desde el principio. Obviamente el Registro te dice el día a día de cada bien que hay allí registrado, ¿pero el consumidor sabe que puede pedir ese certificado?, ¿o que las nuevas tecnologías te dan la posibilidad de tenerlo de manera casi inmediata? El consumidor no lo sabe. Por eso es tan importante que trabajemos de manera conjunta todos los agentes, todos los stakeholders. A algunos les interesará más, a otros menos porque se mueven muy bien en la opacidad, pero cuando lo que quieres es la profesionalidad, la transparencia, la ética, entonces tienes que estar a favor de que tenga hasta la última información esa persona que va a hacer la mayor inversión de su vida, que se va a endeudar como mínimo durante diez, veinte, treinta años.
Otro problema similar de desconocimiento desde nuestra función es la conciliación registral, que aliviaría el colapso de los juzgados en materia de cláusulas abusivas. Desde CECU y ASGECO (Asociación General de Consumidores) iniciasteis en 2015 una campaña “No clames, reclama” que ha sido un status quo previo a la conciliación o a la mediación por un tercero. ¿Qué acogida y retorno provocó entre los consumidores esta campaña?
La acogida muy buena. El problema de las campañas es la repercusión mediática que tienen, que es muy pequeña. Cuando haces algo en positivo el interés mediático es más reducido de lo que nos gustaría.
A la gente que se ha metido en la web o en la aplicación Reclama, le ha encantado porque se ha encontrado en un lugar, donde de una manera muy ágil conoce sus derechos y la manera de utilizarlos, pero no tenemos una capacidad económica para hacer una difusión mediática de proyectos que podrían llegar a millones de españoles. Esto es una crítica más a los medios de comunicación porque deberían ayudarnos un poquito más a difundir los proyectos.
El Gobierno ha publicado ya la nueva estructura orgánica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Entre las principales novedades se ha creado una Dirección General de Consumo. ¿Cómo valoras este cambio y en qué os influye esta nueva dependencia orgánica?
El cambio lo valoramos muy positivamente. Simplemente el cambio de nombre lo que indica es el camino de las políticas de ese ministerio. Cuando tú lo pones después de Sanidad, significa que tu prioridad va a ser la defensa de los derechos de los consumidores. En general nos parece positivo, aunque en nuestro día a día no vaya a influir, sí lo va a hacer en cuanto a la importancia que se puedan dar a las políticas de consumo a partir de ahora.
En materia hipotecaria, gracias a las asociaciones de consumidores y usuarios se ha dado a conocer esa protección y esa doctrina de cláusulas abusivas que iba forjándose en nuestras notas de calificación. Pero, ¿cómo valoráis desde CECU que el PLCI extraiga de la calificación registral el acta que recoge el deber de debida información para la formación de la voluntad del prestatario en un negocio de inscripción constitutiva como es la hipoteca?
Es lo que hablábamos, se trata de la importancia de lo que está registrado desde el punto de vista de la seguridad jurídica del consumidor y también incluso en la defensa judicial. Por un lado, el consumidor sigue diciendo que sí porque no puede decir que no, independientemente de que conozca, no conozca, se le diga una cosa o se le diga otra.
Ese tipo de certificados, de que se me ha explicado, de que yo he leído, de que yo conozco, que figura en cualquier documentación, al final va a perjudicar siempre al consumidor porque luego se le puede decir que leyó, firmó y aceptó.
Si hay una información que aparece en una escritura, esa información se debe dar en la misma cantidad y amplitud en el Registro. Es que no tiene sentido. ¿Qué es lo que intentamos dando un trocito de la hoja? Si abogamos por la transparencia… Y como consumidor, si tengo tres agentes en el proceso de formalización de una hipoteca y dos no me avisan y el tercero sí que me avisa, entonces prefiero que haya tres.
Claro, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de sentencias del TJUE que declara la nulidad de cláusulas de la hipoteca se basan en la falta de transparencia y de la debida información al consumidor, yo creo que se abrirá de nuevo una tormenta de cuestiones prejudiciales. ¿Negativismo o realismo?
La realidad nos dice que esto puede suceder. Sólo hay que ver los medios de comunicación durante los últimos ocho años. El sistema financiero es el número uno en preocupaciones de los consumidores. Además, cuando hay sentencias que hablan de manera clara y tú no solucionas eso con la regulación sino que lo agravas, no solucionas el problema, simplemente lo trasladas.
En materia de usos turísticos, apartamentos turísticos o alquiler de vehículos, ¿estamos ante un abanico de legislaciones que provocan desprotección?
Esto surgió como un medio de economía circular de aprovechar recursos y al final, como todo, se ha convertido en un negocio. Todo lo que tiene una actividad económica tiene que tener una regulación. Porque si no, unos cumplen unas reglas del juego, y otros no las cumplen.
Y luego están las plataformas de anuncios… claro, si voy a coger un apartamento turístico y lo veo en cualquiera de estos portales, vale, está en ese portal pero, ¿quién me asegura que ese apartamento está ahí?
El Registro de la Propiedad.
por Rocío Perteguer Prieto
Directora del Servicio de Medio Ambiente, Consumidores
y Usuarios del Colegio de Registradores de España
