“El derecho a entender es un principio ético y legal”
Entrevistamos a Estrella Montolío (catedrática de Lengua Española en la Universidad de Barcelona y experta en comunicación), que ha escrito junto con Mario Tascón (periodista y presidente de la Fundación del Español Urgente), El derecho a entender. La comunicación clara, la mejor defensa de la ciudadanía.
Estrella, en el libro fundamentas el derecho a entender como una consecuencia del derecho a una buena administración (pública) y de los principios de buen gobierno y, como se expone en el libro, tiene ya una larga tradición en el ámbito anglosajón. ¿Por qué cuesta tanto a veces su ejercicio?
Como bien sabemos por la historia, en las sociedades autoritarias y jerárquicas del pasado, el control político y mental de la ciudadanía se ejercía, entre otras modalidades, mediante estrategias verbales de intimidación (el llamado “lenguaje del poder” en los trabajos de Lingüística), como, por ejemplo, el uso de un estilo administrativo legaloide, prepotente y oscuro, enfocado a que las personas obedezcan y cumplan con sus obligaciones, aunque no las entiendan.
Aun cuando pueda parecer impensable, en nuestras sociedades modernas hiperconectadas del siglo XXI, perviven algunas inercias del pasado en ámbitos como la administración pública, la justicia o la banca, que han heredado de manera acrítica rutinas verbales obsoletas de comunicación con la ciudadanía, que se concretan, lamentablemente, en documentos escritos en estilo grandilocuente, plagados de tecnicismos jergales profesionales que dificultan, cuando no hacen imposible, su comprensión.
Una buena administración y un buen gobierno, entendidos no como un poder impuesto sobre la ciudadanía, sino como un servicio público financiado con el dinero de todos y que acompaña a las personas en sus vidas cotidianas y asegura la gobernanza, ha de ser no solo transparente, sino comunicativamente claro, accesible y sensible al derecho a entender. De igual manera que las ciudades han de actualizar sus infraestructuras urbanísticas y tecnológicas para dar un mejor servicio a la ciudadanía y a las empresas, los organismos deben modernizar la infraestructura comunicativa que les conecta con la sociedad.
Cuando hablamos de derecho a entender, nos referimos a una tarea de transformación comunicativa todavía pendiente en nuestro país, a un cambio de enfoque que pone al ciudadano en el centro del discurso público; aludimos a una necesaria actualización de las estructuras comunicativas obsoletas que, en la actualidad, como sabemos, hacen difíciles y antipáticos los procesos comunicativos. Esos procesos penosos generan una conversación innecesariamente enrevesada, oscura y poco eficiente con la ciudadanía, conversación que en buena parte de los casos se trunca, genera mucho ruido y una absurda redundancia (por ejemplo, ciudadanos y clientes que han de llamar por teléfono a Servicios de Atención –que raramente atienden– o bien desplazarse personalmente a fin de resolver las dudas que genera una comunicación escrita ineficiente. Como se ve: la actual comunicación ampulosa e ineficaz no es solo poco democrática: es también tremendamente costosa desde un punto de vista económico.
El derecho a entender es un principio ético y legal, que incluye, para que sea efectivo, metodologías, prioridades, estrategias, metas y formas de pensar.
El derecho a entender tiene una vertiente que se relaciona con la accesibilidad y con la diversidad, pero es más amplio. ¿Qué aporta más allá de la accesibilidad para las personas con alguna discapacidad o con dificultades de comprensión?
Simplemente un tamaño diminuto de letra en un contrato, en una hipoteca, en un documento oficial, nos convierte a todos en discapacitados. El diseño inclusivo, la accesibilidad, la ergonomía, la usabilidad, son filosofías y metodologías que están en el alma del Derecho a entender y de la Comunicación Clara porque permiten crear productos y documentos universales que puede comprender y saber usar cualquier persona. De igual manera que se construyen rampas para salvar escaleras y los edificios oficiales y todas las modalidades de transporte público han de ser accesibles a personas con discapacidad, los documentos oficiales de gobiernos, ayuntamientos, organismos y empresas han de estar diseñados de manera inclusiva, universal.
“La exigencia de claridad trae consigo una exigencia conceptual que ayuda a una redacción precisa. Eso sí: para aplicar una claridad técnicamente impecable es preciso una cierta formación”
Un ámbito esencial de aplicación del derecho a entender aplica directamente a la comunicación jurídica. ¿Qué criterios deberíamos usar para ponerlo en práctica los profesionales del derecho?
El Plan de Transparencia Judicial, publicado en 2005, aspiraba a “obtener una justicia comprensible, tanto en las comunicaciones escritas como en las vistas o comparecencias y en las propias resoluciones judiciales”. Cumplirlo requería “desechar fórmulas y expresiones anacrónicas o vacías de contenido que no proporcionan ninguna información”. En 2009, el Consejo de Ministros creó la Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico. Las diversas encuestas sobre el estado de la justicia que desde el inicio de la democracia vienen realizando en España el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto que un 82% de la ciudadanía considera que el lenguaje jurídico es excesivamente complicado y difícil de entender, tal como recoge el Informe para la modernización del lenguaje jurídico, publicado en 2011 por la Comisión y el propio Ministerio de Justicia.
El encargo de esta Comisión, integrada por juristas, filólogos y periodistas de tribunales, con la que colaboró nuestro grupo de investigación Estudios del Discurso Académico y Profesional de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/edap/), fue elaborar un informe que recogiera recomendaciones para simplificar y modernizar el lenguaje jurídico español. La práctica totalidad de esas recomendaciones están también recogidas en la obra posterior El libro de estilo de la Justicia, publicada en 2017 por el CGPJ junto con la Real Academia Española.
Las recomendaciones básicas más urgentes dirigidas a los profesionales del Derecho que quisiera destacar en el poco espacio del que dispongo son: en primer lugar, no redacte desde el automatismo; pregúntese si la persona a quien va dirigida su escrito lo va a entender. Los juristas temen –y es razonable que así sea– que una excesiva simplificación de sus documentos pueda poner en peligro los imponderables de la precisión y seguridad jurídicas. Ahora bien, la claridad en absoluto significa coloquialización ni está reñida con la precisión; más bien al contrario. Todos conocemos textos jurídicos plagados de tecnicismos y latinismos que, sin embargo, ni son precisos, ni tienen una interpretación unívoca ni están exentos de ambigüedades. La exigencia de claridad trae consigo una exigencia conceptual que ayuda a una redacción precisa. Eso sí: para aplicar una claridad técnicamente impecable es preciso una cierta formación. Y eso es lo que necesitamos que pongan en marcha las autoridades de la Administración para sus profesionales.
Partiendo del principio general de poner en el centro la necesaria comprensión por parte del ciudadano destinatario, una recomendación general es la necesaria búsqueda de la síntesis: en el discurso público en español, en general, y en el ámbito de la Administración de Justicia en concreto, es preciso invocar a la síntesis necesaria, hay que acortar la extensión –desmesurada en la actualidad– de oraciones y de sus párrafos. El alargamiento sintáctico típico de la prosa jurídica provoca sensación de extrañeza, de rebuscamiento y distanciamiento en cualquier ciudadano del siglo XXI; por no mencionar que induce la proliferación en los documentos de fallos sintácticos (anacolutos, frases quebradas que han perdido la lógica sintáctica o están inacabadas o truncadas). Téngase en cuenta que, según los neurocientíficos, la memoria humana a corto plazo no retiene el contenido de lo leído más allá de tres líneas. 
¿Es necesario modernizar el lenguaje jurídico?
La palabra “modernizar” sugiere “mejorar lo que ha quedado anticuado”. En este segundo decenio del siglo XXI, en el que las nuevas tecnologías están cambiando nuestras vidas cotidianas y profesionales, quizá sea más sugerente para quien esté leyendo esta entrevista que utilicemos la metáfora de la “actualización” del lenguaje jurídico. La imagen de “actualizar” sugiere la idea de trabajar constantemente en la renovación de sucesivas versiones que mejoren las anteriores, para adaptarse mejor a las personas y a los cambios sociales que estamos viviendo tan aceleradamente.
En la mayor parte de las ciudades europeas, los coches antiguos no pueden circular por el centro urbano; son contaminantes, ruidosos y derrochan combustible. Para algunos nostálgicos, son vehículos bellos y que forman parte de la historia. Pero ahora las ciudades aspiran a ser más verdes, las calles quieren pacificarse y ser más amigables con los transeúntes. Las ciudades tienen que reinventarse, que actualizarse o dejarán de funcionar como motor de la vida y la economía de las personas. Cambiando la expresión “coche antiguo” por “lenguaje jurídico”, todo lo dicho antes puede aplicarse en el campo del derecho.
Es muy interesante la relación que se establece entre el derecho a entender y la tecnología, hablas de experiencia de usuario, de diseño de servicios, también de neurolenguaje… ¿Tan complicado es hacerse entender?
Lo que hace funcionar el smartphone que llevamos en el bolsillo son complejísimas tecnologías de procesamiento, geolocalización, computación, matemática, ingeniería y microelectrónica que han requerido el trabajo en equipos multidisciplinares de muchas mentes expertas. Sin embargo, cualquier persona puede usar su smartphone sin saber nada de esa extremadamente compleja tecnología que lo hace posible, porque está diseñado para ser usable, ergonómico, accesible y amigable.
La Comunicación Clara funciona con esa misma filosofía. Los expertos multidisciplinares que la hacen posible trabajan para que los profesionales y los ciudadanos dispongan de una herramienta sencilla y eficaz en la que encuentren un espacio de comprensión mutua, sin necesidad de muchas explicaciones o manuales de instrucción, más allá de seguir un cierto sentido común. Para lograr que un ciudadano común navegue cómodamente en la página web de una administración española a través de un camino cómodo y breve de “clic” hasta acceder, por ejemplo, al certificado digital que está buscando, es preciso que quienes diseñan ese camino no solo conozcan los recursos tecnológicos, sino también los procesos mentales del ser humano, así como los mecanismos lingüísticos y visuales que favorecen la comprensión del contenido.
¿Cuáles serían los pasos de la comunicación clara?
Esos 9 pasos atienden a las múltiples acciones necesarias para elaborar una comunicación clara según cuál sea el canal o soporte utilizado (papel o pantalla) y el tipo de mensaje elaborado (solo texto; o bien texto e imágenes; o texto, imágenes y sonido, etc.). Asimismo, si el mensaje forma parte de un proceso de documentación escrita, o bien de un proceso de navegación on line. Todo ello partiendo de una necesaria premisa inicial, el paso 1 “Planifica y estructura”.
Pero, sin duda, la mejor manera de conocer los diferentes pasos de la Comunicación Clara es… ¡leer el libro!
Sebastián del Rey Barba
